Políticas

31/3/2022

Los “bonos” que intentan esconder la política de destrucción de las jubilaciones

El FMI y el gobierno transitan por el mismo camino.

El poder de compra de los haberes jubilatorios se ha derrumbado.

La decisión anunciada por el gobierno de otorgar un bono (cuyo monto aún está por definirse) a los jubilados que tengan los haberes más bajos muestra el carácter confiscatorio que tiene la política oficial que ahora, en acuerdo con el FMI, consiste en mantener la fórmula de actualización reglamentada por el gobierno de los Fernández; la misma que desde que comenzara a implementarse ha provocado un retroceso en el poder de compra de la masa de jubilados, pensionados y beneficiarios de los distintos programas sociales.

El otorgamiento del bono no supone una ruptura ni un motivo de discordia en el acuerdo con el Fondo porque, como destaca El Cronista, “la compensación que prevé pagarse en abril se lanzará en formato de vale, ya que tras el acuerdo con el FMI el staff detalló que ‘se deben evitar las subas discrecionales de las jubilaciones y pensiones’, ya que pueden socavar las metas fiscales y la sostenibilidad del sistema” en relación a extras adicionales (31/3). Es decir que se reconoce el carácter puntual del efecto del bono, otorgado frente a una inflación descontrolada, y que lo que “compensa” y reemplaza es el necesario aumento en las jubilaciones.

La política perversa de los “bonos”, vendida en el relato del gobierno como “compensatoria” frente a una inflación que licúa los haberes de indigencia que cobra la inmensa mayoría de los jubilados, es solo un paliativo que no compensa el alza de los precios más que en el momento en el que se cobran, porque no se incorporan a la jubilación sino que se reciben por única vez y, al mes siguiente, el ingreso de los beneficiarios vuelve a la miseria anterior.

Además, los jubilados que cobran un poco por encima de la mínima ni siquiera recibieron ni reciben los míseros bonos, es decir aquellos que, por ejemplo, tienen un haber equivalente a la mitad de la canasta de pobreza, y que ven caer en picada sus ingresos desde el 2017 sin ningún tipo de “compensación”.

Pero, además, los propios bonos son de un nivel de miseria. A lo largo de todo el 2021 el gobierno otorgó a los jubilados que cobran los haberes más bajos un total de $16.000 en vales virtuales, una cifra que, dividida por 12, supuso un promedio de $1.333 mensuales; es decir el equivalente al costo de un kilo y medio de carne para quienes con sus haberes apenas llegan a cubrir la canasta básica alimentaria que marca los niveles de indigencia.

Desde que asumiera el actual gobierno, el poder de compra de todos los haberes previsionales se ha derrumbado. Tanto los máximos como los mínimos. Con los aumentos por decreto, en el 2020 la pérdida fue de entre 7 y 16 puntos respecto de la inflación, que no fue compensado durante el 2021 y que, ya en el primer trimestre de este año, sumaría entre 3 y 4 puntos más.

Esto último porque, entre enero y febrero últimos, la canasta de pobreza subió el 10,1% y la inflación el 8,8 por ciento. Si se le suma al 5 o 6 por ciento de alza en los precios que se estima para marzo, el costo de la canasta de pobreza crecería en el trimestre entre el 15 y el 16 por ciento, y la inflación podría ubicarse alrededor del 14 al 15 por ciento, en ambos casos por encima del 12,28% del aumento jubilatorio de marzo que será socavado también por las alzas de precios de los meses de abril y mayo, hasta que se cobre el nuevo incremento trimestral de haberes.

La política del Fondo que el gobierno implementa es la de ir a una liquidación de lo que queda del sistema de jubilaciones. Este acuerdo mutuo, que apoya toda la burguesía, sí está claramente plasmado en el convenio colonial donde se plantea que el organismo hizo “recomendaciones” para priorizar gastos y “reasignarlos”, ya que “cerca del 40% de todo el gasto federal en la Argentina está orientado a pensiones, mientras que solo el 5% se destina a programas emblemáticos de asistencia social (AUH, Tarjeta Alimentar y Progresar) destinados a apoyar a madres y niños vulnerables” (ídem).

Y añade que los resultados sociales también “varían significativamente entre generaciones: el 54% de los niños menores de 14 años viven en la pobreza, en comparación con el 14% de los ancianos” (ídem). Estas aseveraciones, a las que el gobierno suscribió sin inmutarse, no solo plantean falsamente que la inmensa mayoría de los jubilados, que gana $32 mil por mes, estaría viviendo en la abundancia, sino que destapan que el ataque a las jubilaciones es una prioridad en el acuerdo, con la excusa de apuntar a sostener a otros sectores populares que viven en el mismo cuadro de miseria que el 90% de los jubilados.

El plan estratégico del conjunto de la burguesía y el imperialismo es convertir al conjunto de las jubilaciones presentes y futuras en un subsidio mínimo a la vejez. Este plan antiobrero debe enfrentarse en una lucha común de jubilados y trabajadores activos –futuros jubilados- con un programa que plantee un aumento inmediato del haber mínimo al equivalente del costo de la canasta básica del jubilado; por el 82% móvil; por la liquidación del trabajo en negro; por la restitución de los aportes patronales.