Políticas

12/4/2024

Ley Ómnibus: el Régimen para Grandes Inversiones viene a rematar la Argentina

Un negocio excepcional para los grandes capitalistas.

Incentivos fiscales y económicos de todo tipo.

El gobierno de Milei viene desarrollando maniobras diversas para garantizar los objetivos reclamados por el gran capital a su gestión. En un contexto internacional caracterizado por la retracción económica y la huelga de inversiones, ofrece garantías de largo plazo y condiciones excepcionales de rentabilidad para buscar atraer los dólares que desesperadamente necesita. En ese aspecto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) planteado en los borradores de la Ley Ómnibus garantiza por 30 años un mecanismo de apertura económica absoluta y rebajas impositivas, hecho a medida del capital sin contrapartida alguna.

La insistencia de todos los voceros capitalistas en que el DNU no garantiza la “seguridad jurídica” y que la media derrota del Senado genera aún más incertidumbre, otorga a una ley del Congreso mucho más valor. Por eso el gobierno ha puesto como condición previa del “Pacto de Mayo” la aprobación de una Ley Ómnibus acotada, pero donde los objetivos centrales del DNU quedarían firmes.

Mediante el Rigi se eliminaría cualquier obligación por parte del inversor que podrá apropiarse de empresas públicas o privadas y recursos naturales sin obligación de generar empleo, ni de contratar proveedores en el país, ni de generar nuevas industrias o inversión en investigación y desarrollo, ni transferencia de tecnología alguna.

No se pagarán impuestos a las exportaciones, dado que como solo se le cobraría durante los dos primeros años (lo que coincide con el período inicial de construcción de infraestructura y puesta en marcha de los proyectos) no habría exportaciones porque aún no estarán en fase de comercialización al exterior.

El Rigi abre un plazo de dos años -prorrogable a cuatro- para empresas o individuos denominados Vehículos de Proyecto Único (VPU), nacionales o extranjeros, que comprometan inversiones a partir de 200 millones de dólares y hasta 900 millones. Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede establecer, según el sector, inversiones a partir de 50 millones de dólares. Con esto, cualquier aventurero que junte interesados en quedarse con zonas de explotación minera o petrolera podrá licitar, aún cuando no tenga ni el capital ni la capacidad operativa para llevar a cabo el proyecto.

Una experiencia similar se produjo cuando bajo el macrismo se licitaron centenares de frecuencias para vuelos comerciales de cabotaje que luego eran revendidas como un activo financiero más. Por otra parte los llamados VPU de Exportación Estratégica de Largo Alcance con inversiones a partir de 1.000 millones de dólares tendrán ventajas adicionales.

Se permite adquirir total o parcialmente hasta un monto del 15% del total de la inversión en todo o en parte a otro inversor. Esto abre la posibilidad de comprar acciones o instalaciones de empresas existentes privadas y públicas (como Arsat, YPF o Enarsa).

Privilegios impositivos, aduaneros y más

El nuevo régimen que quiere imponer el gobierno, y que cuenta con el apoyo de toda la clase capitalista y contratista, incluye enormes beneficios impositivos a cambio de nada. Se reduce la alícuota a pagar del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%. Se reduce el cálculo de amortización de los bienes y en caso de minas, canteras, bosques y bienes análogos o en obras de infraestructura se reduce el valor de su vida útil al 60% de la estimada.

Las ganancias netas de las personas, derivadas de los dividendos y utilidades, y las remesas al exterior de utilidades proveniente de los VPU adheridos al Rigi, tributarán solo una alícuota del 7%, que se reduce al 0% transcurridos tres años. En el caso de las inversiones de Exportación Estratégica directamente no pagarán Impuesto a las Ganancias sobre dividendos pagados al exterior. Podrán deducir los pagos del IVA en las compras usándolo como crédito fiscal para el impuesto al cheque o a las ganancias.

Por otro lado, todas las importaciones de mercaderías para consumo o bienes de capital estarán exentas de derechos de importación, de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales.

Las exportaciones no tributaran derechos de exportación a partir del tercer año y en el caso de los de Exportación Estratégica a partir de los dos años. Se les ofrece además que tanto las diferencias de cotización cambiaria como los intereses a pagar por financiación podrán descontarse de Ganancias. Un seguro de cambio de hecho.

Por si fuera poco, podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, operación y desarrollo sin prohibiciones ni restricciones directas, cuantitativas, cupos o cuotas de ningún tipo. Tampoco podrán aplicárseles precios oficiales ni ninguna otra medida que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento al mercado interno. No los alcanzará cualquier norma o restricción que los obligue a adquirir insumos de proveedores nacionales.

Quedan exceptuados de la obligación de liquidar dólares de exportación por el mercado de cambios, con mismo criterio del Impuesto a las Ganancias: en la medida que a partir del tercer año (del segundo, para los grandes inversores), que es el que se espera comiencen a generar los dólares, estos serán de libre disponibilidad. Además, quedan exentos del pago de todo tipo de impuestos provinciales o municipales.

Todo lo anterior regirá por un período de 30 años y en la eventualidad de un conflicto de intereses regirá como tribunal laudatorio el Ciadi, conocido por sus fallos en favor del capital contra las naciones semicoloniales.

Abajo todo el plan Milei

Con todo, el Rigi de Milei es una novedad a medias. Solo viene a profundizar una política común a todos los gobiernos democráticos, verificada en la sistemática entrega de los bienes naturales, en la extranjerización creciente de la tierra, en el dominio absoluto de los pulpos internacionales en la producción agraria, la minería y el petróleo, lo que ahora pretende agravarse por las próximas décadas.

Los representantes de la clase capitalista en el parlamento no tienen la voluntad política de alterar estas relaciones serviles con el gran capital. Solo la movilización independiente de la clase obrera y el pueblo puede hacerlo y abrir así una perspectiva de transformación social profunda.

Fuera el DNU, la Ley Ómnibus y todo el plan Milei. Por una huelga general hasta derrotarlo.

https://prensaobrera.com/politicas/los-puntos-principales-del-nuevo-proyecto-de-ley-omnibus

https://prensaobrera.com/sindicales/la-cgt-busca-acerca-posiciones-con-milei-en-las-visperas-de-la-reforma-laboral-antiobrera