Ley Nacional de Salud Mental: el gobierno recula con su decreto de reglamentación

De acuerdo a distintas informaciones que fueron circularon por redes sociales  durante el fin de semana, Macri habría dado “marcha atrás” con el decreto de una nueva reglamentación de la actual Ley Nacional de Salud Mental.

En el borrador del decreto, que circuló en las semanas previas, el objetivo oficial era profundizar el aspecto privatista de la actual reglamentación de la Ley y restituir, con todas las letras, el monopolio de las corporaciones médicas en la gestión y dirección de las prestaciones en servicios, instituciones y dispositivos del sistema de Salud Mental (especialmente en el área pública), en desmedro de los equipos interdisciplinarios. La reglamentación de la Ley vigente desde el 2013 -aprobada por el Gobierno kirchnerista- encierra contradicciones insalvables: por un lado, establece aspectos progresivos (abordajes interdisciplinarios en hospitales y dispositivos, restitución jurídica de derechos humanos a pacientes, etc.) Por otro lado, homologa a los «hospitales generales» con los «establecimientos privados» (Artículo 28) promoviendo la tercerización de efectores en clínicas, sanatorios privados y Fundaciones. Así, a la hora de la implementación de la Ley, el Gobierno kirchnerista terminó cerrando filas con las corporaciones capitalistas médicas y farmacéuticas  (pulpos medicinales, empresas de Salud, prepagas, burocracia sindical de asociaciones médicas) dejando en “letra muerta” los aspectos progresivos de la Ley y su reglamentación, abriendo el camino a sus aspectos privatistas de los cuales hoy se vale el gobierno de Macri.

El proyecto macrista de reglamentación resultó  ser un “globo de ensayo”: nunca se presentó oficialmente y sólo fue difundido por redes sociales. De acuerdo a una fuente del Ministerio de Salud, “…el borrador que circuló no es definitivo, se está trabajando en ello y se harán rondas de consulta luego de que, esta semana, cambien las autoridades del Ministerio…” (Clarín, 17/11). Sin embargo, este recule se condice con el repudio manifestado la semana pasada en redes sociales, audiencias y petitorios online por un sinfín de agrupaciones, asociaciones, referentes y espacios en Salud Mental. El proyecto oficial había recibido el apoyo público de las máximas asociaciones nacionales de psiquiatras, la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) y la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).

Algunos referentes vinculados con el kirchnerismo, por su parte, presentan el (por ahora) recule del macrismo como efecto de “la movilización”, a pesar de que durante toda la semana la línea del kirchnerismo fue denunciar el proyecto macrista por su carácter de “decreto no consensuado”.

Con el anuncio de las nuevas autoridades del Ministerio de Salud sobre “rondas de consulta” para una nueva reglamentación de la Ley, algunos kirchneristas se apresuraron a recoger el guante. Es el caso de la profesora de la UBA Alicia Stolkiner, una de las máximas referentes del kirchnerismo en Salud Mental, quien concluyó en una publicación en su página de Facebook que “ahora corresponde mantener la defensa de los aspectos nodales de la ley y el debate”. Asimismo, ningún espacio en Salud Mental vinculado al kirchnerismo ha llamado a redoblar la perspectiva de la movilización contra el Gobierno de Macri por su “paquetazo” de reformas ajustadoras y privatistas, entre ellas la Reforma de Salud-CUS.

Nuestra Perspectiva

Desde el Partido Obrero y sus agrupaciones de psicólogos y de la Salud denunciamos el proyecto de decreto macrista para una nueva reglamentación de la Ley de Salud Mental en el marco de un plan de guerra del gobierno contra los trabajadores y el pueblo, que incluye la reforma laboral pactada, días atrás, con la CGT; el brutal ajuste fiscal en las provincias acordado con los gobernadores del PJ –entre ellos Alicia Kirchner de Santa Cruzؘ–; y la reforma en Salud, que conllevará a una salvaje política de privatización del hospital público, también a pedido de la burocracia sindical vaciadora de las Obras Sociales y de las empresas privadas de Salud.

Ninguna desmovilización ni “consenso” para otra reglamentación.  Sumemos el movimiento de Salud Mental a la lucha contra la Reforma privatista de la Salud Pública y la flexibilización laboral de los trabajadores de nuestro país.