Las revelaciones del ex capitán Scilingo y, recientemente, las de un ex sargento Ibáñez, obligaron a la jefatura del Ejército  a salir al ruedo, para hacer frente a una situación que estaba conmoviendo a la opinión pública. Los veinte años exactos que han pasado desde que comenzara en forma sistemática la política de eliminación física de todos quienes participaron en la lucha popular contra las dictaduras de Onganía, Lanusse y luego Videla y compañía, no han sido suficientes para borrar de la memoria colectiva el mayor asesinato masivo de opositores políticos que recuerde la sangrienta historia nacional.

La respuesta de Martín Balza, jefe del Estado mayor del ejército, un hombre que viene empeñándose desde hace tiempo en una campaña de relaciones públicas que pretende convertirlo en un democratizante, ha sido un verdadero parto de los montes, si se tiene en cuenta su vulgaridad intelectual y lo manifiesto de su maniobra. Porque lo que Balza plantea, en resumen, es que los denunciantes dejen de concurrir a los medios de comunicación y que le transmitan sus denuncias a él, para lo cual les “asegura… la reserva correspondiente y la difusión de las mismas, bajo mi exclusiva responsabilidad”.

Escamotear la verdad a la opinión pública y someter las denuncias al filtro del Estado mayor —ésta es la maniobra enunciada por Martín Balza.

La hipocresía del planteo se pone de manifiesto cuando el jefe del Ejército asegura que esa vía es la única que dispone para reconstruir las listas de las personas asesinadas en estado de indefensión y las circunstancias y características de esos crímenes. Ciertamente, por esta vía no va a ningún lado y, especialmente, escamotea el único camino que podría conducirlo a ese objetivo, que es el de ordenar el interrogatorio de todos los que participaron en la vasta operación criminal.

A quién responden las FF.AA.

El conjunto del planteo de Balza se reduce a una crítica a la instrumentación de la represión de los años 70-83, algo muy fácil de enunciar de modo genérico veinte años después de los acontecimientos. Pero Balza no denuncia el carácter de esa represión, es decir, que estuvo al servicio del reforzamiento del poder político de los capitanes de la industria y de la banca, de la oligarquía terrateniente y de la burguesía internacional. Obviando esta cuestión, Balza se permite hablar de la subestimación por parte de las FF.AA. de los “anti-cuerpos necesarios (de la sociedad) para combatir el flagelo (terrorista)”, cuando la falta o la insuficiencia de “anti-cuerpos” sociales en aquellos años tuvo que ver con la ausencia de  una auténtica dirección política de los explotados capaz de derrotar a los representantes políticos, militares, eclesiásticos y “culturales” de esos explotadores.

La represión criminal fue históricamente injusta en el fondo y en la forma, y este hecho sólo podrá ser superado por “la sociedad” cuando los trabajadores tomen el poder político.

Sólo un necio puede calificar como un “error” el golpe de estado, como si estos golpes fueran el resultado del juicio desafortunado de algunos protagonistas del momento. El golpe respondió a una necesidad político-social de la burguesía, la cual era aplastar las luchas populares que habían manifestado su potencialidad revolucionaria en las huelgas generales de junio y julio de 1975, y asegurar ese aplastamiento mediante una profunda mutilación del tejido organizativo y social de los trabajadores.

Cuando necesidades similares se presenten en el futuro, las fuerzas armadas volverán a actuar como lo hicieron, al servicio de los mismos intereses. Balza no responde, en definitiva, a la cuestión decisiva de quién financió el golpe, cuando ya es historia comprobada que lo hizo el FMI, el cual firmó un acuerdo con el ministro Martinez de Hoz apenas un mes después de producido el cuartelazo. Sin el respaldo de la burguesía nacional e internacional, los golpistas hubieran sido chupados como por una aspiradora. La misma burguesía que ofreció el marco económico del golpe es la que sustituyó a los golpistas, en 1982-3, por los políticos democratizantes. Las cuentas bancarias son, históricamente, más fieles que los charlatanes: el golpe del 76 fue precedido por una fuga de capitales y por un lock-out de todas las entidades empresariales, que tuvo lugar en febrero de ese año.  Con la victoria de los militares, se produjo el milagro del retorno de los fondos expatriados.

La inmundicia del centroizquierda

Los centroizquierdistas que respaldan a Bordón y a Solanas se sumaron con entusiasmo a la infame maniobra de Balza y en especial a su perfidia ideológica. Con ello pusieron de manifiesto su condición de asalariados de la burguesía y del imperialismo.

Para estos especímenes el asunto es valorar que Balza plantea actuar “desde el marco de la ley”, fingiendo ignorar que la interpretación más favorable que puede recibir este planteo es que la ley deberá adecuarse a los extremos represivos que sean reclamados por los explotadores y sus esbirros de acuerdo a las circunstancias. Los centroizquierdistas ven una democratización del militarismo en lo que sólo hay una militarización mayor aún del régimen democrático.

Los Fernández Meijide, los Aníbal Ibarra, los Alfredo Bravo, los Chacho Alvarez y los Solanas, hicieron sus carreras políticas comercializando el tema de los derechos humanos. Ahora que todos ellos se han diplomado y juegan un papel activo en el sostenimiento de este sistema, llegan a la conclusión de que el valor mercantil de esos derechos ha caído en su mercado de actuación y se pasan al campo de los victimarios. El objetivo final de esta maniobra es el gobierno de coalición, al cual apunta fatalmente un eventual gobierno de Bordón.

Juicio y castigo a Todos

La maniobra de Balza no dará resultados, por la simple razón de que ella misma es un producto del hundimiento de la tentativa menemista de dar estabilidad a la economía y política capitalistas. Pero esto mismo pone en evidencia que el genocidio perpetrado por la “justicialista” triple A y por las fuerzas armadas es un producto de su base y fundamento social: la burguesía. Es todo el régimen capitalista el que tiene que ir al banquillo de los acusados, no solamente sus instrumentos del momento. Precisamente porque los crímenes de aquella época tienen una profunda raíz social e histórica, los centroizquierdistas han sido superados por el reclamo del juicio y castigo y han capitulado vergonzosamente ante los verdugos de sus hijos.