Con la firma de los convenios de trabajo en los principales gremios industriales y el acuerdo en torno al Consejo del Salario, las burocracias lograron ir cerrando la “conflictividad laboral” de fines del año pasado, que tuvo como protagonistas a los telefónicos y Metrovías, y amenazaba con un vasto movimiento nacional reivindicativo.

Aun así, las burocracias no pudieron impedir el desarrollo de un movimiento huelguístico entre los estatales, municipales y docentes, como el que se está desplegando en estos días, y que podría extenderse aún más en varias provincias y municipios.

Este movimiento huelguístico de los estatales está socavando la pesada contención que durante estos tres años y medio fueron imponiendo las burocracias de Moyano y de De Gennaro. Esa contención explica que los estatales hayan recibido aumentos promedio del 17%, contra una inflación oficial del 63%. Estas burocracias realizaron la proeza de bajar una cuarta parte los ya deprimidos sueldos estatales, como contracara del superávit fiscal que necesita Kirchner para seguir pagando la deuda pública.

De Gennaro pensó que a cambio de esta cooperación en el congelamiento de los salarios estatales, la CTA recibiría el premio del reconocimiento de la personería gremial. Pero nuevamente el gobierno y las patronales dejaron en claro que siguen apostando al modelo sindical de la CGT y que solamente apelarían a un cambio de “modelo” como último recurso contra el vasto movimiento por la expulsión de la burocracia de los sindicatos.

Esta política de cooperación de Moyano y De Gennaro está siendo cuestionada entre los estatales, como ya sucedió con los paros docentes que tuvieron lugar al margen de la burocracia de la Ctera y que la obligaron a un paro nacional, para volver a negociar con Filmus y Kirchner. Ahora, los paros estatales podrían incrementarse porque para acordar en el Consejo del Salario se fijó un salario mínimo remunerativo de 630 pesos, suma que no gana la mayoría de los empleados públicos de las provincias. Por otra parte, comenzó a gestarse un por ahora incipiente movimiento entre los jubilados reclamando la actualización del haber mínimo y de las jubilaciones.

En los gremios industriales, “en general, esos convenios se firmaron con aumentos promedio anuales del 11 al 15%” (Clarín, 5/6), un porcentaje similar a las proyecciones de inflación. Con esos porcentajes, las patronales se aseguraron la continuidad de los deprimidos niveles salariales, embolsándose las grandes ganancias de productividad logradas en los últimos dos años y medio. A cambio de esto, las burocracias recibieron suculentos premios de las patronales, como “aportes empresarios al sindicato y/o a la obra social y también descuentos a los trabajadores afiliados o no al sindicato” (ídem) que van del 2 al 4% de los salarios.

Asistimos a una recomposición parcial y desigual del movimiento obrero motorizada por la reivindicación salarial. Su importancia va más allá del plano reivindicativo porque toda la política de Kirchner y Lavagna se sustenta en el deterioro de los salarios y las jubilaciones como base del superávit fiscal para el pago de la deuda y el sostenimiento del sistema bancario, que tiene el 55% de sus activos en bonos de la deuda pública.