Fue aprobada en el Senado la Ley de Regulación de la Responsabilidad del Estado, con el voto del kirchnerismo. Esta ley reduce la responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios por los daños que pudieran infringir, incluyendo los provocados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos, y elimina las sanciones a los funcionarios (astreintes o multas).

El artículo 6 es el centro del problema: “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos (…) las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria (…) la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios” y “se exime de responsabilidad al Estado” por “los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial”.

La masacre de Once resuena alrededor de esta ley protectora de los funcionarios (Jaime, Schiavi, De Vido y otros), responsables de la contratación de concesionarios como Cirigliano. En este sentido, refuerza los negociados de la tercerización del Estado, con su secuela de víctimas mortales entre la población, porque ya no se podrá demandar por daños al Estado ni a los funcionarios responsables ante la Justicia civil, sino que se deberá hacerlo ante la administrativa -es decir, en condiciones mucho más burocráticas y adversas aún. Los radicales y macristas no han denunciado nunca el entrelazamiento de las empresas con el Estado que ha terminado en masacres y crímenes, como el de nuestro compañero Mariano Ferreyra, por lo tanto su oposición a la ley es sólo decorativa.

El proyecto apunta también al fraude jubilatorio: elimina las astreintes, que son las multas por demorar en cumplir una orden judicial, las que se van incrementando por cada día de retraso. Una sanción de ese tipo recibió el titular de la Anses, Diego Bossio, por el incumplimiento de una sentencia de ejecución previsional. Está en línea con el ataque a los jueces que fallaron a favor de los jubilados. También las demoras en sentencias por daños ambientales o la reinstalación de delegados sindicales caerían en la misma bolsa.

Esta ley se ha aprobado en medio del proceso judicial contra Boudou, la crisis de la deuda externa y el ajustazo en marcha.

Silvia Jayo