La movilización del viernes 2, en repudio al atentado contra Cristina Fernández, fue sin dudas una movilización multitudinaria, la asistencia se calcula entre 300.000 y 500.000 concurrentes. No fue simplemente una movilización para rechazar el atentado, sino que fue una movilización oficialista, organizada desde el Estado. Tanto por el feriado decretado por Alberto Fernández, como por la presencia de ministros y gobernadores en el armado de la Plaza y, por último, por el tono del mensaje leído por Alejandra Darín, quien cargó sobre la oposición patronal la responsabilidad política de haber generado las condiciones que llevaron al atentado.

Aunque el kirchnerismo se embanderó en la masividad de la movilización y colocó un planteo de polarización política contra la derecha a la que acusa de promover “discursos de odio”, la movilización no sirvió para relanzar ningún tipo de iniciativa progresiva por parte del gobierno ni tampoco de su fracción K. A diferencia de episodios anteriores, donde el centro de las polémicas fueron medidas tomadas por el oficialismo kirchnerista (como en el caso del conflicto del campo o la Ley de medios), ahora no hay ninguna medida “popular” (o no tanto) que reivindicar. Tampoco se trata de una lucha contra un golpe, que no está planteada en el caso de un gobierno que ha hecho del pacto con el FMI el centro de su política.

Mientras se desarrollaba la movilización, continuaba el plan de ajuste afectando, incluso, a muchos de los concurrentes. Por ejemplo, más de 40.000 estudiantes que cobran el programa Potenciar Trabajo fueron dados de baja y no cobraron este sábado, por percibir, además, la beca Progresar, de entre 7.400 y 10.600 pesos para poder estudiar. En el marco de la movilización, Rubinstein preparaba desde EE.UU. el viaje de Massa para pactar con el Fondo. Y se anunciaba pocas horas después la devaluación a medida de los sojeros, un subsidio de 300.000 millones de pesos para la “oligarquía con olor a soja”.

Por eso el llamado a la “paz social” reiterado por el presidente y por la declaración votada en el Congreso Nacional fue un componente central de esta orientación política y apunta fundamentalmente contra la capacidad del movimiento popular de reaccionar frente al ajuste con medidas de lucha de fondo. El oficialismo incluso accedió a bajar las denuncias contra los “discursos de odio” antes de firmar esa declaración.

El encuadre de la movilización en una jornada de feriado promovida desde el Estado terminó de liquidar la posibilidad de un paro nacional, una propuesta de diferentes sectores que terminó descartando la CGT, en la conciencia de que un paro podía ser un puntapié para el desarrollo de reclamos propios por parte de los trabajadores que atentaran, justamente, contra la “paz social”.

La capacidad del kirchnerismo y del peronismo, en general, de movilizar no está puesta en función de promover una lucha por los reclamos populares sino de regimentar dicha movilización. Tampoco, por ahora, el kirchnerismo apunta a fortalecer una corriente propia con una orientación divergente a la del tándem Massa-Rubinstein, esto a pesar del hecho de que la movilización colocó a Cristina en el centro de la escena en el Frente de Todos.

La orientación del kirchnerismo apuntará a colocar toda la energía en enfrentar la posible condena de CFK en la causa Vialidad, luego del alegato y el pedido de sentencia del fiscal Luciani. Esta presión sobre la justicia es la fase final de un largo intento de reformas fracasadas del propio kirchnerismo en el terreno, en el cual debió enterrar una serie de planteos de modificación de los tribunales que buscaban, justamente, alterar este resultado. Aunque no logre torcer el rumbo de la condena, las sucesivas apelaciones a la sentencia y los fueros que aún tiene y probablemente conserve Cristina dejarán, en el mediano plazo, la sentencia sin resultado concreto.

¿Le alcanzará al kirchnerismo con esta agenda y la denuncia de las intenciones de la derecha para contener al movimiento obrero mientras su propio gobierno aplica medidas de ajuste de fondo? El acampe piquetero que se viene esta semana, la carpa de los prestadores de salud, y las huelgas docentes que recorren el país muestran que los golpes antipopulares que viene aplicando este gobierno van desarrollando una respuesta en la intervención directa de las masas.

La decisión de todo el Frente de Izquierda de repudiar el atentado pero no concurrir a la movilización se comprobó correcta. El Partido Obrero colocó una fuerte denuncia de los sectores fascistizantes que mantuvieron un silencio cómplice frente al atentado. Y desnudó, además, que una víctima central de esta “campaña del odio” fue el movimiento piquetero, que tiene entre sus victimarios al propio gobierno. Pero colocamos la prioridad política en la defensa de la independencia política. Y en el desarrollo de un programa de salida por izquierda, antagónico al del gobierno, y cuyo anclaje fundamental es la movilización del movimiento obrero por sus reclamos contra el plan de ajuste. Solamente esta movilización va a poder cambiar el cuadro político y asestarle una derrota al intento de la burguesía de avanzar en su agenda reaccionaria que aparece vehiculizada hoy en los cónclaves que se desarrollan entre los representantes del imperialismo y el FMI, y los enviados políticos del Frente de Todos, Massa y Rubinstein.

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