El gobierno y la oposición patronal se aprestan a sancionar una nueva versión de la Ley de semillas, por la cual se patentan las semillas de especies vegetales y se obliga al pago de regalías a quienes la utilicen. La ley ha tenido dictamen de mayoría en las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, siendo inminente su sanción.

Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf, serán las beneficiadas directamente, por ser quienes monopolizan el comercio de semillas, aunque el capital agrario también saldrá favorecido por una importante quita en el impuesto a las ganancias.

¿Propiedad privada o patrimonio de la humanidad?

En el país existen dos sistemas de propiedad intelectual: el Derecho del Obtentor (DOV), establecido en la actual Ley de semillas, que protege la propiedad de las creaciones vegetales, y el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas.

Los Derechos del Obtentor se aplican para variedades que se descubren o se inventan, pero el agricultor que la cultiva tiene derecho al uso propio -es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra. Esto cambiaría sustancialmente, con la sanción de la nueva ley y la implementación del patentamiento.

La industria de las semillas sostiene desde hace tiempo que, con las inversiones requeridas para la investigación y desarrollo de nuevos eventos biotecnológicos, es necesario un reconocimiento a la propiedad intelectual.

Este es el punto crucial del debate: ¿las especies vegetales pueden ser patrimonio privado? Con la simple introducción de pequeños cambios en sus estructuras génicas, las productoras de semillas pretenden obtener la propiedad total y garantizarse el cobro de regalías por cada semilla que se utilice.

Las semillas colocan al productor ante una gran dependencia del capital financiero y aún mucho más cuando se aplique la nueva ley, por la que el productor se vería imposibilitado de sembrar las semillas producidas originalmente de una variedad que fue comprada, es decir prohibiendo el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminalizando el intercambio de semillas nativas. Lo cual se traduce en una mayor apropiación de la renta agraria por parte del capital financiero e industrial.

La lucha contra Bayer-Monsanto y la dictadura de los semilleros plantea el rechazo a la modificación de la actual ley de semillas que incluye el patentamiento y pago de regalías.  Ante la ofensiva de las semilleras planteamos que la semilla debe declararse patrimonio de la humanidad y consagrarse el libre intercambio, comercio y conservación.

La industria de ingeniería genética capitalista no pretende hacer más productiva la agricultura ni acabar con el hambre, sino generar mayores ganancias para el capital. El productor es cada vez más rehén de un “paquete tecnológico” que le insume una mayor porción de su renta y que, en un punto, se convierte en confiscación lisa y llana. A no ser que sea parte del capital financiero que se ha erigido en la potencia dominante del “campo”. 

Las empresas semilleras han amenazado con no traer al país sus últimas innovaciones y, eventualmente, retirarse del mercado nacional. Quizás esta pudo haber sido la solución, dado que, después de veinte años de “eficiente trabajo”, sólo se conocen eventos de resistencia a herbicidas y a ciertos insectos y la producción o el rinde por unidad de superficie no se han incrementado sustancialmente. En países con producciones similares, como Estados Unidos y Brasil, donde las regalías están consagradas, el rinde medio no difiere de los guarismos en nuestro país.

Sólo persiguen el lucro, por ello su insistencia se basa en las patentes y regalías. Cabe preguntarse, ¿por qué no se han desarrollado semillas con características que superen los factores limitantes de los rendimientos, como ser “resistencia a sequías”, o “resistencia a temperaturas extremas”? El capital financiero detrás de las empresas semilleras, persigue ganancias con la utilización de otros productos integrantes del paquete tecnológico, como por ejemplo los agroquímicos que ellos también sintetizan.

Impuesto a las Ganancias

La nueva versión de la ley de semillas  permite deducir del impuesto a las ganancias el equivalente a 1,5 veces “los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Ello en la práctica significa que el Estado pagará parte de las regalías de las multinacionales por 13 mil millones de pesos anuales, pudiendo emplearse para otros fines (inciso k, del artículo 87, “Deducciones Especiales de la Tercera Categoría”, de la Ley de Impuesto a las Ganancias) (Página 12, 20/11).

Solamente queden eximidos de abonar el uso propio (sin obligación de pago de derechos de propiedad intelectual) aquellos productores encuadrados como “microempresas”: que tengan una facturación bruta inferior a 3,8 millones de pesos anuales (poco más de 300 mil mensuales) (ídem).

La fiscalización de los sembrados será realizada a costo propio por el Estado, a través del Inase (Instituto Nacional de Semillas) y se le brinda los resultados a las empresas semilleras, en los casos que se detecte utilización de semillas elaboradas con Tecnología de ellas, para que le cobren a los productores.

El problema no es la semilla

El PO sostiene la necesidad de un plan de industrialización y de desarrollo nacional basado en las necesidades de los trabajadores, ese es el pilar para un verdadero avance de la ciencia. Esto supone un centro de investigación y producción de semillas en manos del Estado y bajo control de trabajadores y técnicos, la nacionalización de los latifundios y el arrendamiento en favor de cooperativas, campesinos y trabajadores sin tierra que defiendan un interés colectivo del cuidado del ambiente y de la salud de la población porque el problema no es la semilla sino el régimen social.