Ante el crecimiento exponencial de la miseria y el hambre en los cuantiosos barrios populares del distrito de Lomas de Zamora, el Ejecutivo municipal, a cargo de Martín Insaurralde, parece haber dado la señal de desatender los reclamos alimentarios y sanitarios de las organizaciones sociales, comedores populares y centros culturales, que brindan asistencia a miles y miles de trabajadores y desocupados.

A lo único que han accedido hasta el momento es a la entrega de listados con el compromiso de hacer llegar la asistencia a las casa de cada vecino. Sin embargo, con el pasar de los días no se ha registrado ningún progreso en este sentido. Y donde sí se ha visto alguna entrega se trata de una política selectiva y discriminatoria que le niega el beneficio a miles de vecinos.

Con una población que supera holgadamente el medio millón de habitantes y que cuenta con territorios enteros en condición de miseria (Cuartel IX, San José y barrios periféricos) los niveles de desocupados y trabajos precarios son altísimo. El aislamiento obligatorio ha dejado sin su fuente de sustento diario a miles de feriantes, vendedores ambulantes, changarines, trabajadores informales y autónomos, que en estos momentos vivencian una situación crítica.

Asistencia limitada y discriminatoria

Martín Insaurralde es uno de los intendentes del conurbano que más ha salido a bancar las medidas de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Por ejemplo, festejó públicamente la partida extraordinaria de $2.000 millones que el Ministerio de Desarrollo Social dispuso para que los municipios del conurbano puedan hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia, pero hasta ahora los vecinos no han visto nada de esa ayuda. Al empezar la cuarentena, el municipio mandó a las escuelas de Cuartel IX un bolsón con 1 kilogramo de arroz, 500 gramos de fideos, 500 gramos de lentejas, 1 un pure de tomates y una lata de arvejas, ¡eso para 13 días! Los docentes tuvieron que salir a denunciar no solo la miseria que los obligaban a repartir, sino que ni siquiera alcanzaba para todas y todos los alumnos.

La impostura continua, porque sigue sin haber respuestas reales a los pedidos desesperados de la gente de los barrios más humildes del distrito. Ayuda alimentaria, alcohol en gel, productos de limpieza e higiene, son los reclamos más básicos que siguen insatisfechos. Personas que realizan tareas de voluntariado en barrios como Santa Marta e Independencia describen como los vecinos les ruegan ayuda. El abandono es total.

Por su parte, Insaurralde y sus funcionarios responsables de estas cuestiones, como Cristina Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Social y Augusto Pisano, director del Área de Seguridad Alimentaria, no responden a los reclamos de las organizaciones sociales. Como Polo Obrero hemos realizado pedidos de audiencias a través de llamados, mensajes y cartas que, insistencia por medio, solo llevaron a compromisos que se dilatan y a ninguna medida efectiva. Pero no somos los únicos: otras organizaciones y centros culturales que realizan ayuda a personas en situación de calle, por ejemplo, nos han hecho llegar denuncias de la absoluta falta de respuesta del municipio.

Vale preguntarse, si estos funcionarios no están dando respuestas frente a este panorama terrible ¿qué están haciendo? Por ejemplo, han salido a propagandizar la construcción de un hospital modular al lado del UPA (Unidad de Pronta Atención) de Villa Fiorito. Pero mientras ocurría esto, las y los trabajadores del Hospital Gandulfo hacían una campaña en redes sociales pidiendo además de insumos de bioseguridad, aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. También, un sector de trabajadoras y trabajadores municipales denunció la continuidad del régimen laboral precario con condiciones insalubres, contratos temporarios y salarios miserables que Insaurralde pretendía sostener en tiempos de cuarentena obligatoria. Incluso sin respetar el régimen de licencias para población de riesgo, que rige también para los trabajos declarados como esenciales. Tampoco ha mostrado interés alguno en responder los reclamos de los trabajadores del Coto Temperley que denunciaron la prepotencia de la patronal cuando exigieron que se cumpla el régimen laboral de menor cantidad de horas y la entrega de insumos para protegerse del contagio, al que altamente están expuestos.

Mientras el municipio hace publicidad en redes sociales de “quédate en casa”, se muestra totalmente hostil a solucionar las necesidades mínimas en los barrios de Lomas: la finalización de las obras de bombeo de los arroyos Santa Catalina, del Rey y las cloacas de Villa Fiorito, siguen estando pendientes. Estos arroyos son agua estancada y focos de enfermedades, más allá del Covid-19. Mucho antes de esta crisis, los vecinos venían reclamando desmalezamientos y fumigaciones que no se hicieron. En las esquinas de los barrios se montan basurales antihigiénicos; solos por mencionar un caso, a 100 metros de Homero e Itatí, en pleno Villa Albertina, subsiste un baldío-basural que es un foco infeccioso para todo el barrio. Hoy estos vecinos deben llevar adelante un aislamiento obligatorio en condiciones paupérrimas.  

Ojo, algo si hizo Insaurralde: festejó con bombos y platillos la incorporación de 100 nuevos policías al distrito. Esta claro que el refuerzo no tiene que ver con “cuidar” a la gente de Lomas, sino preparar la respuesta represiva para cuando la población se harte del hambre y la miseria.

La salida es con la clase obrera

Desde el Polo Obrero, nos estamos organizando para obtener una respuesta inmediata a estos reclamos. El gobierno quiere resolver una crisis de dimensiones brutales con programas sociales de $11.500 –por única vez ya que los montos están congelados en $8.500-, un bono miserable para jubilados y AUH, y $10.000 que no van a alcanzar para los 12 millones de personas que se anotaron para recibirlo. Al plan de miseria y represión del gobierno nacional  y los municipios, como el de Insaurralde, las organizaciones sociales independientes le oponemos  un programa claro: provisión en los barrios de agua potable, alimentos, insumos de limpieza e higiene; envío inmediato de partidas alimentarias; extensión de la tarjeta alimentaria a todos los desocupados con hijos menores a 18 años; apertura y universalización de los programas sociales; seguro para el desocupado de $30.000 indexado por inflación; control obrero-vecinal de la ayuda social y la distribución de los recursos; centralización del sistema de salud público y privado; Que el Ejecutivo municipal grave a las grandes empresas para financiar un paquete de medidas de emergencia; no al pago de la deuda externa y que los recursos se utilicen para atender esta crisis.