El acuerdo alcanzado el 29 de di­ciembre pasado en el Congreso entre el gobierno y la “oposición”, para postergar el tratamiento de la “jubilación privada” hasta fines de febrero, demuestra la profunda uni­dad política de unos y otros contra los tra­bajadores y los jubilados.

Ese acuerdo no solamente impidió que el proyecto del gobierno quedara archivado hasta 1994 sino que también evitó que el conjunto de la “reforma previsional” quedara postergado durante todo el corrien­te año, lo cual habría imposibilitado que se derogue el 82% móvil y que se aumente la edad para jubilarse. De haberse dado tales circunstancias, el gobierno menemista se hubiera visto obligado a incurrir en nuevas deudas con los jubilados, esto por su reitera­do incumplimiento con lo establecido por la legislación en vigencia (82%).

Oficialismo y oposición se unieron, enton­ces, porque tenían un objetivo en común: posibilitar una disminución de las “car­gas” jubilatorias que debe pagar el Es­tado, para que sus ingresos pudiesen destinarse al pago de la deuda externa, al pago del “festival” de bonos públicos y a los subsidios a los grandes grupos industriales, especialmente exporta­dores.

Es precisamente esta “oposición”, sin embargo, la que “alienta” y, más aún, diri­ge, la llamada campaña por la “consulta Popular”, que pretende reunir un millón de firmas contra la “privatización” de las ju­bilaciones. Pero está claro también que, por las posiciones que defiende, esta “oposi­ción” encubre con su oposición a la “privatización” obligatoria el objetivo de arrebatar a los trabajadores con­quistas históricas, como el 82% móvil — e incluso el derecho a jubilarse a los 55 y 60 años.

Los agentes sindicales y pequeño-burgueses de esta “oposición”, nos referimos a la burocracia del CTA y al Frente del Sur, no han sido menos claros. El reciente congreso del CTA aprobó, en el artículo 12 de sus estatutos, la formación de un Fondo de Pensión Privada; lo mismo ocurre con el Instituto Movilizador de Fondos Co­operativos, cuya filiación política es bien conocida.

Esta “oposición” quiere llegar a un acuerdo con el gobierno, de otro modo no se entiende que haya habilitado la postergación del tratamiento del pro­yecto oficial para fines de febrero. El gobierno ha devuelto algunas señales en dirección a un compromiso, con el trascendi­do de un nuevo proyecto que prevé ejecutar en dos pasos, en lugar de uno sólo, la “pri­vatización” de las jubilaciones (“Página 12”, 31/1).

Se repite, de este modo, el operativo polí­tico que llevó a la derrota de la movilización educativa de mediados del año pasado, cuando la política de “consensuar” en el Congreso permitió la sanción de la reforma clerical (lo que no impidió a Mary Sánchez blanquear las paredes del sindicato para recibir con gran pompa al autor del “con­senso”, promovido luego a la categoría de ministro clerical de Educación).

A partir de esta situación de conflicto debería resultar claro que los partidos de izquierda deberíamos formar un co­mando político independiente para impedir que se consuma una nueva derro­ta. El frente debería defender abiertamente el 82% móvil, el mínimo de 500 pesos y el mantenimiento de la edad para jubilarse. A diferencia de los falsos opositores debería­mos reclamar el no pago de la deuda externa y el control obrero de las empresas y de las Cajas. Por sobre todas las cosas, debe­ríamos considerar a la recolección de firmas como un acicate para la movili­zación directa, no como un fin en sí mismo, proto-leguleyo.

Es en la lucha que se pueden y deben construir los polos de poder contra el capita­lismo. El pasaje de la pequeña burguesía democratizante en toda América Latina al campo de los gobiernos proimperialistas es un factor de primera magnitud para impulsar ahora un frente de izquierda, revoluciona­rio.

Llamamos a todos los partidos de izquierda a abandonar la política de disolverse en los frentes patronales y democratizantes, a romper, en algunos de estos casos, con el Frente del Sur, y a estructurar un frente de izquierda que lleve a la victoria a la movili­zación jubilatoria.