Si hubiera que resumir al extremo la esencia de la política patronal de los últimos días, ella se reduce a lo siguiente: cómo asegurar la continuidad de las leyes, de los hombres y de las instituciones de la dictadura militar.

¿No es acaso esto lo que se está ventilando en el congreso a respecto de las “leyes laborales”, cuyo verdadero objetivo es impedir la vigencia de las paritarias en nombre de una “emergencia económica”, de modo que el gobierno siga fijando a su arbitrio los salarios de los trabajadores?

¿No es acaso esto lo que se proponen radicales y justicialistas cuando pretenden introducir en esas “leyes laborales” una virtual reglamentación que anule en la práctica el derecho de huelga?

¿No es siempre esto lo que está detrás del derecho que se trata de otorgar a las burocracias sindicales para destituir las comisiones internas que no les son adictas, o que simplemente responden a sus bases?

Bajo la dictadura militar las cosas funcionaban exactamente cómo se las pretende legislar hoy en el parlamento. Los Videla y los Galtieri fijaban los salarios que les pasaba Martínez de Hoz. Ahora los fija Alfonsín según lo establece Bourrouille por orden de la banca internacional y de los “capitanes de la industria”.

La patronal “democratizante” no puede funcionar en otro marco que en el de las instituciones militares, por eso encarga a sus políticos a que establezcan en la norma legal, “democráticamente” votada, la anulación de los derechos obreros.

Los Sourrouille y los “capitanes de la industria”, incluidos los “capitanes” justicialistas que son muchísimos, quieren que esa “emergencia” tenga una duración indefinida… y hacen este reclamo en nombre de la “libertad”. Los burócratas sindicales, llámense Miguel o Ubaldini, dicen diferir con la duración, como si el gobierno y los patrones estuvieran pensando en una ofensiva antiobrera para las calendas griegas y no para las semanas y meses inmediatos-

Lo que ocurre en el parlamento es una radiografía de las reales posiciones de los Casella y de los Cafiero —posiciones que éstos, por otra parte, no se preocupan por disimular. El candidato radical declara que se debe evitar el “desborde económico” … y atribuye este peligro nada menos que a los trabajadores, no a los banqueros. Con este argumento apoya la “emergencia”, verdadero estado de sitio contra el movimiento obrero.

Cafiero, por su lado, se pasea con la patronal de Mercedes Benz de la mano de José Rodríguez, artífice N° 1 de estas leyes dictatoriales, de las cuales piensa servirse muy pronto para poner en práctica su acuerdo con Ford-Volkswagen para despedir a 1.250 trabajadores. Domingo Cavallo, agente de la gran empresa y candidato justicialista por Córdoba, ha planteado nada menos que la creación de “zonas francas”, donde la producción capitalista se pueda realizar suspendiendo todas las leyes de protección laborales y hasta las más elementales de defensa de la economía nacional.

Ningún candidato patronal enfoca su campaña en torno a la demagogia social de proteger al trabajador, sino que rivalizan en obsecuencia ante la clase capitalista.

En este cuadro, el propio presidente de la Nación es quien por supuesto se empeña en volar más alto. Sin ningún pudor anunció en el avión que lo trajo de Suiza, que ya tiene arreglada la aceptación de la ley de “obediencia debida” con la Corte Suprema. Esta es la gente que habla de la independencia del poder judicial, como si los distintos “poderes” del estado fueran otra cosa que una división del trabajo dentro de la organización política capitalista.

En Córdoba, el fiscal del gobierno ha reclamado que el mayor Barreiro fuera pasado a la justicia militar… siendo que en semana santa el gobierno

había anunciado su separación del ejército. En esta suprema arbitrariedad se refleja al máximo la vigencia de las instituciones de la dictadura. Es cierto que un juez y la Cámara de Bahía Blanca declararon inconstitucional a la ley inconstitucional, pero esto solo sirve para apuntalar la denuncia de corrupción política del régimen democratizante, no para mostrar la vigencia de las instituciones democráticas, porque esa inconstitucionalidad va a ser inmediatamente revocada.

La “obediencia” de Alfonsín, el “Indulto” de Cafiero-Manzano: entre estos dos términos oscila la política patronal. Otra prueba: el Estado ha arrancado en Ingeniero Budge la libertad de los policías que mataron a tres obreros, por exigencia radical y asentimiento justicialista.

Las instituciones de la dictadura son el real sustento del régimen político actual. ¿La prueba? Un sector de la patronal está planteando que se postergue la discusión de las “leyes laborales” para después de septiembre, en tal caso seguirá la legislación actual, que es precisamente la de Videla-Martínez de Hoz.

Toda esta constatación debe servir para mostrar lo infundado de la perspectiva de un desarrollo democrático del país en las condiciones capitalistas o como consecuencia de una victoria electoral justicialista. El “retomo al poder” del peronismo es una meta mortal para los trabajadores. Los políticos y burócratas del PJ son todos funcionarios del gobierno isabeliano, están infiltrados hasta los tuétanos de provocadores, paramilitares, matones y alcahuetes.

La perspectiva realista es que vamos a crisis aún más profundas del régimen político democratizante, cuyo desenlace será la consecuencia de enfrentamientos de fuerza entre los explotados y los explotadores. Por eso el Partido Obrero está empeñado en arrancar a la clase obrera de toda ilusión en la burguesía y en su régimen político actual, para poder colocar en la práctica la cuestión de un gobierno de trabajadores.