El pasado 10 de diciembre el gobierno aprobó en el Senado la media sanción de la reforma previsional pactada con el FMI, votada por los mismos senadores peronistas que aprobaron todas las leyes de ajuste y entrega durante los cuatro años del gobierno de Macri. Para ocultar este atropello a los jubilados y a todos los trabajadores, hizo la sesión el mismo día que se trató el aborto legal en la Cámara de Diputados. Para completar esta maniobra artera, promoverán que la Cámara de Diputados apruebe definitivamente la reforma previsional el 29 de diciembre, el mismo día que el Senado tratará el aborto legal.

Si el gobierno debe recurrir a estas maniobras de ocultamiento se debe a que es consciente del contenido reaccionario y ajustador de la reforma previsional que quiere aprobar. El eje de la misma consiste en eliminar la indexación por inflación de las jubilaciones, para que estas crezcan por debajo del aumento de los precios. Justo cuando hasta el Banco Central estima que la inflación seguirá en alza, hasta alcanzar en el año 2021 el 50%.

 

 

En lugar de actualizar las jubilaciones por la inflación, la reforma previsional del gobierno establece que el cálculo se hará sobre la base de la recaudación impositiva de la Anses y el aumento de los salarios. En momentos de crisis como el actual, cuando cae la recaudación y las paritarias quedan por debajo de la inflación, ese índice de movilidad traerá aparejado una rebaja de las jubilaciones.

Hay que tener en cuenta, además, que la recaudación de la Anses crece menos que la recaudación impositiva general, porque de modo sistemático el gobierno, las empresas y la burocracia sindical firman acuerdos que reducen significativamente el pago de los aportes a la seguridad social. Invocando la pandemia, el gobierno estableció que esa reducción puede llegar hasta el 95% de los aportes patronales. Esto mientras crece el impacto del cobro del impuesto a las ganancias sobre los salarios, que ya alcanza a casi 2,5 millones de trabajadores.

Para empeorar aún más las cosas, el gobierno puso un techo al crecimiento de las jubilaciones, que no podrán crecer por encima del 3% de la recaudación anual de la Anses. Pero mientras puso un techo al crecimiento de las jubilaciones eludió poner un piso a su reducción.

Durante este año el gobierno de Alberto Fernández no solo no recompuso los haberes en un 20 por ciento -que es lo que se perdió durante el gobierno macrista, como prometió durante la campaña electoral-, sino que viene realizando un fuerte ajuste sobre las jubilaciones. En diciembre del año pasado, antes que se declare la pandemia, el gobierno suspendió la movilidad jubilatoria y la reemplazó por aumentos por decreto. Por esta vía a los jubilados les robaron entre 7 y 18% de los haberes que deberían haber cobrado.

Con esta medida Alberto Fernández sigue el mismo camino que Macri, quien en diciembre del 2017 también aprobó en el Congreso una reforma previsional para afectar a los jubilados. En esa oportunidad eliminó de los cálculos un trimestre entero de inflación, que nunca pudo ser recuperado por los jubilados. En oposición a esa reforma previsional y al intento de aprobar también la reforma laboral se produjo una verdadera rebelión que se plasmó en las jornadas del 14 y 18 de diciembre.

Según los cálculos de los especialistas, si se aprobara la reforma previsional del gobierno, el robo a los jubilados equivaldría al menos a un 1 punto entero del PBI. Esto explica que el ajuste a las jubilaciones sea uno de los principales reclamos del FMI para suscribir un acuerdo con el gobierno para refinanciar la deuda tomada por Macri. Ya Alberto Fernández y el ministro Guzmán anunciaron que buscan un acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, que requiere aplicar “reformas estructurales”, como la ya citadas previsional y laboral.

El ataque a los jubilados es el programa de todos los gobiernos a nivel mundial. En Francia ha habido grandes huelgas contra la reforma previsional y laboral. En Chile la rebelión tiene como uno de sus puntos principales terminar con el negociado de la jubilación privada. En Brasil Bolsonaro aprobó una reforma previsional en el Congreso, siguiendo también los lineamientos del FMI.

En todos los casos el argumento usado es que el “sistema previsional no es viable”. Los defensores del ajuste argumentan que el problema radicaría en el crecimiento de la expectativa de vida la población. Se trata de un argumento interesado que quiere ocultar la permanente reducción de aportes patronales y el trabajo en negro que alcanza a casi el 40% de la fuerza laboral, ambas cuestiones que afectan la recaudación de la Anses.

Junto con ello las cajas jubilatorias han sido vaciadas por todos los gobiernos sin excepción para subsidiar a los capitalistas y pagar la deuda externa. Es lo que sucede ahora mismo con la venta a precio de remate de bonos de la Anses para permitirle a los especuladores dolarizar sus deudas en pesos o acceder al dólar para fugar dinero.

Este saqueo de la Anses contrasta con las jubilaciones de miseria que cobran millones de personas. Con el aumento anunciado para diciembre la jubilación mínima que cobran más de 5.5 millones de personas será de $ 19.035, cuando la canasta básica del jubilado que mide la Defensoría de la Tercera Edad la calcula en $ 50.000.

El Frente de Izquierda-Unidad convoca el próximo 22 de diciembre en el Congreso a una concentración y poner en pie una tribuna en la Plaza del Congreso a las 17.30 horas para rechazar la reforma previsional. Nuestro planteo es recuperar en lo inmediato lo perdido en los últimos cinco años, establecer el 82% móvil del salario en actividad financiado sobre la base del aumento de los aportes patronales, el salario mínimo igual a la canasta familiar, el combate al trabajo en negro, el reparto de las horas de trabajo para terminar con la desocupación y con un plan obrero y popular basado en la ruptura con el FMI, en el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, como parte de una política para que la crisis la paguen los capitalistas.

Exigimos que los sindicatos y la CGT se pronuncien y convoquen un paro nacional para que no se apruebe la reforma previsional y por todos los reclamos de los trabajadores, como ser las paritarias que como mínimo compensen la inflación, contra los despidos, el impuesto al salario y contra todo tipo de reforma laboral sea en el Congreso o mediante la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. Que todos los recursos nacionales estén a disposición de un plan político, económico y social, sobre la base de las necesidades populares, de nuestras jubiladas y jubilados y de todos los trabajadores. No al pago de la deuda. ¡Abajo el pacto con el FMI!

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