Políticas

30/8/1990|312

Ley de empleo: Para la destrucción de las condiciones de trabajo

"La flexibilización laboral no crea empleo... Eso de que crea empleo es un falso slogan”. Así, “sin anestesia", el asesor “laboral" de la patronal Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, desbarató la argumentación del gobierno (¡y de los burócratas sindicales!) de que la “ley de empleo" era indispensable para paliar la desocupación.

¿Entonces, para qué sirve? La respuesta la brinda el debate que se ha producido frente al proyecto de ley que se encuentra hace varios meses empantanado en el Congreso y que la patronal considera inadmisible. Ocurre que ese proyecto ofrece a los empresarios una variedad de contratos temporarios que en algunos casos autoriza a tomar trabajadores jóvenes por períodos de 1 o 2 años sin pago alguno de indemnización a su vencimiento y sin la exigencia a los empresarios del aporte a las Cajas de Jubilaciones, al Fonavi y a las Cajas de Asignaciones Familiares en su totalidad. Aunque en las otras variantes se acepta la reducción del 50% de los aportes patronales y una indemnización simbólica al trabajador que es despedido, las patronales objetan la excesiva reglamentación del proyecto, que exige que el 60% del plantel de la empresa sea permanente y que se blanqueen los salarios que se pagan en negro. Los empresarios reclaman la vigencia al 100% del contrato precario y una condonación de todas las deudas previsionales de las empresas como consecuencia del pago en negro de los salarios. La “ley de empleo" tiene entonces la finalidad de eliminar la estabilidad laboral y permitir la rotación de personal, lo cual es un medio de deshacerse de activistas y de desconocer los incrementos salariales. Con este mismo fin, las patronales largan la “flexibilidad" de las tareas dentro de las empresas, lo cual permite la rotación de categorías, que es una forma de descalificar salarialmente a los trabajadores y acentuar su explotación.

La urgencia del gobierno en imponer esta ley está directamente ligada al tema de las privatizaciones, pues los pulpos lanzados a la conquista de las empresas públicas la reclaman como instrumento de desvalorización de las fuerza de trabajo y de seguro para la rentabilidad, lo cual junto a la ley antihuelgas debe servir para acabar con los sindicatos como organizaciones de lucha.

La American Airlines, uno de los grupos interesados en un primer momento en la compra de Aerolíneas, desistió por la desconfianza que tenía en que el gobierno fuese capaz de terminar con los sindicatos aeronáuticos.

La patronal exige que los contratos “flexibles" no debieran ser objeto de acuerdos colectivos ni paritarias y que su “control" se limite a la acción de inspectores oficiales. El empresariado reclama, además, que el "seguro al desempleo" que sería establecido para la masa constante de desocupados en rotación (solo para quien está seis meses sin trabajo), sea financiado con los recursos existentes, sin necesidad de aumentar los aportes patronales.

Por sobre todas las cosas las patronales exigen la liquidación del régimen indemnizatorio por accidentes de trabajo, estos accidentes deberán incrementarse entre trabajadores precarios, planteando “una prescripción cierta para los juicios contra las empresas, que las enfermedades-accidente sean resarcidas sólo cuando fueran causa directa del trabajo realizado... siempre que se demuestre, e invalidando otras indemnizaciones como daño moral, etc.” (Ámbito Financiero, 23/8). Esto cuando la pérdida de vida o la incapacidad total de un trabajador "valen" desde que se congeló el salario mínimo 5,2 millones de australes!!

El reclamo en este punto tiene la forma de un ultimátum: “Yo le aseguro que si no se soluciona este punto no puede haber reactivación en el mercado laboral", amenaza Funes de Rioja lo que equivale a advertir que se paralizaría el apoyo de los explotadores al gobierno.

Las nuevas exigencias pretenden introducir la jubilación privada. “El sistema se debe ir redimensionando —dice Funes— hacia un sistema mínimo de jubilación solidaria de subsistencia para la vejez —que por lo conocido podemos suponer lo que significa— y de allí para arriba con una cotización capitalizable” (Diario Gremial, 23/8). “De allí para arriba", sistema de jubilación privada en las aseguradoras para quien pueda pagarla, y “derecho a la muerte” para los viejos trabajadores.

Las "leyes de empleo" y “antihuelgas” rematan el conjunto del planteo oficial fondomonetarista, con lo que desnudan que su esencia se reduce al núcleo de los núcleos: la superexplotación del trabajo obrero vivo en beneficio creciente del capital muerto del explotador.