La detención de una banda policial permitió dar con los cadáveres de tres empresarios secuestrados hace varios años atrás, Sivak, Neuman y Oxenford. El descubrimiento de otros resonantes casos también sería inminente. Rápidamente, Jaroslavsky y Storani proclamaron a los cuatro vientos que eso mostraba que en Argentina no había impunidad para nadie. El oligárquico diario La Nación sostenía, a su vez, que las instituciones policiales se autodepuraban de sus malos hombres y que la Justicia había probado ser el vehículo de la verdad.

Pero mientras se decía todo esto, los casos Sivak-Neuman-Oxenford entraban en un mar de contradicciones, confusiones y sombras, nada casuales.

La preservación de las instituciones

El martes 10, el fiscal adjunto Carlos Oliveri, informó a la prensa “que uno de los detenidos en relación con el caso Sivak pertenece al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, que está en contacto con todos los financistas y conoce la situación financiera de cada uno” (Crónica, 11/11). “Desmiéntalo absolutamente”, replicó el jefe de Policía, Juan Pirker, cuando los periodistas lo consultaron sobre lo dicho por Oliveri (ídem).

Pocos días antes había pasado lo mismo con el subcomisario Lorenzatti, delegado de la Policía Federal en Mercedes. “En fuentes judiciales dignas de crédito se había indicado que el cuarto detenido era el subcomisario Lorenzatti, pero el jefe de la Policía Federal, Juan Pirker, desmintió esa información —que ahora vino a ser corroborada— señalando que ese oficial superior de la repartición no tenía nada que ver con el caso, aunque — aclaró— “está a disposición de esta Jefatura” (Crónica, 12-11).

Lorenzatti ha sido sindicado por otros policías detenidos como el “cerebro” y “financista” de los secuestros. Sin embargo, el juez Martín Irurzun lo indagó una sola vez y no fue careado con los otros detenidos, “disponiendo tras el interrogatorio levantarle la incomunicación” (Crónica 12-11), lo que, según medios judiciales, “parecería que ha mejorado un tanto la situación en la que se halla Lorenzatti” (ídem). Sin embargo, estos mismos medios señalaron que de las declaraciones de Lorenzatti “surgen nuevas e importantes evidencias sobre las actividades y modus operandi de la banda que ultimó a Sivak...” (Crónica, 12-11). Para cerrar la cobertura de Lorenzatti, su defensa fue asumida por un ex juez federal —José Nicasio Dibur— y alojado en una unidad policial, “atento al alto cargo que desempeña”.

Este subcomisario Lorenzatti es un viejo amigo de Guglielminetti, quien habría ocultado a éste en Mercedes “hasta la partida del papa Juan Pablo II, tras lo cual se entregó a un juez” (Página 12,13-11). Lorenzatti tiene relaciones estrechas “con altas figuras pasadas y actuales del radicalismo” (Ámbito, 12/11) y fue quien recomendó que incluyesen a Guglielminetti “entre los cuadros de seguridad y custodia personal del presidente Raúl Alfonsín” (Página 12,13-11).

Los “servicios”

Desde el Ministerio del Interior se está haciendo una campaña para mostrar que los “perejiles” serían los cerebros de la banda y que el caso estaría cerrado. El secretario de Interior, Juan Octavio Gauna, declaró por televisión que “hasta ahora no hay oficiales de la Policía Federal implicados en el dramático suceso” (La Razón, 11-11), exonerando por anticipado a Lorenzatti. Para Gauna, Roberto Buletti —el primer detenido— sería el “ideólogo” del grupo. Los familiares de Sivak denunciaron que Buletti fue sindicado por ellos como sospechoso apenas se produjo el secuestro pero las autoridades durante dos años no lo investigaron. Ahora la viuda de Sivak dice que se trata de otro encubrimiento, porque Buletti, cuando secuestraron a su esposo y a Oxenford, tenía “poco más de 20 años. ¿Cómo, casi un niño, puede ser el ideólogo de bandas que necesitan una compleja organización?” (Crónica 16-11).

Todos los hilos de los secuestros conducen por las vías jerárquicas de la Policía y el Ejército al corazón de los “servicios”. Secuestros tan dispares y rescates tan gordos no podrían haberse realizado y cobrado sin la intervención de los servicios de seguridad. Esto es lo que se quiere encubrir, a través del Ministerio del Interior, la Policía y los jueces. Hace tiempo que se sabe que el Batallón 601 de Inteligencia Militar está relacionado con estos secuestros y que su “enlace” sería Ricardo Taddei. Este personaje fue identificado en tres oportunidades por un testigo, pero “el juez lo citó a casi un año del secuestro” (Página 12,13/11) y luego desapareció. “Lorenzatti es ‘compadre’ de Taddei —acaba de señalar la viuda de Sivak— y en este momento está prófugo gracias a la lentitud de los jueces de la causa” (Crónica, 16/11)

El régimen de la “obediencia debida” y el “punto final" necesita urgentemente cortar asépticamente los hilos de estos casos porque dan en el centro del aparato de seguridad, con sus vinculaciones financieras y políticas (las "amistades radicales").