Después de la escenografía de provocación y de la represión con gases, se desató en las inmediaciones de la Legislatura una verdadera cacería de manifestantes, a manos de policías de civil (la “negativa a reprimir” de Beliz y Kirchner pasa, sencillamente, por reemplazar a la infantería por “sérpicos”). Entre los detenidos hay vendedores ambulantes, artesanos, travestis y dos dirigentes de Anmar (prostitutas). El lunes 19, la jueza Silvia Raimond les dictó la prisión preventiva, bajo la figura –no excarcelable– de “coacción agravada”.

Los acusa de “haber amenazado a los legisladores para que no voten el Código de Convivencia”. Un precedente que condena, de antemano, a las próximas movilizaciones contra el Código y, en general, a toda manifestación popular sobre el Congreso o una Legislatura.

La conducta de la jueza Raimond en esta causa ha recordado a la “justicia” del Proceso: el sábado por la tarde, la Doctora Nora Petrillo (Apel-Polo Obrero) y el Doctor Orellana (MST) se presentaron en el juzgado para asumir la defensa de los detenidos que aún no habían nombrado defensor. Para ello, los abogados necesitaban tener acceso al listado –es decir, al nombre y apellido– de los mismos. La jueza negó este listado. Y luego rechazó la petición de los abogados, con el argumento de que… no especificaban a qué detenidos defendían.

La resolución de la jueza va en camino de crear los primeros presos políticos del gobierno “K”. ¡Reclamamos la libertad inmediata y el desprocesamiento de todos los compañeros!