La “ley ómnibus” se asienta en la misma coalición política que votó el pacto buitre, probablemente reforzada por la totalidad o la mayoría del kirchnerismo. El “ómnibus” transporta un blanqueo de capitales que va a reforzar el endeudamiento del país, un reparto a las provincias que ya están ajustando junto al gobierno nacional y el comienzo de una reforma antijubilatoria. Esa reforma incluye la descapitalización de la Anses y anticipa un aumento de la edad jubilatoria de la mujer a 65 años. El megaproyecto agrava también la regresividad del sistema impositivo, porque comienza la desaparición del impuesto a la riqueza. Se trata de un gran acuerdo nacional de la “Argentina offshore” -o sea, la de la clase capitalista que fugó la riqueza del país durante décadas.

 

Se ha presentado la ley como un beneficio a los jubilados, acompañado del blanqueo a los capitalistas para financiarlo. Ni una cosa ni la otra: hay una confiscación a los derechos adquiridos de los jubilados y el blanqueo sólo financiará monedas. Los evasores sólo aportarán en promedio un 8% de lo declarado, lo cual será descontable de impuestos futuros. Pero el aporte podría ser nulo si se invierte en títulos públicos en dólares -los cuales, a partir de los seis años tendrán un jugoso rendimiento del 5%.

 

El verdadero objetivo de este engendro es una operación de endeudamiento. Es que en el primer cuatrimestre, lejos de la “lluvia de inversiones” tuvimos una fuga de capitales de 3.700 millones de dólares. Por obra y gracia de la nueva ley, los más grandes deudores de impuestos pasarán a ser acreedores del Estado. Se trata de un doble premio: amnistía penal e impositiva por un lado, y resarcimientos sobre los nuevos bonos por el otro. Los capitalistas evasores son premiados para salir al rescate de una quiebra del Estado que se perpetró en beneficio de ellos mismos.

 

La indignación que despertó la penalización con años de prisión para periodistas que publiquen listas de blanqueadores hará que la norma sea posiblemente suprimida, pero quedará en pie lo que es un lineamiento de fondo de todos los bloques capitalistas: el secreto financiero y comercial que ha rodeado al listado del dólar futuro, del Panamá Papers y de la Afip. Esta coalición de evasores capitalistas tuvo expresión cuando votaron la ley de Información Pública, que garantiza esos secretos en su artículo octavo.

 

Contra los jubilados

 

Para los jubilados, la ley comporta una reducción colosal de la deuda que sostiene el Estado con ellos. Se les realiza una quita del 70% de sus derechos judiciables y un ajuste de sólo el 15% en los nuevos haberes, muy por debajo de los primeros -y engañosos- anuncios oficiales. Por caso, un jubilado en 2009 que cobraba 9.000 pesos, con el índice previsto por la ley “ómnibus” pasará a cobrar 10.600. Pero si se aplicara el índice empleado en los fallos de la Corte, debería cobrar 13.500 pesos. Una confiscación del 30% en el nuevo haber.

 

No hay mejora en la jubilación mínima, que cobran las tres cuartas parte de los jubilados, y tampoco para el conjunto, que deberá esperar hasta septiembre la “movilidad jubilatoria”. Ella no superaría el 14/15%, frente a una inflación anualizada del 40%.

 

En relación con las retroactividades, se aplica otra confiscación. Quienes tienen sentencia firme deberían cobrar el 100% del fallo, habiendo una previsión presupuestaria de 12.500 millones de pesos para ello. Pero la ley les impone una quita al establecer el pago retroactivo desde que comenzó la acción judicial, y no desde que inició el reclamo administrativo. Además, sólo se paga al contado el 50% de esa deuda, y el resto en cuotas durante tres años. El mismo sistema de pago tendrán los juicios sin sentencia, a quienes se les rebaja a cuatro años la retroactividad reconocida cuando el promedio es de ocho. El millón (no serían más) de jubilados que no acudieron a la Justicia no tendrán retroactividad alguna, y sólo tendrán el aumento establecido si renuncian a cualquier acción judicial. Como frutilla del postre, las retroactividades y reajustes serán gravados con el impuesto a las ganancias.

 

En resumen, los jubilados también son convocados a financiar el déficit público desde sus jubilaciones, que en promedio no llegan a la canasta básica y cuya mayoría está en la mínima de indigencia de 4.959 pesos. La Anses también será financista del Estado, porque recibirá de lleno el impacto de la devolución progresiva del 15% de coparticipación a las provincias sin financiamiento de reemplazo.

 

La ley dispone una pensión asistencial a los 65 años del 80% de la mínima (4.000 pesos) para quienes no tienen aportes. Además de reemplazar la jubilación por una pensión asistencial, queda un fuerte antecedente para la elevación de la edad jubilatoria de la mujer. La ley apunta a disociar definitivamente a la jubilación del salario en actividad, o sea la aniquilación de la jubilación como salario diferido. En el debate hemos demostrado que la reposición de los aportes patronales rebajados en 1993 por Menem y Cavallo significan 280 mil millones de pesos anuales, y que la pérdida de la Anses por este concepto en los 23 años transcurridos, orilla, a dinero de hoy, los 6 billones de pesos. Esas cifras podrían financiar la recomposición jubilatoria.

 

En el toma y daca de los acuerdos parlamentarios, ha quedado pendiente la venta de las acciones de la Anses. La burguesía “nacional” y los fondos de inversión internacionales aún no se pusieron de acuerdo respecto del destino de este botín.

El acuerdo nacional de vaciadores incluye a la burocracia sindical en el acompañamiento del ajuste. Para ella y para la patronal acaba de llegar un preciado regalo: el fallo antihuelga de la Corte.

 

Será la lucha obrera y popular, como la que se desarrolla contra las tarifas, en las grandes huelgas provinciales patagónicas, en los conflictos fabriles como Ecotrans o Mascardi contra los despidos, la que enfrente y haga estallar por los aires la coalición de evasores.

 

Programa

 

Nuestro dictamen plantea un aumento de emergencia de 6.000 pesos a todos los jubilados, el reconocimiento y pago inmediato del total de las retroactividades -haya o no juicio- mediante un impuesto a la renta financiera, la restitución del 82% a los nuevos jubilados y su financiación mediante la reposición de los aportes patronales rebajados en los ’90, junto a la devolución de la Anses y el Pami a un directorio electo por trabajadores y jubilados. Incluirá también una cláusula de blanqueo con estabilidad laboral para los trabajadores en negro y comprenderá a los 300 mil afectados por las rentas vitalicias que perciben 700 pesos promedio, junto a la abolición del secreto bancario y comercial con relación a los capitalistas.

 

Como el dictamen antidespidos que presentó nuestro bloque del Partido Obrero en el FIT, se trata de un programa de lucha que llamamos a discutir en asambleas y a transformar en parte integral del programa por un inmediato paro nacional y plan de lucha de todo el movimiento obrero.