Políticas
5/6/2026
"Ley de Lobby": impunidad con número de trámite para los capitalistas y cárcel para los que luchan
El gobierno de Milei busca blindar los negocios capitalistas y sumar una nueva herramienta contra la protesta social.
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Debate en el Congreso.
Hace algunos días, dentro de un nuevo paquete de leyes, el oficialismo envió una propuesta que fue presentada ante los medios como Ley de Lobby, titulada formalmente como “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”. La maquinaria propagandística del gobierno quiere venderle a la población que estamos ante un hito de la “calidad institucional” y la “democracia liberal”, un paso para terminar con los "pasillos oscuros" del poder, entre otros versos.
Es cuanto menos curiosa la invocación a la “calidad institucional” por parte de un gobierno que incumple flagrantemente las leyes de financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y emergencia pediátrica. Lo que sucede es que, cuando corremos esa “hojarasca” de retórica “republicana”, lo que salta a la vista es que esta ley de “lobby” no limita ninguna influencia de los grandes (y no tan grandes) empresarios en las leyes,que buscan su beneficio empresarial, sino que les brinda una aprobación y sobre todo una protección a las leyes que sean fruto del lobby. Es básicamente una estatización de los sobornos legales (y no tanto) con los que se maneja el régimen político cotidianamente, institucionalizando que las corporaciones, incluso las extranjeras, dicten las leyes y la política económica del país, ahora con un número de trámite en un registro digital.
Hay que decir que este proyecto, que toma como modelo las “regulaciones” del lobby en Estados Unidos, es un viejo debate para la burguesía y sus partidos, que se ha manifestado en proyectos que van desde uno de Pichetto en 2004 (como senador del peronismo, representado una y otra vez hasta la fecha), hasta distintos diputados y senadores de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y compañía. Todos los bloques políticos, con excepción del Frente de Izquierda, coincidieron en la primera reunión “informativa” sobre el proyecto del oficialismo (en la que se consideró otros 6 proyectos de otros sectores) en la necesidad de “regular algo que ya existe”.
El verso de la “igualdad de oportunidades ante la ley”
En la reunión informativa, Romina Del Plá fue muy clara al denunciar que el proyecto tiene un gran “problema de concepto”, ya que es inviable que en el sistema capitalista, donde hay un permanente lobby de clase, los capitalistas “transparenten sus intereses y sus presiones para imponer sus beneficios contra los trabajadores”. En la fundamentación del gobierno, aparece el argumento de que esta ley vendría a “evitar asimetrías”, dando “igualdad de oportunidades ante la ley”. Una burla siendo que vivimos en una sociedad de clases, donde claramente un colectivo de obreros despedidos o una asamblea ambiental no tienen la misma posibilidad que una multinacional de contratar un equipo de lobbistas profesionales.
Podemos poner el ejemplo de un lobby realmente existente ahora mismo: el que atraviesa al proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que tiene despacho de comisión en diputados para convertirse en ley. La cámara empresarial que representa los intereses de los laboratorios extranjeros (Caeme) hace lobby por su aprobación inmediata, en línea con lo que manda Estados Unidos, para monopolizar el mercado de medicamentos. Por otro lado, la cámara empresarial de laboratorios locales (Cilfa) hace lobby para que no se apruebe, ya que limita sus propios negocios con la salud de la población. ¿Quién no tiene “lobbistas” propios? Los millones de argentinos que precisan los medicamentos, que son afectados actualmente por la cartelización de precios de los laboratorios locales, y que podrían verse aún más afectados con la monopolización extranjera.
Blindaje jurídico al lobby empresarial
El corazón del proyecto no es limitar la influencia de las corporaciones en las decisiones del Estado, sino legalizarla y darle inmunidad. La ley establece que si los CEOs de una multinacional minera, de un laboratorio o de un fondo buitre se sientan con un funcionario a redactar un artículo a la medida de sus ganancias, el trámite será intachable. Alcanza con anotarse en el Registro Público de Gestión de Intereses dentro de los cinco días hábiles que establece el articulado para que la rosca obtenga un sello de aprobación estatal.
¿Qué ganan con esto las patronales? Fundamentalmente, la llamada “seguridad jurídica”. Si el día de mañana la población trabajadora o las asambleas ambientales van a la Justicia a denunciar que una ley debiera ser nula porque fue parida en el despacho de las empresas -como es el caso de la reforma laboral esclavista, escrita en estudios de abogados patronales de la capital, o la última modificación de la Ley de Glaciares-, el Estado y los capitalistas tendrán el escudo perfecto. Responderán que se cumplió el protocolo de "transparencia", transformando el tráfico de influencias en un procedimiento administrativo inatacable. Es, llanamente, la estatización del soborno.
Represión contra el activismo
El texto omite deliberadamente separar la paja del trigo. Bajo una amplísima definición de lo que sería la “gestión de intereses”, coloca en la misma categoría la gestión que un pulpo minero haga para ingresar al Rigi y la movilización popular y colectiva en defensa de los glaciares.
Aquí está la verdadera trampa o el filo más peligroso de esta ley. La definición de "Gestión de Intereses" del Artículo 2 es un monumento a la ambigüedad persecutoria. Abarca "toda actividad de promoción, representación, incidencia (...) con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita (...) que tenga por finalidad influir en una decisión pública".
Esta amplitud es una clara declaración de intenciones. Con esta formulación, una comisión interna que vaya al Ministerio de Trabajo a exigir que se frenen los despidos, o una delegación piquetera que reclame comida para los comedores populares, encaja perfectamente en la categoría. Si no están inscriptos en el registro digital, pasarán a ser considerados "gestores clandestinos", quedando expuestos a las penas de prisión que el proyecto introduce en su Título 8 (que pueden llegar a los 2 años).
Además, el proyecto funcionará como la excusa ideal para que los ministros y funcionarios se nieguen a recibir las protestas. Bastará con que un funcionario alegue que "no puede atender a nadie fuera de la agenda del registro" para cerrarle la puerta en la cara a las movilizaciones docentes, estatales, de desocupados, etc.
Como aditivo macartista, las cláusulas sobre "intereses extranjeros" completan el cuadro. Mientras Milei profundiza la sumisión al imperialismo yanqui y al sionismo, promueve bases extranjeras y permite el ingreso de tropas yanquis sin siquiera autorización del Congreso, la ley penaliza con hasta 3 años de cárcel lo que sea considerado como lobby internacional “no registrado”. Todos sabemos contra quién se usará: contra la izquierda y el activismo cada vez que levantemos las banderas del pueblo palestino contra el genocidio, o el reclamo por "Fuera Mekorot", la empresa del lobby sionista a la que le entregan el agua, o cuando reivindiquemos la tradición de la solidaridad obrera internacionalista ante las luchas de los pueblos hermanos de la región, como es el caso de la heróica huelga boliviana en estos momentos.
Funcionariado lobbista
El único artículo que establece alguna regulación al lobby en el proyecto es el que inhabilita por 24 meses a exfuncionarios para que sean lobbistas. Una farsa, cuando los funcionarios en funciones son lobbistas en persona de distintas empresas, como Toto Caputo histórico “gestor de intereses” de la JP Morgan. En el Estado burgués, la clase capitalista y su burocracia siempre encuentra las formas de gestionar sus intereses.
Con este proyecto tenemos una muestra más de que el discurso “anti-estado” de Milei se limita a atacar cualquier derecho conquistado del pueblo. No ocurre lo mismo cuando se trata de garantizar los negocios de la burguesía. Ahí el gobierno corre a “legislar” lo que mande el lobby capitalista.
Rechacemos el lobby capitalista
En definitiva, la mentada “Ley de Lobby” no es más que una impostura diseñada para consolidar un régimen de impunidad a la medida de la clase capitalista. Mientras las corporaciones y los fondos buitre obtienen un escudo de “seguridad jurídica” para legalizar y protocolizar el saqueo, la clase trabajadora y las asambleas populares reciben la amenaza de la persecución penal. El gobierno de Milei demuestra, una vez más, que su pretendida guerra contra el Estado se detiene allí donde empiezan los negocios capitalistas, utilizando el aparato estatal no para desregular, sino para blindar las ganancias patronales.
Frente a este escenario de estatización del soborno y criminalización de la protesta, queda claro que la "igualdad ante la ley" es un verso insostenible en una sociedad de clases. Denunciamos en ese sentido que la “transparencia” en la “gestión de intereses” bajo los parámetros del actual régimen social y político es una utopía. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda promueven que los trabajadores nos pongamos al frente de la gestión de nuestros propios intereses, con la organización independiente y la movilización en las calles para rechazar este nuevo intento de amordazar la lucha popular y poner fin al gobierno de Milei y a un régimen político entregado, de punta a punta, a los dictados del gran capital.
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