En estos días se conoció una encuesta que encargó la Iglesia Católica y que da cuenta que una cantidad importante de entrevistados cree que ésta se debería sostener con fondos propios del Vaticano. Las versiones clericales que, a la luz de esta situación, hablan de una posible renuncia de la Iglesia a fondos estatales, es otra pérfida maniobra, no solo porque es dudoso que lo haga, sino también porque busca recomponer su autoridad ante una feligresía asqueada de las miles de denuncias de abusos de niños en todo el mundo.

De hecho, si la Iglesia tuviera que renunciar a los sueldazos que reciben curas y obispos, sería un vuelto. En Salta denunciamos públicamente la enorme cantidad de dinero que recibe la Iglesia bajo la forma de entrega de inmuebles como donación, cesión, comodatos, subsidios de impuestos, tercerizaciones y hasta el presupuesto anual de todo un ministerio, como fue durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey cuando creó la cartera de primera infancia, dirigida por un militante del Opus Dei.

Veamos entonces: la Iglesia tiene 212 propiedades en Salta. 15 de ellas rurales, por 400 hectáreas, y el resto urbanas, por 800 mil metros cuadrados. La mayoría de estos inmuebles fueron donados por el Estado: 32 bajo la dictadura, 35 durante el romerismo y 40 en los gobiernos de Urtubey.

El valor actual de las propiedades urbanas es de 14 mil millones de pesos. En el caso de las rurales, que tienen una tasación más variable, se destacan las 130 hectáreas del predio llamado Potrero de Linares, dadas al clero por Urtubey en 2015, que, según estimaciones, ronda los 380 millones.

A esto hay que sumar que la Iglesia realiza actividades lucrativas, como la educación: acapara carreras como Psicología, Asistente social, Abogacía, Veterinaria, dictadas en la Universidad Católica con cuotas que superan los 10.000 pesos mensuales y el beneficio de subsidios estatales para el salario docente. A su vez, en el mismo Potrero de Linares han puesto en pie un centro de rehabilitación para adictos con cuotas elevadas inaccesibles para familias pobres.

También están todos los edificios de CONIN (fundación ligada a la Iglesia) que fueron construidos por el Estado y dados en comodato. Esta es una de las más pérfidas tercerizaciones de la salud, ya que mientras los hospitales y salitas se caen a pedazos y están vaciadas, las consecuencias las sufrimos con muertes de niños.

Todo esto sin olvidar la tercerización que Urtubey le dio al cura abusador Gustavo Zanchetta de Orán, para que administre el hogar refugio para víctimas de violencia de género y violencia familiar. Cuando saltaron las denuncias de abusos, Sanchetta se fue a refugiar en el Vaticano dejando deudas de salarios a los empleados del refugio. Una de las causas penales que pesan sobre él es por mal manejo del dinero público.

Cuando desde el Partido Obrero cuestionamos esta aberración, la Iglesia salió a responder que no podría afrontar pagos de impuestos ni abonar por los inmuebles “regalados”,  porque esa plata se usa para fines sociales como comedores y merenderos. Sin embargo, los comedores de la Iglesia reciben la mercadería de Desarrollo Social de la provincia y de Nación. La provincia también le monta la infraestructura al lado de las iglesias, también construidas en inmuebles cedidos por donación. 

Hasta aquí se ve que la contención social que proporciona el clero a los gobiernos no es gratuita. La Iglesia no está dispuesta tampoco a ceder su control ideológico. Un ejemplo de esto fue la imposición de la materia religión en la educación pública de Salta. Decían que en general el pueblo quería la religión porque formaba parte de la cultura, de la idiosincrasia y porque formaba en valores. Sin embargo, cuando por un fallo de la Corte Suprema se sacó la materia como obligatoria y se la llevó a dictar fuera del horario escolar, solo se inscribió un 4% en el 2018 y en 2019 nadie. O sea que la idiosincrasia era impuesta.

Quienes no van renunciar a la entrega fenomenal de recursos a la Iglesia son el Estado y sus partidos (justicialismo, macrismo, UCR, etc.), para no romper con uno de los pilares que sostiene al Estado capitalista. La Iglesia regimenta socialmente y divide a la clase obrera en todas las formas que podamos imaginar, y así también a todos los movimientos de luchas, por eso también actúa de mediadora en los conflictos sociales y de trabajadores. 

Es fundamental que al derecho al aborto legal en Argentina se lo defienda en las calles con la mayor conciencia de que es necesario separar a la Iglesia del Estado en todos sus aspectos. La tarea de las revolucionarias es contribuir para que se avance también en un cuestionamiento del Estado capitalista, responsable de que la Iglesia tenga ese enorme poder.