13/10/2020

Los bonistas vuelven a rechazar la oferta de Kicillof

El gobierno posterga por octava vez el canje de la deuda externa.

El lunes 12 de octubre el gobierno provincial anunció, en un escueto comunicado, una nueva postergación de la reestructuración de la deuda externa bonaerense hasta el 6 de noviembre, mientras siguen “las negociaciones de buena fe con los acreedores” para llegar a un acuerdo de pago “sustentable”. Desde la propuesta del 23 de abril, que buscaba reestructurar 7.150 millones de dólares con una quita de 7% del capital y del 55% de los intereses, y un período de gracia de 3 años, esta prórroga es la octava en seis meses, cada una de las cuales ha ido sumando nuevos recules y exigencias de los bonistas.

La crisis de deuda en la provincia de Buenos Aires es el emergente de una situación general de default que alcanza a otras 13 provincias por un total de 13.000 millones de dólares. Lejos de haber aclarado el horizonte, el canje de la deuda nacional abrió el terreno a una nueva ofensiva del capital financiero. Con la provincia en bancarrota y el impasse del “nuevo endeudamiento” votado en la Legislatura, el Comité de Acreedores redobló las presiones para achicar el tiempo de gracia y “mejorar” el pago de los intereses.

Están exprimiendo al gobierno de Kicillof, que tiene su Presupuesto 2021 paralizado a la espera de un acuerdo. El reconocimiento de los 12.000 millones de dólares de deuda externa fraudulenta -la “herencia recibida” de Vidal, Scioli y los gobiernos peronistas- es una bomba de tiempo que condiciona  toda la política del kirchnerismo en el territorio bonaerense.

Primero el ajuste

Esta octava postergación es disimulada por los “nacionales y populares” en nombre de los “gastos extraordinarios” que demandó la lucha contra el Covid-19. Pero lo cierto es que es el resultado de la apretada de los bonistas, que buscan reaseguros de que cobrarán, cuando se aproxima una devaluación que abultará una deuda nominada en un 80% en moneda extranjera. Por lo demás, el gobierno de Kicillof se dedicó a subsidiar a los empresarios de la salud privada y hoy refuerza la presión por la vuelta a clases cuando la Argentina trepó al sexto lugar en el mundo por cantidad de infectados.

El peso asfixiante de la deuda limita y condiciona una solución a la dramática situación que viven millones de bonaerenses carentes de tierra y vivienda. Mientras Kicillof y su ministro Larroque hacen el “ablande” para desalojar a las familias de Guernica, y Berni pasea a la Bonaerense por el predio, el gobierno carece de una política habitacional.

Después de haber anunciado un “plan de inversiones” por 190.000 millones de pesos y un “histórico plan de Vivienda y Hábitat”, los voceros oficiales aclararon que no hay fechas ni plazos de ejecución de los proyectos. La actual etapa, dicen, no sería de construcción de viviendas sino de “planificación”, sujeta a la disponibilidad de terrenos fiscales, las demanda en cada zona, el clima, los vínculos con las empresas y la evolución de la pandemia. Esto, cuando el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires supera el millón doscientas mil familias, y hay unas 80 tomas y ocupaciones. La prioridad es el pago de la deuda, los compromisos con los capitalistas y la especulación inmobiliaria.

Los bonistas exigen garantías de ajuste para el cumplimiento del repago “sustentable” de la deuda. Este ultimátum posterga el cierre de la reestructuración. Quedó muy claro en las paritarias estatales y docentes que deja a los sueldos muy por detrás de la inflación y de la canasta básica. La devaluación y los acuerdos firmados por las burocracias sindicales deprimen los salarios a poco más de 200 dólares.

El fracaso del canje de la deuda agrava también la deteriorada relación de Kicillof con los jefes comunales, oficialistas y opositores. Sin el financiamiento de la nueva deuda (por 500 millones de dólares), el gobierno de la provincia depende en buena medida de los fondos que le envía Nación. Por eso la disputa por el “Fondo de Fortalecimiento” creado a partir del punto de coparticipación que Alberto Fernández le sacó a la Ciudad de Buenos Aires, ya que el gobierno provincial se niega a coparticipar esos 30.000 millones de pesos con los municipios, cuando se vino a pique la recaudación tributaria. Los intendentes exigen giros y la habilitación de nuevos impuestazos. El rechazo anunciado por el jefe de gabinete, Carlos Bianco, pone a su vez en peligro el pago de los sueldos a los municipales.

De nuevo Berni y la Bonaerense

La crisis financiera de la provincia, cuya punta del iceberg es la fracasada renegociación de la deuda externa, se extiende a su aparato más sensible que es la Bonaerense, una pieza vital de la alianza de los nacionales y populares con el ministro de Seguridad provincial. Después de la ofensiva lanzada contra las policías locales para monopolizar la fuerza represiva, y como trampolín a una eventual candidatura a presidir el PJ nacional, Sergio Berni volvió a quejarse por la “falta de recursos y presupuesto” para desalojar Guernica.

Una vez más, el derechista Berni actúa como elemento de presión sobre el gobierno de Alberto Fernández, confirmando que su rol ante el amotinamiento de la Bonaerense fue el de colocarse de los dos lados del mostrador para forzar el “Fondo de Fortalecimiento”. Varios medios destacan el poco entusiasmo de Kicillof y Cristina en ungir a Alberto Fernández como jefe del PJ nacional, y por extensión la demora en elegir al futuro jefe del PJ bonaerense para no ceder espacios, máxime cuando el año que viene hay elecciones legislativas.

No al pacto de Kicillof con los bonistas

El no pago de la deuda externa usuraria es la única salida realista, en el marco de un plan económico de los trabajadores y bajo su control. A tono con las concesiones de todo tipo a los capitalistas, Kicillof sacó de la agenda el “impuesto a la riqueza” bonaerense. La falta de obras en las escuelas, la inexistencia de un plan real de urbanización y vivienda provincial, el crecimiento de la pobreza y la desocupación que tiene como epicentro al Conurbano y a ciudades como Mar del Plata, las paritarias de hambre; confirman la contradicción que existe entre los intereses y necesidades populares y el chantaje de los acreedores.

Por un alternativa obrera y socialista al régimen fondomonetarista.

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Claro, en condiciones de precarización laboral.