En medio de una absoluta y mortal indiferencia popular está llegando a su término el juicio a los carapintadas que protagonizaron el levantamiento del 3 de diciembre. El fiscal Moreno Ocampo ha solicitado la condena a prisión perpetua para la inmensa mayoría de los acusados.

La indiferencia de la población (conmocionada por la magnitud del saqueo contra sus bolsillos o por la enormidad de los escándalos gubernamentales) ha hecho fracasar el intento oficial de aparecer ante la opinión pública como la “defensora de la democracia frente a los golpistas”. Las apelaciones del fiscal en esta dirección cayeron en el vacío.

El juicio, sin embargo, ha servido para demostrar el completo hundimiento político de los carapintadas y para reafirmar la enormidad de los lazos políticos y hasta personales que los unían al régimen político y a los hombres que hoy los condenan. A lo largo de todo el juicio, los “nacionales” fueron absolutamente incapaces de defender un proyecto político que fuera, no ya opuesto sino siquiera diferente, al del menemismo, ni tampoco de denunciar la entrega del país y el hambreamiento de las masas. Durante todo el juicio, la iniciativa política estuvo en manos de la acusación.

Los carapintadas fueron elevados a la categoría de “héroes” por la burguesía (¡Alfonsín!) cuando representaban la vanguardia de un planteo común a todos los explotadores: el fin de los juicios a los militares y la amnistía de todos los genocidas. Cuando estos reclamos se agotaron con el indulto, los “carapintadas” dejaron de tener cualquier función para el imperialismo. Este, por otra parte, y los capitalistas en general, no quieren hoy un ejército que reivindique un lugar especial en el Estado o en la historia, sino que se subordine a las “autoridades civiles” que emprenden las privatizaciones y la conversión de la deuda externa. Los planteos antimperialistas o nacionales nunca tuvieron en la fuerza armada una expresión consecuente (para decir lo menos), hoy esta posibilidad es aún menor dado el poco margen de maniobra que deja la explosividad de la crisis y de las contradicciones sociales.

Los carapintadas dispondrán ahora de tiempo para convencerse de que la fuerza armada no es una institución que esté por encima de las clases sociales, de que no puede superar las limitaciones de clase del régimen social que defiende y de que, por lo tanto, es absolutamente incapaz (como el conjunto de la burguesía argentina) de protagonizar un “renacimiento nacional”. Los carapintadas son la expresión más acabada del fracaso del nacionalismo de corte militar, fracaso anticipado por el del “populista” Perón y el del “liberal” Onganía.

Los carapintadas han sido derrotados (en realidad, el 3 de diciembre fue una “cama” tendida por los servicios) pero la crisis militar lejos de atenuarse se ha agudizado. En el Ejército se han producido relevos de jefes intermedios, “superados” (sic) por los reclamos salariales de sus subordinados. En la Armada fue destituido hace pocas semanas su segundo jefe, el vicealmirante Mazzarelli luego de declarar que la política menemista llevaba al país a un “estado de indefensión”. En la Fuerza Aérea, la más “leal” al régimen democratizante, está en curso una crisis política de fondo que puede descabezar a toda la cúpula aeronáutica y que, como no podía ser de otra manera en el régimen menemista, se desató por denuncias de corrupción y por el trabajo de infiltración de la embajada norteamericana.

La descomposición de las instituciones militares, en realidad, no obedece como creen los carapintadas al “socialdemocratismo” de Alfonsín o a la “traición” de Menem. Recientemente en Brasil se ha desatado una enorme crisis política entre el presidente y el Congreso cuyo detonante fueron los reclamos salariales de la oficialidad media y la suboficialidad.

Se trata, por lo tanto, de un fenómeno de alcances continentales, que refleja la descomposición misma del Estado. Para el imperialismo el Estado debe ser el vehículo de la exacción económica, con lo cual acelera la creación de situaciones revolucionarias. En este esquema, los ejércitos latinoamericanos deberían limitarse a la represión del tráfico de drogas que se mueve fuera del control y del monopolio de los bancos norteamericanos. El recorte de su capacidad militar (por la vía de la asfixia presupuestaria) está en función de esta “readaptación”.

No es de extrañar que el especialista militar de Cavallo, Rosendo Fraga, abogue por la privatización de las empresas del área de defensa (lo mismo ocurre en Brasil) y que un hombre de la banca y de la dictadura como Juan Alemann reclame la reducción de los efectivos en un 80% y la venta inmediata de la mayoría de sus inmuebles.

¡Las FFAA no pueden escapar a la “economía de mercado”! La institución armada —autoerigida en “reserva moral de la nación”—se doblega y capitula ante los intereses de la burguesía de carne y hueso.