El miércoles 16 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción a la denominada ley de emprendedores.

Detrás de esta denominación que supone un impulso a las micro y pequeñas empresas, se esconde un enorme beneficio para los monopolios y grandes empresas. 

La ley establece un nuevo mecanismo de formación de sociedades, que podrán formarse en apenas 24 horas, una reforma encubierta de la ley de sociedades. Con estos mecanismos, el control se hace imposible, facilitando la evasión impositiva y que los directorios de las nuevas sociedades eludan responsabilidades fiscales y penales. A partir de esto, grandes empresas podrán conformar, con testaferros, nuevas empresas para tercerizar el trabajo. La ley permite que una empresa sea catalogada como micro, pequeña o mediana, incluso si tuviera vínculo con grupos económicos. Pero la clave está en lo que dijo en la sesión el diputado nacional por Tucumán, Facundo Garreton (Cambiemos), quien reivindicó la necesidad de que grandes industrias como un ingenio azucarero puedan diversificar su producción a través de los emprendedores.

La ley le permitirá a los monopolios que hagan aportes a los capitales de emprendedores deducirlos del impuesto a las ganancias. Es decir, capitalizarán empresas, probablemente a sus tercerizadas, con la plata de todos los contribuyentes.

La propuesta, originada en un proyecto del Ejecutivo, crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, que se conformará con dinero del presupuesto público, donaciones o legados, aportes de empresas públicas, de empresas extranjeras, entre otros. Esto abre las puertas al lavado de dinero. Por otro lado, los supuestos emprendedores podrían recibir préstamos no reembolsables de este fondo.

Según la Unión de Emprendedores de la República Argentina, ese fondo no será para los emprendedores sino que irá a manos de un pequeño grupo de especuladores financieros. Según esta organización, se trata de aproximadamente $4.500 millones de pesos.

Un aspecto clave del proyecto es que habilita al desconocimiento de los convenios colectivos de trabajo, lo que fue señalado por varios diputados.

El kirchnerismo le dio su voto favorable a la norma, a pesar de las críticas de Axel Kicillof. Como se ve, cuando se trata de favorecer grandes grupos empresarios, el FpV acompaña las iniciativas del gobierno.

El bloque justicialista de Bossio-Urtubey y el Frente Renovador, como no podía ser de otra manera, defendieron también el proyecto.

En los tres bloques, sin embargo, hubo algunas abstenciones y rechazos.

Desde nuestro bloque del Frente de Izquierda-Partido Obrero presentamos el único dictamen de minoría para denunciar y rechazar este nuevo negociado que impulsa el gobierno para rescatar a los monopolios mientras lleva adelante el ajuste contra los trabajadores.