En su edición del jueves, La Nación recoge algunos episodios judiciales que darían cuenta de un cambio de aires en los tribunales luego de las PASO.

En relación con la causa por las coimas para acceder a las obras del ferrocarril Sarmiento, la Cámara Federal anuló los procesamientos por coimas que había dictado Marcelo Martínez de Giorgi a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, entre otros. Junto con ello, la cámara anuló la falta de mérito a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri y ex titular de la empresa Iecsa, abriendo paso a que siga siendo investigado.

A su turno, la Cámara rechazó los pedidos de nulidad sobre la causa que sigue la quita de un 98% de la deuda del Correo Argentino al Estado, en la que se encuentra imputado el presidente.

El medio hace referencia al inicio de un realineamiento en el tercer poder, que sin embargo viene procesándose hace tiempo.

Especialmente, en las resoluciones desfavorables al gobierno por parte de la Corte Suprema, dejando sistemáticamente en solitario al alfil oficialista Carlos Rosenkrantz, en una fractura que se extendía a todos los rangos de la justicia, entre ellos al máximo tribunal bonaerense y el fuero laboral.

¿Exoneraciones para los amigos y carpetazos contra el macrismo? ¿Es la dinámica que viene en el Poder Judicial?

Suena dudoso, porque Alberto Fernández repite cada vez que se lo consulta que no habrá “venganzas”, en referencia a posibles procesos judiciales contra funcionarios macristas. Un “pacto de caballeros” suena más a tono con la transición ordenada en curso. Lo que no quita que las operaciones judiciales puedan usarse como condicionamiento del presidente saliente, lo mismo que en cierto modo venía haciendo el gobierno anterior con CFK.

Al respecto, cabe indicar que según la panelista de Intratables Débora Plager, Pichetto habría cortado en seco las amenazas de Macri de retirarse del juego electoral tras las PASO y el bochornoso discurso de ese lunes, diciéndole que “vos no te vas a ningún lado, porque además si te vas, tu historia termina mal. Por Comodoro Py y algo más”. Causas se sabe que no faltan, entre ellas las que se siguen por el pacto con los fondos buitres y por el lavado de dinero con off shores que revelaron los Panamá Papers.

Lava Jato

En medio de este escenario, el Lava Jato argentino viene parado desde hace tiempo, como se ve en el hecho de que “dos años, dos meses y veinte días después de que las evidencias sobre cómo Odebrecht pagó sobornos a funcionarios argentinos quedaron en Brasil a disposición de la Justicia argentina, todo ese material sigue en Brasil”.

El estancamiento obedece, probablemente, a que salpica a todo el arco político y a toda la clase capitalista local. Y a las profundas irregularidades que caracterizan a estos autotitulados procesos de mani-pulite: el propulsor del Lava Jato brasileño, el hoy ministro de justicia Sergio Moro, camina en la cornisa tras las filtraciones que pusieron en evidencia la discrecionalidad y corrupción en el manejo de la causa (un artículo de El País narra el viernes las maniobras del coordinador general de la megaoperación judicial, Deltan Dallagnol, para no investigar a los bancos involucrados y circunscribirse a las empresas constructoras). En nuestro país, en tanto, las operaciones del fiscal Carlos Stornelli dieron lugar a la causa de Ramos Padilla que mostró un entramado de espionaje y conspiraciones que envolvía a funcionarios oficialistas junto con piezas claves del poder judicial y los servicios de inteligencia.

El Lava Jato argentino es un coletazo del Lava Jato brasileño, impulsado por el imperialismo norteamericano, que sacó los trapitos al sol de la corrupción de las grandes contratistas brasileñas con el propósito de desplazarlas. Y aunque los procesos judiciales parecen haberse detenido, algún éxito ha tenido, al menos en Brasil, porque “los beneficios de las constructoras implicadas en la Operación Lava Jato han caído un 85% desde 2015” (El País, 28/7). Mientras que La Nación resumía el mes pasado el panorama local señalando que “el problema más grave para los empresarios no es reconocer el pago de la coima, sino encontrarse en un pantano de indefiniciones que los dejan fuera de los negocios futuros. Nadie los financia” (28/7).

Así las cosas, la justicia se prueba en toda su crudeza y realismo: no como garante de las libertades o como un poder ecuánime sino como una arena de conspiraciones y maniobras de la clase capitalista.

La podredumbre de Comodoro Py no cambiará con F-F.