Políticas

24/10/1996

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Liquidan la indemnización por despido y privan del derecho de justicia a los trabajadores

Menem mandó al Congreso un proyecto de ley que elimina la indemnización por despido y el seguro de desempleo. Esto se complementa con un decreto que estableció la mediación obligatoria en las demandas labora­les, lo que significa que sustrae a la Justicia los reclamos de los trabajadores.


Como es habitual, Caro Figueroa y su banda presentan todo este arsenal antiobrero como una ‘revolución’ que per­mitirá crear nuevos empleos y facilitar la contratación de tra­bajadores. Pero hasta un tonto puede darse cuenta que el objeti­vo es facilitar el despido, ya que autoriza a las patronales a echar sin ningún costo para ellas.


La mediación obligatoria es el broche de oro de este ataque, porque obliga al trabajador a un ‘arreglo’ con la patronal en per­juicio de sus derechos. Tan es así, sostiene Julio Nudler de Página 12, que el texto dice que “las partes citadas podrán pedir una prórroga de la conciliación en caso que no haya acuerdo” (19/10).


Si a esto se agrega otro pro­yecto, que extiende la jomada de trabajo a 12 horas, elimina el descanso dominical durante 30 días, sustituye los convenios co­lectivos por ramas e industrias por acuerdos de fábrica y por trabajador y permite que se es­tablezcan cláusulas desventajo­sas respecto a lo que establecen las leyes, y se anulen los dere­chos adquiridos; si agregamos todo esto, tenemos un arsenal legislativo enderezado a reducir a la clase obrera a una simple marioneta de la patronal.


En la actualidad, el trabaja­dor, ante un despido sin causa, tiene derecho al preaviso, a una indemnización de un sueldo por año y a cobrar un seguro de des­empleo de 150 a 300 pesos du­rante 4, 8 ó 12 meses, según la antigüedad.


Todo esto desaparece en los proyectos enviados al Congreso, y en su lugar, la patronal aporta­rá un 4% a una cuenta a nombre del trabajador, que será admi­nistrada por una AFJP, que co­brará una jugosa comisión por el manejo de ese dinero. En caso de ser despedido, el trabajador co­brará una indemnización de un mes de sueldo por año de anti­güedad, con un piso de dos suel­dos, y tendrá derecho a retirar del fondo la mitad de su sueldo durante 4,8 ó 12 meses también según la antigüedad.


Si se compara el actual siste­ma y el que se quiere imponer, el trabajador perderá la indemni­zación y algo más: para la patro­nal, el despido no tendrá costo cuando el trabajador tenga 10,


20 ó 30 años de antigüedad. In­clusive, si el despido fuese “ar­bitrario” —algo prohibido por la Constitución—, podrá echar al trabajador si le da “un prea­viso de uno o dos meses, se­gún la antigüedad” (Página 12,19/10).


Por eso, Ismael Bermúdez dice en Clarín (19/10) que “si se lo compara con el régimen actual de indemnizaciones, la idea de Caro Figueroa im­plica una notoria reducción en el dinero que recibirán los futuros despedidos”. Y las cuentas le dan la razón al perio­dista de Clarín: en un año, el trabajador reunirá en su cuenta el 52% del sueldo (4% por los 13 sueldos, si se incluye el aguinal­do), “mientras con la actual ley tiene derecho al preaviso y a dos meses de sueldo y a cobrar el seguro de desem­pleo durante 4 meses”.


Con este sistema, la patronal no tendrá que pensarla dos ve­ces si quiere echar a un trabaja­dor, “porque no afrontará ningún costo adicional por expulsar a un dependiente ni se ahorrará un peso por no hacerlo” (Página 12,19/10).


Se trata de un golpe contra los trabajadores con más anti­güedad y edad, en especial. Por ejemplo, un trabajador con 20 años de antigüedad, tiene dere­cho hoy a dos meses de preaviso


y a 20 sueldos de indemnización, y a cobrar durante 12 meses el seguro de desempleo.


Con la sanción de los proyec­tos, la patronal podrá echarlo con los dos meses de preaviso. Y el trabajador podría retirar del fondo, durante un año, la mitad del sueldo. Y aunque el resto del dinero quede en su cuenta, es sensiblemente menor a los 20 sueldos mencionados. El super-patronal Instituto FIEL hizo un estudio que demuestra, que en 20 años, el trabajador podría re­unir un fondo de 11 sueldos, si la cuenta tiene una rentabilidad del 5% anual acumulativo.


¿Y si en lugar de ganancia, la cuenta arroja pérdida? Como sucede con la jubilación privada, el trabajador cargará con el que­branto. Por eso, correctamente, Página 12 dice que “los traba­jadores vuelven a ser un ve­hículo de esta estrategia, quedando atados a los vaive­nes de los activos financie­ros. Todo se les vuelve bas­tante imprevisible, como ya les ocurre con la jubilación que alguna vez recibirán, y ello para que a las empresas les pase lo opuesto: que pue­dan prever de antemano cada costo ligado a su mano de obra” (19/10).


Pero la patronal no aportará el 4%, porque se elimina el aporte del 1,5% al Fondo de Empleo, que financia en la actualidad el segu­ro de desempleo. Pero tampoco ese aporte será del 2,5% restante, porque el proyecto también auto­riza al gobierno a reducir los aportes patronales a la jubila­ción. Por eso, el gobierno sigue golpeando a la jubilación estatal y envió 5 proyectos de cambios jubilatorios, como el que estable­ce un nuevo tope de haberes y elimina 70 actividades insalu­bres, lo que extiende los años de trabajo de esos trabajadores.


¿Y qué pasa si la patronal no hace los aportes a las cuentas? Los perjudicados serán los trabajadores, que no tendrán ni fondo ni retirarán nada. Y es sabido que hay una evasión pa­tronal del 50%.


Duhaldistas y centroizquierdistas se hacen los distraídos frente a toda esta artillería antio­brera. La burocracia de la CGT está negociando activamente en el Parlamento todo este paquete antiobrero, y acaba de apoyar el decreto de ^mediación obliga­toria” porque “la CGT cree que agilizará los trámites ju­diciales” (Página 12,19/10).


Frente a la dimensión del ataque patronal, el PO plantea: organicemos la huelga general hasta que el gobierno derogue y retire todos los proyectos antio­breros del Parlamento. Nada de negociaciones y de traficar con la indemnización y los convenios.