Los jueces han confirmado la prisión preventiva de los seis trabajadores de Caleta, presos por pedir trabajo; de Raúl Castells, de los quince detenidos por los incidentes de la Legislatura y los siete apre­sados en Plaza de Mayo. Junto al piquetero preso en el norte de Salta, y otros cinco en distintas regionales suman 35, una lista que, de todos modos, no cubre los casos “fabrica­dos” por la Bonaerense, la Federal o las po­licías provinciales para imputar delitos co­munes a luchadores sociales.

Los fallos constituyen una grosera vio­lación de los propios términos de la legis­lación y jurisprudencia burguesas. Desde la imputación a los presos de Caleta Olivia por violación a la ley de subversión econó­mica, al planteo de extorsión a Raúl Cas­tells, sin una denuncia del propio y su­puesto afectado (el casino). Las confirma­ciones de prisión apelan, en general, a la fi­gura de “coacción agravada”, con penas de hasta diez años; una acusación que no tie­ne fundamento según los abogados defen­sores pero que, esto es lo más importante, ha sido armada de cabo a rabo por las fuer­zas de seguridad y los “servicios”, como se reconoce en los propios expedientes. Los jueces actúan en total sintonía con un go­bierno dominado por los “servicios”: las causas son armadas por éstos o por la poli­cía, en base a la tortura, el patoterismo, la invención y el ocultamiento de pruebas.

No se trata sólo de fallos. La policía del “gatillo fácil” reprime con gases, balas de go­ma y apalea como en ningún otro gobierno de la “democracia”. El ejemplo más reciente es el desalojo violento de los trabajadores de la farmacia Franco Inglesa que reclamaban por 78 puestos de trabajo. La tortura ha re­aparecido no sólo en las comisarías de la Bo­naerense, de las que nunca se fue, sino tam­bién en las sedes centrales de la Federal.

Frente a quienes quieren ver en esto una ‘involución’ del gobierno “nacional y popular” por su alianza con el “duhaldis- mo”, sólo basta mirar hacia atrás. La “Jus­ticia” y la Policía de Santa Cruz son un ins­trumento de persecución ideológica y polí­tica de la camarilla que gobierna la pro­vincia desde hace más de una década. Amia y Puente Pueyrredón son casos emblemáti­cos de impunidad. Aún los genocidas del “proceso” deben agradecer al ‘gobierno po­pular’ no haber sido extraditados y haber preservado a la mayoría de la cárcel.

El PO plantea:

Libertad a los presos de Kirchner, el FMI y la burguesía nacional.

Nulidad de los procesos a los luchadores.

Comando único de movilización.

Plan de lucha.