Acaba de obtener media sanción en Diputados el nuevo marco regulatorio de biocombustibles, presentado por el oficialismo, con 135 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. El Frente de Todos y bloques aliados votaron favorablemente el proyecto, mientras que los diputados de Córdoba Federal y Consenso Federal, el grueso de Juntos por el Cambio (a excepción de las bancadas de la provincia de Tucumán) y el socialismo de Santa Fe votaron en contra. Esta nueva regulación vendría a reemplazar la ley de promoción de biocombustibles que regía desde hace 15 años, la cual venció el pasado 12 de mayo y se prorrogó por 60 días. La misma consiste en un intento por parte del gobierno de contemporizar los intereses de las petroleras y la agroindustria, quienes se disputan por obtener un mayor corte de sus productos en la composición de los combustibles.

La sesión tuvo lugar tres meses después de que el Frente de Todos no diera quórum para aprobar en Diputados la prórroga hasta el 2024 de la ley anterior, luego de haberla presentado y aprobado por unanimidad en Senadores. Este viraje abrió una crisis entre los actores involucrados, dando lugar a un compás de espera que culminó con la presentación por parte del kirchnerismo de un nuevo proyecto y su tratamiento en el recinto el pasado jueves. La propuesta actual implica una rebaja del porcentaje de biocombustibles en el gasoil.

El nuevo marco regulatorio de biocombustibles reduce de 10% a 5% el corte de biodiesel (para el cual se utiliza soja) en el gasoil. Por otra parte, mantiene en un 12% el corte de bioetanol en la nafta, estableciendo un porcentaje fijo del 6% para la caña de azúcar y del 6% para el maíz. Los sectores sojeros rechazan esta modificación, por un lado, debido a la reducción pautada en el biodiesel, y, a su vez, ven con resquemor que el proyecto habilita a la Secretaría de Energía a reducir el corte a 3% en caso de que la suba de los precios internacionales de la soja derive en un aumento en el precio del gasoil.

En el caso del bioetanol, el malestar se produjo en el capital agrario dedicado a la siembra del maíz, puesto que la proporción de este insumo en relación a la caña de azúcar puede modificarse en un futuro si así lo dispone el gobierno. A su turno, los productores de la caña de azúcar vieron la medida como un incentivo ya que los precios internacionales de la misma se han desplomado en el último tiempo. Esto explica el hecho de que los diputados de Juntos por el Cambio de la provincia azucarera de Tucumán hayan votado a favor, en contraposición a lo que ocurrió en el resto del bloque. Algo que se replicó en el conjunto de los espacios políticos, donde cada legislador actuó como vocero de los intereses de las burguesías de su provincia.

De conjunto, las 9 provincias que concentran las plantas productoras de biocombustibles ven con recelo esta nueva disposición. Particularmente el caso de Córdoba, donde radican 23 plantas de las 53 que existen en todo el país. Por lo tanto, no demoraron en amenazar con cierres y despidos en el sector. Sin embargo, los capitalistas de la agroindustria reciben enormes concesiones por parte del gobierno, las cuales no se traducen en una mayor inversión. Estos beneficios seguirán indemnes a partir de la nueva norma, que, en caso de aprobarse en Senadores, tendrá vigencia hasta el 2030.

Por un lado, la producción de biocombustibles está exenta del impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al Dióxido de Carbono. A su vez, la legislación les concede la devolución del IVA y la amortización acelerada de impuesto a las ganancias. Por otra parte, hace algunos días, el gobierno ha publicado dos resoluciones en el Boletín Oficial -623/2021 y 624/2021- mediante las cuales le otorgó un aumento de precios a los biocombustibles, dejando a la tonelada biodiesel en $112 mil y al litro de bioetanol en $55, lo cual impactará en el precio de los combustibles y en el bolsillo popular.

El esquema de aumentos desde que comenzó el 2021, antes de este último, ha llegado a ser del 90,6% en el caso del biodiesel. La tonelada de biodiesel valía $48.533 en diciembre del 2020, aumentó a $89.975 en marzo 2021, y en mayo llegó a $92.558. El litro de bioetanol, por su parte, estaba en $32,79 el año pasado, en marzo 2021 subió a $48,70 y en mayo ascendió $51,13. Estos incrementos compulsivos del precio de los biocombustibles suscitaron rispideces con las petroleras, quienes debieron pagar más por adquirirlo en las estaciones de servicio sin poder trasladar directamente esa suba a los precios de surtidor.

A su vez, se trata de una industria ultraconcentrada teniendo en cuenta que el 40% del agrocombustible que se expide en el país está en manos de dos grandes grupos empresarios. La falta de inversión de las empresas del sector se ve reflejada en que todo el 2020 la agroindustria operó con una capacidad ociosa del 50%. Sin reparar en esto, el gobierno las premia con un sinfín de prebendas.

La crisis que cruzó al oficialismo (y en parte también a la oposición, como mostraron los legisladores por Tucumán del JxC) expresó el choque entre el capital agrario y las petroleras por el porcentaje de corte y los precios del biodiesel y bioetanol. Evidencian las contradicciones con las que se enfrenta Alberto Fernández y toda su política económica.

El recule oficial y la presentación de un nuevo proyecto con menores porcentajes de corte se suma a la larga lista de beneficios gubernamentales hacia los pulpos petroleros, los cuales recibirán a lo largo del año subsidios dolarizados por 8 mil millones de dólares -provenientes de fondos públicos. Esta política, sin embargo, no ha logrado revertir la huelga de inversiones en las cuencas gasíferas como Vaca Muerta de modo que el país deberá costear -echando mano de las divisas locales- la importación de gas para satisfacer la demanda interna.

En definitiva, la orientación del gobierno de rescatar una deuda externa usuraria y arreglar con el FMI da como resultado una gestión subordinada a las demandas de los capitalistas, en especial, aquellos que tienen incidencia en la balanza comercial del país, cuyo superávit es necesario para pagarle a los acreedores internacionales. Por un lado, Alberto Fernández intenta congraciarse con el capital agrario, fuente de divisas a través de las exportaciones, y, por otro, complacer a las petroleras para revertir el déficit energético que consume los dólares por importación.

A tal punto el gobierno busca canalizar los reclamos de estos sectores que habilitó recientemente una flexibilización del cepo para permitir la compra de dólares en el mercado oficial por parte de los pulpos exportadores para fugar dividendos al exterior. Pero la política oficial sufre el síndrome de la frazada corta, porque el reclamo generalizado del gran capital de poder girar libremente sus ganancias choca con la escasez de divisas en las reservas del Banco Central que deben afrontar el pago de los vencimientos de deuda. Las tensiones en torno a la nueva ley de biocombustibles expresan esa impasse.

Los grandes perjudicados con este régimen de saqueo y concesiones leoninas somos los trabajadores, quienes debemos enfrentar subas en el combustible de forma permanente, tarifazos en los servicios públicos y el drenaje constante de los recursos nacionales. Ahora, se suma la amenaza de cierres y despidos en la agroindustria, por parte de empresarios que realizan negocios millonarios, gozan de beneficios impositivos, y, aún así, pretenden que la clase trabajadora pague los platos rotos de esta nueva disposición.

Resulta fundamental oponer un programa, en defensa de los trabajadores y del desarrollo nacional. Es necesario prohibir los despidos y suspensiones y la estatización de toda planta de biocombustibles que cierre o despida. A su vez, para que una rama tan estratégica para la economía nacional no esté subordinada a la presiones cruzadas de pulpos capitalistas, planteamos la nacionalización de toda la industria energética bajo control obrero, para abrir paso a una planificación productiva en función de las necesidades sociales y del desarrollo del país.

Se trata de un planteo de reorganización social sobre nuevas bases en función de que los recursos del país se destinen a industrializar y a revertir el vaciamiento de la educación, la salud y resolver el problema de la vivienda. El mismo contempla la ruptura con el FMI y el desconocimiento de la deuda externa ilegítima.

 

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