Foto: Ignacio Smith

 

El actual ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, afirmó durante una charla organizada por Luis Majul que durante la última dictadura no hubo 30.000 desaparecidos. “En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios”, dijo el ex secretario de Medios del gobierno de Fernando De la Rúa. Para el funcionario macrista, el número reivindicado por los organismos de derechos humanos sería arbitrario. Además, se ocupó de reivindicar grosso modo la “teoría de los dos demonios” de cuño alfosinista.

 

Dijo, además, “esto -los 30.000- es lo que se alimentó en los últimos tiempos desde un sector”.

 

Lopérfido retomó argumentos esgrimidos por la centroizquierda cooptada por el macrismo, como Graciela Fernández Meijide y Norma Morandini.

Fernández Meijide esgrime que la Conadep -la comisión de la que fue miembro- recibió sólo 9.861 denuncias, muy por debajo de los 30.000 casos que los organismos de derechos humanos sostienen que existieron.

 

Claramente, la cifra de denuncias presentadas ante Conadep es parcial y nunca nadie dio por cierto ese número como definitivo. La posición de Fernández Meijide fue rebatida por todo el espectro de los defensores de los derechos humanos.

 

Que en el informe presentado por la Comisión en 1984 hayan existido casi 10.000 denuncias demuestra la magnitud de la acción genocida desplegada, pero en modo alguno es un número clausus. Familias enteras fueron diezmadas por los genocidas por lo que no pudieron realizar denuncia alguna; además, debe considerarse el temor imperante, fomentado por el rabioso militarismo del gobierno de Alfonsín, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, finalmente, el indulto. Aún hoy, a 40 años del golpe, siguen apareciendo casos nuevos, que nunca antes fueron registrados. 

 

La cifra que da cuenta del alcance brutal de la represión tiene sustento en el testimonio de los ex detenidos desaparecidos. Por ejemplo, Carlos Lorkipanidse, sobreviviente de la Esma, explica que -sometido a trabajo esclavo durante su secuestro- debía realizar microfilmaciones de los legajos de quienes habían pasado por la Esma. Allí constaban los datos personales de quiénes habían participado de los operativos de secuestro y el destino final de los cautivos. Cada uno de esos rollos se numeraba del 0 al 999. Lorkipanidse tuvo consigo, durante su cautiverio cinco rollos, de lo que se desprende que -sólo en la Esma- hubo 5.000 desaparecidos. Paradójicamente, la Esma es uno de los centros clandestinos de detención que más sobrevivientes tuvo. No tuvieron la misma suerte quienes pasaron por Campo de Mayo o La Perla, en la provincia de Córdoba, donde casi no quedaron sobrevivientes. Con estos datos sólo hablamos de tres de los más de 600 centros clandestinos que existieron en el país.

 

Según Estela de Carlotto, en relación con esta polémica, los organismos de derechos humanos “manejamos esa cifra porque los propios depredadores casi la llevaron a 45 mil. Ellos mismos anunciaron que entre muertos y desaparecidos había ese número”. En 1978, el representante de la inteligencia chilena en Argentina, Enrique Arancibia Clavel, reportaba que existían 22.000 desaparecidos, basado en el informe que examinara en la sede del Batallón de Inteligencia de Ejército 601. Esa documentación fue incautada por la Justicia federal ese mismo año y ocultada hasta el día de hoy.

 

Lopérfido utiliza el peor de los argumentos al sostener que se inventó el número para obtener subsidios. ¿De qué subsidios habla? Esta cifra de 30.000 existe mucho antes de que el Estado sancione leyes reparatorias.

 

Lopérfido, refiriéndose al kirchnerismo, exacerba el tema subsidios, porque es incapaz de enjuiciarlo, planteando que nada hizo por conocer la verdad -porque tampoco abrió los archivos y nombró a un genocida al mando del Ejército.

 

No debe sorprender esta posición de Lopérfido, quien reivindica la política que impuso el Punto Final y Obediencia Debida, y que como su mentora, Fernández Meijide, fueron parte del gobierno de la Alianza y hoy adhieren al macrismo.

 

Lopérfido es un canalla, sus declaraciones son un ataque en regla contra el movimiento democrático que se inscribe en esta nueva oleada represiva, como el encarcelamiento de Sala, los protocolos contra los piquetes, la emergencia en seguridad, y las reuniones de Avruj, secretario de Derechos Humanos, con los familiares de genocidas.

 

• Apertura ya de todos los archivos de la dictadura.

 

• Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas por todos los compañeros.