La provincia de Salta fue “pionera” en legislar sobre la paridad de género en listas electorales.

En noviembre de 2016 se sancionó la Ley Nº 7.955, que ordena que “en las listas deberán ubicarse indefectiblemente después de cada precandidato o candidato de un género otro del género distinto, y así sucesivamente, observando siempre la misma proporción”.

Paradójicamente, en 2015, antes de la ley “50/50”, había 15 mujeres y 45 varones en la Cámara de Diputados salteña, lo que equivale a un 25% y un 75%. Actualmente y tras el nuevo sistema, disminuyó la presencia femenina y habrá 12 mujeres y 48 varones, lo que equivale a un 20% y un 80% respectivamente. Es decir que el primer resultado que arroja la tan vitoreada 50/50 es una caída neta de la participación femenina.

¿Qué fue lo que ocurrió? Al momento de su sanción, desde el Partido Obrero no sólo denunciamos el carácter encubridor y demagogo de la ley de paridad sino que advertimos que la igualdad de representación en las listas no era equivalente a una conformación igualitaria de las Cámaras. Lo ocurrido en estas elecciones nos da la razón: un sinnúmero de colectoras macristas y urtubeysistas se presentaron en las oficiales llevando, en su mayoría, a hombres para primer diputado. Sólo estos entraron, como resultado de la diáspora. En consecuencia, tenemos que las PASO consagraron una proliferación de colectoras y que la ley de cupo igualitario obtuvo una mayor masculinización de ambas cámaras.

Estamos ante una nueva estafa hacia la mujer. A esto debemos sumar que las diputadas patronales que quedaron, lejos de darle “una visión más sensible a la política”, van a votar, todas ellas, el pacto fiscal contra los jubilados y el presupuesto de ajuste de Urtubey. Son parte activa de un régimen que se disfraza (mal) de igualitario pero que combate rabiosamente la agenda de la mujer que sólo el PO llevó al parlamento: negaron el aborto no punible, la educación sexual y laica, las guarderías en lugares de estudio, el Consejo Autónomo para las mujeres y un largo etcétera. Son las que defendieron a los jueces y ministros garantes de la impunidad y a los responsables de las tasas más altas de femicidios.

La solución al problema de la mujer pasa por nuestra organización, independiente de las alternativas burguesas, junto a la clase obrera. Es una lucha de clase contra clase y no de géneros.

No se trata de disquisiciones filosóficas sino de conclusiones políticas.