La Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural y cámaras empresarias de la construcción, comercio y bancaria, la Asociación Empresaria Argentina, entre las entidades patronales más poderosas del país, salieron a apoyar públicamente el acuerdo anunciado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional como un camino para “el progreso de Argentina y el cumplimiento de los compromisos asumidos”. Se trata de los socios del saqueo y la fuga de capitales que se profundizará con el nuevo programa fondomonetarista, de ofensiva contra las condiciones de vida de los trabajadores.

Los capitalistas criollos celebran el principio de acuerdo como un pilar para terminar con la “incertidumbre” y dejar atrás la inflación, las corridas cambiarias y las crisis de deuda. Aseguran que este acuerdo promoverá “la generación de empleo” porque favorece “el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado”.

Pero es precisamente la clase social responsable de la fuga de capitales que financió el megacrédito del FMI, y que ubicó al país en el podio de los Pandora Papers sobre las cuentas en paraísos fiscales. Es esa la contracara de la huelga de inversiones que impera, y que acicatea la estampida al dólar y su traslado a precios. Más aún, el superávit comercial récord de 2021 se evaporó en la misma medida por los pagos al Fondo que por los auropréstamos de las empresas hacia sus casas matrices o filiales en el exterior: más de 5.000 millones de dólares.

Finalmente, mientras las reservas internacionales siguen desplomándose y la porción de depósitos en moneda extranjera apenas supera los 15.000 millones de dólares, el Indec estima que la burguesía argentina tiene nada menos que 230.000 millones de dólares en billetes atesorado afuera del sistema financiero local (en cajas de seguridad o lo que se dice “abajo del colchón”) -una suma que permitiría saldar casi por completo la deuda externa.

En el festejo de la clase capitalista pesa especialmente el hecho de que el ajuste que deberá ejecutar el gobierno para cumplir con las metas del programa y la tutela del FMI sobre la política económica plantea una ofensiva frontal contra los trabajadores, y en ese sentido refuerza la extorsión por imponer una flexibilización de las condiciones de trabajo como condición previa a cualquier inversión. El programa fondomonetarista es asumido como el marco para quebrar una correlación de fuerzas contra el movimiento obrero.

No hay que perder de vista, con todo, que la corrida que llevó a Macri a pactar de urgencia con el Fondo fue precedida por la formidable rebelión obrera que enfrentó el robo a los jubilados de diciembre de 2017, y obligó a freezar la anunciada reforma laboral. Este nuevo pacto de entrega nacional, saludado como “positivo” por los representantes de todo un régimen político de saqueo que hunde al país en la pobreza, deberá toparse con las reservas de lucha que guardan los trabajadores y el movimiento popular en Argentina y América Latina. Es preciso combatirlo con un programa que apunte a quebrar el parasitismo capitalista, empezando por el repudio de la deuda externa y la nacionalización de la banca y el comercio exterior para invertir el ahorro nacional en el desarrollo del país.

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