En medio de las polémicas que ha generado el paquetazo de fin de año de los K en el Congreso, no se le puede escapar a nadie que llamada "Ley de tierras" ha levantado muy poca polvareda. Ni los ‘destituyentes’ empedernidos de la Mesa de Enlace han protestado por el tema, ni la oposición patronal que le responde ha colocado a esa ley como emblema de la intolerancia K Muy por el contrario, varios sectores, como el radicalismo, los diputados que responden al ex secretario de agricultura de Menem, Felipe Solá, del FAP de Binner y hasta la Coalición Cívica, votaron favorablemente.

Tanta unanimidad debiera ser ya motivo de sospecha, salvo que se crea que la oposición patronal decidió ir contra el capital sojero. Como eso obviamente no es así, sólo queda indagar en las características de la ley para entender por qué la casi totalidad de los bloques políticos del Congreso le ha dado su consentimiento.

En primer lugar, corresponde aclarar que la "Ley de tierras" no se propone ir contra la gran concentración terrateniente en el país, sino sólo limitar la venta de tierras a extranjeros. En ese sentido, defiende el interés de la oligarquía local. Los Blaquier, Anchorena y Fortabat, poseedores de decenas de miles de hectáreas, pudieron pasar las fiestas tranquilos. Para que no quedaran dudas, Cristina Kirchner buscó congraciarse con los grandes latifundistas, cuando dijo que se trataba de un "proyecto nacional y no estatal". Más claro, agua.

La "Ley de tierras" apunta a una concentración de la propiedad mediante la asociación entre el capital local y extranjero, estableciendo que éste no puede superar el 49% del paquete accionario. Otra vez apunta a resguardar los privilegios de la oligarquía local, a la cual busca convertir en socia del gran capital internacional. Por eso la Mesa de Enlace y sus representantes políticos han hecho silencio. Todos saben, además, que la forma de fraguar la composición del capital de una asociación em- presaria es múltiple y que sobre eso está todo inventado. Además, los capitalistas extranjeros que ya han comprado grandes propiedades, como los Benetton con su millón de hectáreas, no serán alcanzados por la ley, pues ésta no afecta los "derechos adquiridos" de los capitalistas.

Antes de su aprobación, la Cámara de Diputados redujo del 20 al 15% la cantidad de tierra rural que puede estar en manos de extranjeros. Aunque esto se presente como un gran avance, es necesario señalar que permitiría, de acuerdo con todas las estimacio-nes, al menos duplicar la cantidad de tierras que pasen a manos del capital extranjero, debido a que en la actualidad éste sólo posee algo más del 5%. Por otro lado, se ampliaron las posibilidades de compra que puede hacer cada capitalista, pues se estableció que el límite de 1000 hectáreas sólo corre para la zona núcleo (la Pampa Húmeda), mientras que para el resto del país se establecerán equivalencias. De esta forma, si 1.000 hectáreas en la zona núcleo equivalen a 15 millones de dólares, cada capitalista extranjero podrá adquirir en la Patagonia una propiedad por ese mismo valor. De acuerdo con los valores actuales, las propiedades en las zonas más alejadas podrían superar tranquilamente las 5000 hectáreas.

El punto más importante que han hecho notar varios especialistas -como Osvaldo Barsky, del Conicet- es que, al no haber registros sobre cuál es la cantidad de tierras en manos de extranjeros y, al mismo tiempo, al ser la tierra un recurso natural que le correspode a las provincias regular (según la Constitución de 1994), se corre el serio riesgo de que todo termine siendo un "saludo a la bandera" sin ninguna incidencia real. No por nada los legisladores K se negaron a tomar medidas de alcance realmente efectivo, como prohibir la venta de tierra a extranjeros en tanto se sustancie un verdadero censo que permita saber cuánta tierra es la que ya poseen.

Las comunidades originarias han denunciado la ley porque, lejos de garantizarles la propiedad de la tierra bajo la forma comunitaria que ellos reclaman, habilita nuevas enajenaciones promovidas por la oligarquía nacional. A modo de ejemplo: el reciente asesinato de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero fue ordenado por un terrateniente santafesino que, mediante un acuerdo con el gobernador K. Zamora, y el intendente del mismo signo, pretendía quedarse con tierras justamente reclamadas por campesinos y pueblos originarios.

La línea estratégica de Cristina Kirchner es lograr una producción de granos de 150 millones de toneladas, especialmente de la soja que comen los porcinos de China. Este proyecto de "patria sojera" requiere una ley a su medida. Por eso la "Ley de tierras" K fue apoyada por la Mesa de Enlace.