La muerte de un joven chaqueño por desnutrición colocó en la campaña electoral la cuestión de la pobreza. La espantosa condición de los campesinos y pueblos originarios del “interior profundo” contrasta, naturalmente, con el acaparamiento de tierras que acompañó al boom sojero. Pero la realidad del Impenetrable chaqueño es sólo la forma más extrema de una polarización social que abraza al conjunto del país. Según el Observatorio de la Deuda Social (especializado en estas mediciones), la pobreza alcanza al 29% de la población, cinco puntos porcentuales más que en 2011. Once millones de personas se encuentran en esa condición. En el país donde los monopolios alimentarios y del cereal la “han juntado con pala” en estos años, dos millones de personas sobreviven en estado de indigencia. 

 

Los voceros de la Iglesia o de la oposición que comentaron estas cifras aluden a la “exclusión social”. Pero es evidente que si la tercera parte de la población es pobre, la cuestión supera por mucho a los excluidos o desempleados (la tasa de desocupación actual es del orden del 7%). Debe concluirse que una parte importante de la clase trabajadora es pobre -o sea, que gana menos de lo necesario para cubrir su canasta básica. Ello no sorprende cuando el 50% de los trabajadores gana por debajo de los 6.000 pesos y un tercio se encuentra precarizado. Por lo tanto, el “modelo” que aplauden La Cámpora y Kicillof paga la fuerza de trabajo por debajo de su valor. La pobreza no es un extremo del bosque chaqueño, sino que se ha clavado en el corazón de la clase obrera.

 

Asistencialismo

 

De cara a esta realidad, el kirchnerismo y la oposición tradicional ofrecen como respuesta la batería de medidas asistenciales existentes, y en primer lugar, la Asignación Universal por Hijo. El kirchnerismo reivindica su autoría y advierte sobre los recortes que aplicarían Macri o Massa. Estos opositores juran, en cambio, que mantendrán la asistencia social. El kirchnerismo presenta a la asignación como una medida progresista para paliar “la herencia del neoliberalismo”. Pero la AUH fue creada en 2009 frente a la infernal carestía de alimentos -y el aumento de la miseria social- que resultaron de la política oficial. La política social del kirchnerismo, por lo tanto, fue un paliativo contra el propio kirchnerismo. Para financiar la AUH, el gobierno se sirvió de los fondos de la Anses, por un lado, y recortó las asignaciones familiares de quienes superaban cierto nivel salarial, por el otro. Sus montos se han ajustado siempre por debajo del valor de los alimentos, que consumen el 100% de los recursos de la AUH. La asignación por hijo, en definitiva, fue la “redistribución de la pobreza”.

 

Elecciones y pobreza

 

Con todo, la cuestión de la pobreza ha sido colocada en la agenda electoral no por la realidad lacerante de las cifras actuales, sino por lo que se viene. La suba de tarifas y la devaluación de la moneda, que están en la agenda de Massa, Macri y Scioli, provocarán un nuevo salto en los niveles de pobreza e indigencia. De cara a esta realidad, los partidarios de la “corrección tarifaria y cambiaria” no tienen el mismo planteo para el salario, ni mucho menos para el derecho al trabajo. Frente al agravamiento de la miseria social que vendrá con el ajuste que preparan, sólo pueden ofrecer el sistema asistencial del kirchnerismo. Por caso, proponen morigerar el tarifazo con una “tarifa social” para el padrón de desocupados. Los responsables de la crisis -y de transferir su fardo a los trabajadores- se atrincheran en el asistencialismo. Pero, como lo demuestra Brasil, que acaba de anunciar recortes a sus planes sociales, la crisis capitalista también se lleva puestas las medidas asistenciales. A los candidatos de la pobreza les oponemos un programa: por la actualización automática de la AUH de acuerdo con el costo de vida. Que se financie con impuestos a la renta financiera y a la gran propiedad agraria. Al avance de la pobreza y la miseria, que será el resultado de la política de los “candidatos del ajuste”, le oponemos la prohibición de suspensiones y despidos, el reparto de las horas de trabajo para incorporar a los desocupados sin afectar el salario, el salario igual a la canasta familiar, el fin del trabajo en negro, 8.500 de mínimo para los jubilados y un plan de industrialización y reorganización agraria debatido y dirigido por los trabajadores. Al régimen social de la pobreza y miseria social agravadas, le oponemos la lucha por un programa anticapitalista y un gobierno de trabajadores.