Con un “desempleo del 35% de la población activa” (Crónica, 20/4), los ‘19 puntos’ son, mayoritariamente, un conjunto de ‘engañapichangas’ y‘promesas’ que están supeditadas a complejos trámites burocráticos y parlamentarios (“comprometen a las autoridades a instalar una fábrica de ácido fórmico, un aumento en el porcentaje de regalías por la explotación del petróleo, el subsidio provincial de consumo de luz para familias de escasos recursos y la puesta en marcha de un nuevo plan de desarrollo agrícola con un nuevo sistema de riego, entre otros puntos” —ídem). Para ‘facilitar’esos emprendimientos se buscaría promover ‘desgravaciones impositivas’, especialmente del IVA (lo que requiere de una ley nacional). Las autoridades habrían impuesto a los firmantes, además, una cláusula de ‘paz social’. La legislatura ha tratado ahora la transferencia a los municipios del yacimiento El Mangrullo, pero la población no puede esperar meses o años hasta que se emprenda la licitación y se ponga a producir.

Los 1.500 puestos de trabajo ‘ofrecidos’ tienen un carácter temporario y precario (4 meses los de YPF y seis los del Plan Trabajar, por 400 pesos los primeros y 200 los segundos). Están por detrás del régimen de la ley de subsidios por desempleo, arrancado por los desocupados neuquinos en 1995.

El carácter de modestos paliativos de estas últimas medidas ha salido a luz rápidamente, y se expresa en el clima de belicosidad y deliberación que anida entre los jóvenes y desocupados que protagonizaron el Cutralcazo. Las listas de candidatos a esos puestos han sido armadas y desarmadas reiteradamente, y han motivado incidentes por su manipulación.

Los ‘piqueteros’ y ‘fogoneros’ amenazan con un nuevo corte de ruta si para el 26 de junio no hay solución a sus reclamos. Hay que definir claramente un programa de reivindicaciones inmediatas, que dé solución a las apremiantes necesidades populares. Para evitar nuevas traiciones, hay que imponer un plan de emergencia sobre la base de impuestos extraordinarios a los grandes capitalistas, para financiar un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores, garantizando empleo, estabilidad y condiciones laborales a la población. La crisis la deben pagar quienes la provocaron. Inmediatamente, el Estado debe poner la guita para un subsidio de 500 pesos a todos los desempleados.