El inicio de las obras del gobierno porteño para instalar el llamado "Metrobus" en la Avenida 9 de Julio suscitó un curioso cruce entre el gobierno nacional y el macrismo, a raíz de la quita de árboles de la avenida. Este choque -al parecer por la defensa de los árboles que hacen la presidenta y de los intelectuales K, acérrimos defensores de la megaminería contaminante- busca ocultar que la crisis producida por el Metrobus es una expresión más del colapso del transporte urbano en el área metropolitana, del cual Macri y los K son responsables. La centroizquierda -como Proyecto Sur, que participa de las protestas- actúa como segundo violín del gobierno nacional.

Más caos

De acuerdo con el plan establecido el Metrobus tendrá su recorrido por la avenida 9 de Julio y servirá para que circulen las líneas de colectivos que realizan su recorrido por las calles del centro, que serán progresivamente peatonizadas. Muchos especialistas sostienen que el resultado será un mayor caos de tránsito en la principal arteria de la zona -la avenida 9 de Julio-. A la vez, el recorrido del Metrobus se superpone al que realiza la línea C del subte, cuyo estado actual es de total colapso. Con una frecuencia que llega a los casi 5 minutos es claro que con una fuerte inversión podría lograrse incrementar drásticamente la cantidad de pasajeros y alivianar el tráfico de vehículos particulares y colectivos.

Sin embargo no existe ningún plan en ese sentido. La mitad de los vagones de la línea C necesita una reparación integral. La última compra de coches data de 1999. La desinversión en el subte en general y en la línea C en particular ha sido responsabilidad de ambos gobiernos. Los millones de pesos de subsidios entregados fueron dilapidados por Benito Roggio y por los empresarios del transporte de colectivos, y dieron lugar a una mayor concentración del negocio. En ningún caso se veló por un uso de esos subsidios para modernizar la red de subterráneos.

El kirchnerismo, ahora, quiere sacarse el peso de encima mediante la transferencia del servicio a la Ciudad, como parte de una política de "tercerización" del ajuste del gobierno nacional. El macrismo se valió de esto para impulsar un tarifazo en ese servicio y para crear una nueva "caja negra" -como la de Ausa con las autopistas-. Pero ese tarifazo viene a financiar la misma estructura parasitaria que existió durante todos estos años.

El gobierno nacional pretende dar un paso y transferir las 33 líneas de colectivo de la Ciudad, como quedó establecido en la Ley de traspaso votada por el Congreso. Dicha transferencia vendrá de la mano con la reducción de los subsidios, lo que llevará a que haya tarifas diferenciadas dentro del propio transporte de colectivos. La propia diversidad de tarifas a la que marchamos habla a las claras de que el colapso del transporte parte de las propias medidas de los gobiernos. Si internacionalmente se considera que hay que favorecer el transporte del subterráneo en detrimento del colectivo, aquí se hace lo contrario ya que el incremento de las tarifas del subte desalientan su uso.

Hay una salida

El Metrobus de Macri -al igual que los recientes anuncios de Randazzo en el Sarmiento- no representan ningún plan de salida al derrumbe generalizado del transporte, sino que operan como parches sin ningún impacto real sobre un sistema de transporte vaciado, con usuarios que viajan como ganado y con trabajadores sumidos en una fuerte precarización laboral.

La única salida es una reorganización de conjunto del transporte, a partir de una planificación dirigida por los trabajadores, por los usuarios y por organizaciones ambientales. Esta planificación es incompatible con los grupos capitalistas que manejan las principales empresas de transporte público, ya que priorizan una disputa por los principales recorridos superponiendo líneas en una misma zona. Esta distorsión se ha incrementado con los subsidios del gobierno, debido a que el beneficio de las empresas se independizó del servicio que prestan.

Una reorganización y planificación debería plantear la integración de la caja de Ausa al presupuesto general, para hacer una transferencia de recursos que desaliente el transporte automotor privado y priorice otras vías de transporte. Asimismo, se debería plantear la apertura de los libros contables de todas las empresas, el respeto al convenio colectivo de trabajo y seis horas de jornada laboral para todos los trabajadores del transporte.