El gobierno nacional, por medio de su ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, impulsó este miércoles 13 un lock out electoral bajo el mote de “paro activo” en la obra pública, donde los funcionarios bajaron a las obras a realizar reuniones con los trabajadores para explicarles las “virtudes” del voto a Sergio Massa para defender su trabajo. Se trata de una extorsión contra trabajadores, que además cuentan con salarios que rozan la pobreza.

Katopodis explicó que la medida está pensada “en defensa de la obra pública” bajo la amenaza que con la derrota del oficialismo en las próximas elecciones estarían en riesgo los puestos de 500 mil trabajadores, directos e indirectos, que dependen de la inversión pública.

Como explicó el ministro, el cese de actividades tuvo lugar “en los obradores por un período de 30 minutos con funcionarios, arquitectos, ingenieros, inspectores y otros trabajadores que a menudo se desempeñan en oficinas y escritorios”, quienes asistieron a las obras públicas a hacer campaña por Massa y contra la oposición patronal.

La extorsión contra los trabajadores no solo opera desde el punto de vista manifiesto de la amenaza con la pérdida de los puestos de trabajo en la obra pública, sino que también busca incidir en los reclamos salariales y paritarios, como una reversión del viejo lema de la burocracia sindical de que “la prioridad es cuidar las fuentes de trabajo”.

Entre las presencias en las obras que anunció Katopodis se encuentra la llamativa participación del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien se comprometió a asistir a la obra de la Autopista Presidente Perón, a la altura del partido bonaerense de Merlo.

La medida del gobierno busca delimitarse de la oposición patronal de Javier Milei y su planteo de cambiar el esquema de la obra pública por uno del tipo de Participación Público Privada (PPP) –algo resistido incluso por las patronales del sector que lucha con la obra pública- que redundaría en una mayor subordinación de la obra pública a los intereses del capital privado y al poder adquisitivo de los beneficiarios de dichas obras.

También trata de golpear a los antecedentes de Juntos por el Cambio en la reducción de la obra pública, pero omitiendo que el actual gobierno sigue la misma senda de ajuste fondomonetarista que Macri, con la casi inexistencia de un plan de viviendas públicas y/o la falta de inversión en infraestructura edilicia en salud y educación; o el faltante de obras hídricas para evitar las inundaciones que persisten ante precipitaciones fuertes, entre algunos problemas.

Las reuniones forzadas del gobierno, mal denominadas asambleas, en un gremio como la construcción donde la dirección sindical de la Uocra castiga y persigue a los trabajadores cuando se organizan en asambleas y/o de forma independiente son un recurso polémico. Las reuniones no han sido convocadas para discutir los problemas de los trabajadores, sino los del Massa y compañía.

Si el gobierno quisiera bregar por los derechos de los trabajadores contra la amenaza de la derecha debería partir por defender un salario que al menos superar la canasta básica de pobreza, la cual solo es empardada por la categoría más alta del convenio como Oficial Especializados, con $240.000 de básico salarial para septiembre.

Tampoco importan la apertura de un debate en los lugares de trabajo para discutir cómo derrotar a la derecha fortaleciendo la organización obrera y desenvolviendo las reivindicaciones obreras contra las patronales. Sino una política de contención y control de daños por parte de una patronal-gobierno que solo ha ofrecido un bono de miseria, en dos cuotas, para los trabajadores más golpeados por el ajuste.

El lock out patronal-electoral del gobierno no es ninguna salida para los trabajadores. La salida real pasa por la organización independiente, sin el Estado ni las patronales y en verdaderas asambleas de trabajadores que discutan la amenaza de Milei y la derecha y también el ajuste en marcha del gobierno y el FMI. Y que resuelvan iniciativas colectivas de los trabajadores para enfrentar el ajuste con los métodos de lucha históricos de la clase obrera, como el planteo del congreso de delegados de trabajadores ocupados y desocupados, con mandato de base, para resolver un plan de acción.

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