Después de un mes de recibir todo tipo de ataques a la tenaz campaña del Partido Obrero y el Frente de Izquierda en favor de una prohibición de despidos y suspensiones, llegó un decreto presidencial que los prohíbe por 60 días. Será sin dudas un punto de apoyo para la difícil lucha de los trabajadores que ya están atravesando situaciones de todo tipo: suspensiones, despidos, cierres de empresas y rebajas salariales.

Pero el decreto llega después de concretarse miles de despidos: además de los 1.450 obreros de Techint en conciliación obligatoria, tercerizados de Aerolíneas, municipales de la orquesta de José C. Paz, 56 trabajadores estatales de Educación en La Plata y municipales de la misma ciudad, un centenar de empleados de Vía Bariloche, 60 trabajadores de la cadena Cinemark, más de un centenar de gráficos y periodistas de Publiexpress e Ipesa, 745 operarios de la planta electrónica Mirgor en Río Grande, 800 trabajadores de la minera Livent, trabajadoras del Sanatorio Franchin de la Uocra, entre muchos más.

Todos ellos están desamparados, porque el decreto tiene vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. Debería amparar a todos los despedidos, al menos desde el 29 de febrero. Una fecha que el propio gobierno estaría reconociendo en otro decreto a salir referido a subsidios a la nómina salarial de las Pymes. Proponemos al movimiento obrero reclamar que la vigencia de la norma se retrotraiga hasta esa fecha.

Por otro lado se estiman en centenares de miles los despidos en el sector informal hasta el 13 de abril. Solo entre las empleadas de casas de familia, en la construcción y en el empleo rural estamos hablando de millones de obreras y obreros en negro. Desde el Partido Obrero venimos insistiendo hace tiempo en una línea: amparar a los trabajadores informales en relación de dependencia mediante una cláusula de estabilidad laboral para denunciar su situación. Ahora, en medio de la pandemia, no puede aceptarse su despido sumario, que además no tiene indemnización alguna. Son personas y familias arrojadas al hambre en medio de la crisis sanitaria. Reclamamos que todo trabajador o trabajadora que denuncie su despido a partir del 1° de marzo sea reincorporado de inmediato y esté garantizada su estabilidad laboral.

En tercer lugar la vigencia por 60 días del decreto presidencial es extremadamente limitada. Conociendo cómo operan las patronales, habrá empresas que prefieran pagar los dos meses que restan hasta el fin de vigencia del decreto y concretar luego los despidos. Al fin y al cabo, son apenas dos meses más en el paquete indemnizatorio. No es ese el objeto de una prohibición de despidos sino la efectiva garantía del puesto de trabajo.

En este punto el decreto está muy por detrás de la ley antidespidos que aprobó oportunamente el Congreso (con mayoría de quienes hoy están en el gobierno) y que vetó Macri. Aquella ley no solo era por seis meses sino que además confería un fuero de estabilidad laboral que obligaba a los jueces a dictar la sumaria reincorporación a aquellas patronales que incumplieran la ley. Nada de eso hay en este decreto. Reclamamos su vigencia hasta fin de año y la incorporación de cláusulas de efectiva reincorporación de todo despedido.

En cuarto lugar, no hay referencia (ni amparo) alguno a los trabajadores víctimas de un cierre de empresa. Esto es clave, porque ya tenemos cierres como el de la gráfica Ipesa y la revista Pronto, por mencionar dos casos. Pero son y serán muchos más. Incluso habrá patronales que maniobren con cierres truchos para presionar despidos parciales o rebajas salariales. Los cierres de empresas deben ser cortados de plano: toda empresa que declare su cierre debe ser reabierta por el Estado bajo control de sus trabajadores.

Como se aprecia, el decreto está muy por detrás de los requerimientos de los gravísimos momentos que viven los trabajadores en el transcurso de la cuarentena y aun cuando empiece la progresiva salida de ella, que podrá ser parcial o incluso reiniciarse entre distintas variantes. Por eso la prohibición de despidos debe ser absolutamente abarcativa y hasta fin de año.

Su complemento es, desde luego, la garantía del pago de salarios. Estarían al salir decretos que establecen subsidios para las Pymes con dinero del Anses. Nos oponemos a seguir saqueando las arcas de los jubilados, a quienes después se les seguirá robando la movilidad amparándose en la crisis desatada por la pandemia. La garantía del salario, como los fondos para un plan sanitario, debe ser financiada por las patronales y el Estado, abriendo los libros de las empresas y dejando de pagar la usuraria e ilegítima deuda externa.

Hemos presentado sendos proyectos por esto y muchas otras medidas en Diputados, ante un régimen político que ha suspendido el funcionamiento parlamentario y concentrado el poder en el mando personal del Presidente. Exigimos una sesión especial del Congreso para tratarlos.

Las centrales sindicales brillan por su adaptación. Daer estuvo a la derecha de Alberto Fernández, proponía solo suspender la vigencia de los artículos de la ley de contrato que permiten despidos por fuerza mayor, lo que lo ubica en el bloque patronal de presión contra la cuarentena con la UIA y Techint.

Organicemos la lucha de los trabajadores, superemos a una burocracia sindical que es apenas asesora del poder y de las patronales. Elijamos comisiones de control obrero de la salud y la producción en cada lugar de trabajo donde los cuerpos de delegados no están o responden a las patronales.

Más que nunca, la explotación capitalista se expresa en la muerte, y la lucha anticapitalista como la vía de la defensa de la vida.