El Ersep (que regula los servicios públicos) suspendió por 90 días la aplicación del nuevo cuadro tarifario acordado entre Aguas Cordobesas (Suez) y el gobierno de De la Sota, ratificado por la Legislatura.

 

La decisión fue tomada frente a la convocatoria a una marcha de rechazo al tarifazo por parte de las asambleas barriales y organizaciones de lucha.

 

El aumento en el cargo fijo llegaba hasta 18 pesos al cabo de seis meses, en tanto que la provisión libre bajaba a 10 m3 por propiedad, cuando estaba en los 30 m3. Con el argumento de ahorrar agua se fijaba un consumo mínimo de 83 litros diarios por persona, cuando la OMS recomienda para una ciudad como Córdoba (por su cultura, usos y costumbres) 380 litros diarios. De esta manera, los montos por mayor consumo permitirán a Aguas Cordobesas embolsar mucho más que el 49% de incremento de la facturación que se había acordado con el gobierno. Aunque una rezonifación de la ciudad determinaba tarifas superiores para los sectores de mayores ingresos, el aumento era generalizado, ajustando en este punto particularmente a los sectores de clase media. La resolución del Ersep plantea la revisión de la zonificación. 

 

Volvieron las asambleas populares

 

Los aumentos llegaron en forma dispar, primero a los usuarios con medidores. Cuando a éstos les llegaron las boletas con el aviso de que las facturas siguientes tendrían aumentos de hasta el 200%, se desató la rebelión. Rápidamente, se armaron las asambleas de vecinos en los barrios afectados, que votaron anular el tarifazo, echar a Aguas Cordobesas y estatizar la empresa. Las asambleas tenían lugar con cortes de calles y, en algunos casos (como la de Pueyrredón y General Paz), cortando un puente de acceso al centro de la ciudad. Con esas consignas, el miércoles 15 se hizo un escrache a Aguas Cordobesas y el jueves una asamblea de todas las organizaciones y asambleas en lucha, donde se decidió realizar una movilización conjunta para el jueves 23. Tres mil personas marcharon a Casa de Gobierno; la decisión del Ersep de postergar por 90 la aplicación del aumento descomprimió en parte la situación. 

 

Juez, el impostor

 

En las asambleas vecinales reapareció la consigna “Que se vayan todos” y el reclamo de echar a De la Sota junto con Aguas Cordobesas.

 

Juez creyó ver una oportunidad para él y dijo que iba a ponerse a la cabeza de la lucha por la anulación del tarifazo. Juez ha aumentado en un 50% el boleto del transporte urbano en dos años y le dio a Cliba (Roggio) un aumento de 73% por el servicio de recolección por residuos, servicio que, además, fue reducido a la mitad. La impostura de Juez duró hasta que las asambleas y los cortes de calle denunciaron el mal estado del transporte y rechazaron el aumento del cospel. En la marcha del 23 la ausencia del juecismo fue notoria; un puñado de militantes de Barrios de Pie se hizo presente para defender “la lucha de Kirchner contra las privatizadas” (¡!). El juecismo decidió ahora lanzar la recolección de firmas para rescindir el contrato, es decir que pretende terminar con las asambleas y las movilizaciones. 

 

Anular, controlar

 

Córdoba ha sido sacudida por aumentos en prácticamente todos los servicios, que hasta ahora habían sido frenados por subsidios del gobierno. Por otro lado, los salarios de docentes, empleados públicos, médicos y enfermeras están congelados. Nuestro partido se movilizará junto a todo el pueblo:

 

Por la anulación del tarifazo.

 

Por la estatización de Aguas Cordobesas, bajo control obrero.

 

Por la anulación del aumento del transporte (urbano e interurbano) y la electricidad.

 

Por un salario mínimo y móvil de 1.800 pesos.