El proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de alimentos y bebidas volvió a debatirse este martes en reunión informativa de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, encargadas de tratar la norma que ya obtuvo media sanción del Senado en octubre de 2020.

El tratamiento de esta ley en el Congreso se da luego de que distintas organizaciones llevaran adelante una campaña por el acceso de la población a una alimentación saludable y por la aplicación de un modelo de etiquetado frontal en los alimentos que contengan altas cantidades de nutrientes, cuyo consumo excesivo puede generar daños en la salud.

Pero vale preguntarse si la aplicación de una ley alcanza para garantizar una alimentación saludable para la población. Es claro que en un contexto donde el 45,3% de la población está sumido bajo la línea de la pobreza y el índice inflacionario alcanzó un 53,2% interanual para los alimentos, cualquier ley que no venga acompañada de medidas que garanticen el acceso real a alimentos saludables no solucionará el problema de la malnutrición y la prevalencia de enfermedades no transmisibles. Esto se suma a que en los últimos días el gobierno nacional avanzó con una actualización salarial que deja el salario mínimo en $29.160 a partir del 1 de septiembre, lo cual no resuelve la baja en el poder adquisitivo que sufrieron los trabajadores, ya que no compensa la pérdida del 8% interanual que se dio en los salarios.

La ley propone “fortalecer la libre elección como derecho de los consumidores”, pero teniendo en cuenta que los alimentos saludables hoy son más costosos que los que no lo son, por más que exista un etiquetado que indique el “exceso de” nutrientes críticos para la salud, lejos de tener una libre elección, los trabajadores se ven condenados a seguir eligiendo productos ultraprocesados, potenciales generadores diversas afecciones.

Por otro lado, una gran parte de la población depende de programas como los Precios Cuidados o la Tarjeta Alimentar para mantenerse. El problema es que la gran mayoría de los alimentos que se ofrecen en estos programas son productos que tendrían en sus etiquetas la indicación de “exceso de” nutrientes críticos. Es decir que es el propio Estado el que termina fomentando una alimentación perjudicial para la salud de la población, en lugar de garantizar una alimentación saludable.

Por último, la ley pretende “elaborar en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, con acuerdo con el Consejo Federal de Educación, actividades tendientes a la concientización educativa de los estudiantes para la correcta interpretación del etiquetado, la promoción de la alimentación saludable y la defensa del consumidor.” Parece un chiste entonces que el Ministerio de Educación de la Nación haya firmado un acuerdo con el Grupo Arcor para potenciar programas de tecnología educativa en escuelas de todo el país. “Este tipo de acuerdos de cooperación entre el sector público y el sector privado permiten aunar esfuerzos y articular iniciativas para alcanzar un objetivo común: ampliar el alcance y acompañar las estrategias que buscan garantizar el derecho a la educación inclusiva y de calidad”, afirmó el Ministro Trotta.

Queda claro que ninguna ley, por más progresiva que parezca, va a resolver por sí sola el problema del acceso a la alimentación de la población. Lo que realmente hace falta es la recomposición del ingreso de los trabajadores, a través de un salario mínimo de $65.000, un seguro al desocupado de $40.000 y paritarias indexadas a la inflación para garantizar dicho acceso.

 

https://prensaobrera.com/politicas/vuelve-el-trueque-un-sintoma-del-aumento-de-la-pobreza/