Luego de una primera declaración titulada “Queremos la Ley con nosotros en ella” (24/8/09), firmada por un centenar de medios comunitarios, populares y alternativos, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) fijó recientemente una nueva posición respecto de la ley de medios recientemente sancionada, que ayuda mucho a clarificar las características finales que ha adoptado. Si tenemos presente que la RNMA formó parte activa del debate sobre la nueva ley desde un comienzo, las conclusiones a las que ha llegado este colectivo resultan de un valor inestimable. Sobre todo porque el posicionamiento de la RNMA ha sido utilizado por decenas de organizaciones populares para justificar su apoyo a la ley kirchnerista de medios audiovisuales.

En su último comunicado, la RNMA denuncia que los “foros y debates consistieron simplemente en exposiciones en defensa del proyecto de ley” y “que la mayoría de las modificaciones propuestas no fueron incluidas”, concluyendo que los medios comunitarios, populares y alternativos no se encuentran “incluidos claramente en ella (nueva ley) ni en el juego que los sectores de poder configuran en torno a este debate”.

La RNMA señala, además, que “no se ha derogado el decreto 527/05”, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, que entregó por una década más las licencias a las corporaciones mediáticas; que existe un “exceso de licencias por prestador”; que la ley “no divide al espectro en tres tercios sino que sólo asigna un tercio a las entidades privadas sin fines de lucro, con lo que queda abierta la posibilidad de que lo que no sea utilizado por los medios públicos o estatales quede para ser explotados por las entidades comerciales”; que “el acceso a la información pública y el manejo de los fondos de la publicidad oficial sigue dependiendo del arbitrio del gobierno de turno”, siendo éste un elemento que puede condicionar los contenidos que difunden los medios; y que la “adjudicación de la totalidad del espectro radioeléctrico depende directamente del poder político de turno”.

Blanco sobre negro, la declaración es una demolición del carácter ‘progresista’ de la nueva ley. Llamativamente, la RNMA –sin señalar en los casi 15.000 espacios que tiene su declaración ningún aspecto reivindicable de la nueva ley– no modifica su posicionamiento en favor de ella.

A pesar de la contundencia de su denuncia, la RNMA no pudo desprenderse del apego a una ley que, como ellos afirman, no los incluye. Lejos quedaron las expectativas e ilusiones depositadas en la posibilidad de ser parte del reparto (“Queremos la ley con nosotros en ella”). Para garantizar la democratización de los medios es necesario fortalecer la independencia política del gobierno nacional y su política comunicacional.