En las vísperas del 25 de mayo, la Policía de Santa Cruz llevó adelante una feroz represión contra un grupo de 208 empleados municipales de Pico Truncado que fueran despedidos durante el verano por el Intendente Osvaldo Maimo.

El hecho generó un enorme repudio de las organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Las imágenes subidas por los vecinos a las redes sociales mostraron que fue una emboscada por parte de Infantería en el medio de la noche.

18 personas fueron cazadas “al voleo” en las calles de Pico Truncado; varias de ellas ni siquiera estaban manifestando en el municipio al momento de la represión.

Ya en la Comisaría, a los hombres los sacaron a un patio, al aire libre, precintados, parados, en medio de una noche fría. A las 4 mujeres las dejaron amontonadas en una piecita.

Los tuvieron toda la noche sentados en el quincho policial en sillas rectas mirando a la pared. Sin hablar. Sin comer por más de 18 horas. Sin tomar ni un vaso de agua. Incomunicados. Les hicieron firmar, sin mirar, que aceptaban la defensora oficial, para impedirle actuar a la abogada que quería pedir por su liberación. Les dijeron que por culpa de la movilización no los iban a liberar.

Varios de ellos fueron golpeados con puños y palos, uno tiene rota la nariz, otros recibieron las balas de goma y los golpes, las mujeres fueron sacudidas y mechoneadas, por mujeres policías.

A todo este procedimiento digno de las épocas oscuras de la dictadura el ministro de seguridad de la Provincia lo llama "trabajo disuasorio".

¿Llega la respuesta a los reclamos?

El Jefe de Gabinete de Alicia Kirchner, después de la represión, intentó calmar las aguas con la propuesta de un bolsón de alimentos y una ayuda socioeconómica de $5.000 que podrían cobrar cada 3 meses. Los módulos alimentarios son tan raquíticos que merecieron la tapa de un diario de la zona el mismísimo 25 de mayo.

Esta es la sororidad de Alicia K con las madres de familia que hoy no pueden llevar un plato de comida a sus familias. A los 208 despedidos de Truncado se le suman 102 despedidos del Intendente Grasso del FPV-PJ en Rio Gallegos y los 417 de Aníbal Fernández en Ycrt en la cuenca carbonífera.

Santa Cruz tiene a la mitad de la población bajo los niveles de pobreza. Los trabajadores municipales, estatales y jubilados que tienen un promedio salarial de $25.000, están más cerca de la línea de indigencia que de la pobreza (que llega a $45.000 en esta región).

41.000 santacruceños se anotaron en la IFE; muchos fueron rechazados injustamente; y otros tanto no han cobrado todavía. Con $10.000 han tenido que bancar 70 días de cuarentena. Los bolsos de Alicia no llegan a todos los barrios. Decenas de ollas populares ponen en pie solidariamente los vecinos y organizaciones sociales.

Por si fuera poco, la vocal de la minoría en el Tribunal de Cuentas, objetó las compras de alimentos por “sobreprecios”. Acá todavía no renunció nadie; pero es el mismo “modus operandi” que a nivel nacional.

Desde el Partido Obrero planteamos la urgente reincorporación de los despedidos de Truncado, Rio Gallegos y la cuenca del Turbio

Para acabar con la corruptela y ayudar de verdad a las familias más vulnerables; sin superposición de planes y trabas burocráticas; es necesario un seguro $30.000 para todos los desocupados y precarizados.