Este jueves 1° de febrero, en la Unicameral de la Legislatura de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora realizó el acto de apertura del 146° período de sesiones ordinarias. En la oportunidad, reconfirmó su adhesión a las medidas antiobreras del gobierno de Milei, que integra; y atacó a la docencia cordobesa que se movilizó por una recomposición salarial.

Llaryora realizó un discurso en el que omitió referirse a la grave situación de la lxs trabajadorxs, que tienen salarios y jubilaciones como eje principal del ajuste de quienes gobiernan. Por lo demás, repitió una intervención sobre temas como el de la “inseguridad”, de la que dijo que es hija de la “exclusión social”, sin reparar que bajo la gestión de gobiernos del PJ crece la pobreza e indigencia.

En la intervención del gobernador también estuvo ausente un desarrollo sobre la agudización del problema de la deuda en dólares de Córdoba. La provincia paga intereses y amortización por 27.060.906 de dólares, mientras ejecuta el mayor recorte en educación de los últimos años. Cabe recordar que por el 1° de febrero se tendrían que pagar unos 15.682.000 de dólares por un bono del 2017 que vence en 2029. La devaluación de Milei subió exponencialmente una hipoteca que recae principalmente sobre los ingresos populares.

En este cuadro, Llaryora reconoce que “la crisis es cada día peor y cada día se agrava. Lleva a todas las provincias, no hay una que se pueda salvar. Las perspectivas son aún peores”. Esto es sin dudas el resultado del plan de guerra que lanzó Milei, sin dejar de lado la responsabilidad que le cabe al anterior gobierno del PJ-kirchnerismo.

Un párrafo aparte merece el hecho de que Llaryora apoye la Ley Ómnibus por su contenido de criminalización de la protesta. En este punto, cabe recordar que el gobernador picó en punta al perseguir al movimiento piquetero con su Justicia adicta. La causa “Berardo y otros” es un claro ejemplo de violación de las más elementales libertades democráticas.

La mención a la crisis es usada para justificar una orientación de ajuste contra lxs trabajadorxs, en momentos en que está bien claro quienes son los ganadores de esta situación: el capital agroindustrial. Esta caracterización tiene responsables políticos. Tanto el PJ, como la oposición de la UCR y el PRO, que todavía no se integró al “Partido Cordobés”, defienden a muerte que las grandes patronales del “campo” no paguen los impuestos que les corresponden. Esto a pesar de los grandes beneficios que obtuvieron con la megadevaluación del 120%.

En esta situación, Llaryora se reunión con los dirigentes de la mesa de enlace nacional, quienes le pidieron que no les suban ingresos brutos. Por supuesto que el gobernador cordobés es muy obediente del capital agrario, al que le cuida los ingresos en nombre de la “producción y el trabajo”.

Pero, justamente, lo que no hay en Córdoba es trabajo. Hay que decir que grandes patronales como Renault impusieron suspensiones. Es claro que los capitalistas aspiran a que se termine de imponer una reforma laboral que le dé una mayor tasa de explotación.

Con todo, Llaryora en modo Milei dijo que las medidas que tomó evitaron un ajuste mayor, al afirmar que “Córdoba hoy puede estar un poco mejor que otros lugares que en aquel momento no tomaron dichas decisiones (…) Todas las decisiones que tomamos fueron pensadas, quiero agradecer también aquí a todos porque el esfuerzo recayó en los activos para ayudar a los jubilados”. Es decir que para Llaryora el ajuste de entrada, tal como lo hizo cuando asumió la intendencia de Córdoba, tenía que recaer sobre la clase obrera.

Por supuesto que la confiscación de los ingresos de lxs trabajadorxs cuenta con el concurso de la burocracia sindical de conjunto. En este punto, la acción de lucha de la Uepc Capital de no aceptar el techo salarial, y el desconocimiento de la paritaria 2023, es un abierto desafío a su orientación antiobrera. Por eso, Llaryora elogio a la burocracia sindical por aceptar lo que denominó “convenios colaborativos”.

Además, las tres cosas con las que el gobernador atacó de la docencia -jubilación, obra social, estabilidad en el cargo- son los tres ejes de ataque con los que Llaryora arremetió ni bien asumió. Para el PJ provincial estos derechos son privilegios.

Hay que decir que tanto la Caja de Jubilaciones como la obra social están intervenidas por el Ejecutivo provincial que, mientras “hace caja”, empeora las prestaciones de conjunto. En cuanto a la estabilidad, Llaryora arrancó su gestión con despidos, incluso en áreas muy sensibles como salud.

Sin embargo, Llaryora se refirió a “un Estado con rostro humano”, pero el déficit de viviendas sigue su curso y la imposibilidad de alquilar lo agrava. En este escenario, el gobernador prometió obras públicas, sin poner el acento en la construcción de la casa propia para cientos de miles de familias, una medida que sin dudas fomenta “el trabajo y la producción”.

Así las cosas, el ajuste recae en el pueblo trabajador, mientras el capital agrario se favorece de conjunto. En conclusión, el gobernador inauguró sesiones defendiendo a Milei y atacando a docentes que junto a las organizaciones piqueteras y de lucha son la punta de lanza de una “resistencia” popular al ajuste. En esa línea una multitudinaria marcha rechazó la Ley Ómnibus, el DNU y el ajuste de Llaryora. Es necesario avanzar en esa perspectiva de unidad de lxs trabajadorxs para arrancar el paro general por el conjunto de los reclamos obreros y populares. Esto se gana luchando.

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