El ‘pacto de gobernabilidad’ que De la Rúa viene ejecutando con el gobierno menemista incluye, además, al Frepaso, a Nueva Dirigencia y a los duhaldistas de Ruckauf.

Este ‘pacto’ se manifestó en el acuerdo para que De la Rúa gobierne por medio de decretos ‘de necesidad y urgencia’ hasta que se elija la nueva Legislatura, cuya convocatoria deberá ser ‘consensuada’, sin embargo, con el Ejecutivo Nacional. Otra manifestación es el acuerdo para que el Concejo Deliberante actúe con la mitad de sus miembros, con mandato prorrogado y con presidencia justicialista, mientras apruebe las iniciativas que envíe De la Rúa; algunas tan importantes como el presupuesto 97 o la contratación de servicios de limpieza. La prensa ha juzgado que la reciente reelección del justicialista José Manuel Pico como presidente del Concejo, expresa la “óptima relación existente entre el gobierno radical y la oposición justicialista” (Clarín, 9/12). “Una reelección para la convivencia” (ídem). Y, agregamos, el acuerdo del Frepaso.

Otro punto de acuerdo fue la postergación de la descentralización política (alcaldías), mientras De la Rúa toma medidas de ‘descentralización administrativa’ bajo la forma de‘comunas’ o Centros de Gestión y Participación (CGP), que algunos consideran una excelente base de estrategia electoral (Clarín, 30/12).

El reparto del gran botín

La base de este ‘pacto de gobernabilidad’ son, naturalmente, los buenos negocios. De la Rúa acaba de reunirse con 200 empresarios de ‘primerísimo’ nivel; entre muchos otros, Franco Macri, Santiago Soldati, Blanco Villegas, Ricardo Fiorito (Banco de Quilmes), Julio Werthein (Banco Mercantil) y Wilmer Güecaimburú de IBM. La intención es crear con ellos un organismo, para diseñar 20 proyectos clave de la obra pública municipal, entre las que estarían la remodelación del Aeroparque, la construcción de autopistas y viviendas y un gran centro de Convenciones (Clarín, 19/12).

Entre estos empresarios están los principales contratistas de servicios de la Capital. Justamente, el 12 de noviembre, De la Rúa mandó al Concejo Deliberante los pliegos para el llamado a licitación para la recolección de basura, abriendo “la puja por el mayor negocio capitalino” (Ambito, 13/11), de alrededor de 200 millones de dólares. A los actuales Manliba y Cliba (Macri y Benito Roggio), se sumarían los franceses Lyonnays des Eaux (Aguas Argentinas) y Générale des Eaux (Aguas del Aconquija). Un sector de los 5 en que dividirían la ciudad (en lugar de los 3 actuales), quedaría, como hasta ahora, para los empleados municipales. Con lo que se asegura el apoyo de la burocracia sindical de Genta (ídem).

También se sabe que a consideración de De la Rúa, están los proyectos de la Aeroísla, la Ciudad Judicial (transitoriamente suspendida), el faraónico proyecto Retiro, la remodelación de La Boca en marcha.

Que el gobierno nacional está involucrado en esta negociación, quedó demostrado por la reacción de De la Rúa ante la media sanción en el Senado de la ley (Yoma) que deroga varios artículos de la Constitución porteña, diciendo que la norma “no importa un riesgo para la autonomía porteña más allá de sus efectos declarativos”. En cambio, la redacción final de la ley destraba la gestión de un crédito por 500 millones de dólares de la Comuna ante el Chase Manhattan. La gestión de De la Rúa y Rodríguez Giavarini ante Yoma, logró que la Comisión de Asuntos Constitucionales modifique el dictamen que imponía la autorización del Congreso para las gestiones de créditos en el exterior. Ahora bastará con el acuerdo de la Comisión bicameral de seguimiento de la autonomía (citas de Clarín, 24/12).

También el pasaje de la justicia ordinaria al ámbito capitalino, vedada por la Ley Cafiero y en su momento resistida por el menemismo, habla no sólo de la intención de Menem de blanquear su imagen de manejo discrecional de la justicia. Es además un ‘gesto’ hacia la ‘gobernabilidad’ pactada del distrito.

En su momento, el Partido Obrero caracterizó que el debate sobre la ‘autonomía’ de la Capital encubría una disputa sobre el control de los grandes intereses económicos de la ciudad, especialmente de los inmobiliarios, que el menemismo no quería entregar así no más. Ahora que los negocios están en marcha, la ‘gobernabilidad’ expresa los pactos por el reparto.