El gobierno que protagoniza el mayor festival de negociados de la historia argentina; que ha entregado ENTel, Aerolíneas, YPF, las rutas y las autopistas a precios de remate y con el derecho a cobrar tarifas confiscatorias; y que se apresta a entregar Segba, Fabricaciones Militares y los Ferrocarriles, en operaciones secretas que no son puestas en consideración del parlamento, ha lanzado una ruidosa campaña contra la “corrupción”, que no tiene otro propósito que encubrir a los corrompidos, atacar a fondo a la legislación laboral y desconocer las deudas del Estado con los trabajadores.

Esto explica que ninguno de los millonarios negociados que tiene como protagonistas a los miembros más íntimos del entorno presidencial esté siendo investigado mientras que toda la “campaña moralizadora” oficial se centra en los juicios de los trabajadores a las empresas del Estado por incorrecta liquidación de sueldos e incumplimiento de los convenios colectivos.

Para lograr su propósito, el gobierno utiliza una técnica jurídico-policial denominada “amalgama”, que consiste en mezclar a algunos pocos culpables con los inocentes a los que se quiere condenar. Se busca equiparar el caso” de dos funcionarios (empleados en una empresa privada contratista de Ferrocarriles) que estafaron a la empresa estatal con la complicidad del sub-interventor, Fernando Frediani, con los miles de juicios de los trabajadores por salarios mal liquidados, incumplimiento de los convenios y accidentes laborales… y presentar a todos como “corruptos”. La inmoralidad de la “campaña moralizadora “no tiene límites.

“En medios forenses y sindicales se descuenta que la ruidosa campaña iniciada por Luis Barrionuevo no tendría otro fin que conseguir una suspensión total de los pagos por juicios laborales” (Página 12, 2/12). Lo mismo sucedería con los juicios que las provincias han iniciado por el pago de las regalías petroleras atrasadas. E incluso algo similar podría ocurrir con los pequeños proveedores del Estado, en tanto se paga suculentamente la deuda con los grandes contratistas (Siemens, Pescarmona, B. Roggio, Sade, Sideco, Impregilo, Cartellán) y con los bancos acreedores.

El gobierno pretende impedir al trabajador el acceso a los tribunales, para poder seguir liquidando los sueldos por debajo de las escalas de convenio y al margen de las cláusulas de las convenciones colectivas.

Con semejante saqueo, podrá continuar la “fiesta de subsidios” a la “patria capitalista” nacional y extranjera.

Liquidar la legislación laboral

El gobierno y las cámaras patronales apuntan aún más lejos, si cabe. El gran objetivo de la campaña contra “la industria de los juicios” es reformar (liquidar) la ley de accidentes de trabajo, “sindicada por algunos funcionarios como la responsable de todos los males”(ídem), y apretar al Congreso para la aprobación de la ley de empleo “entendida como una rebaja de los costos laborales ” (ídem).

Para las patronales, una y otra reforma están “íntimamente relacionadas” (La Nación, 7/12). El diario de los Mitre informó de una “reunión reservada” entre la UIA y la CGT San Martin en la que se acordó la reforma de la ley de accidentes.

La burguesía se presenta, en su interesada versión, como la “víctima” de “miles de juicios” por accidentes fraguados, cuando sólo en una obra, en Piedra del Águila, ha habido más de diez obreros muertos y centenares de heridos, en tanto que los trabajadores debieron recurrir a la movilización para que la patronal reconociera a la Comisión Obrera de Seguridad e Higiene. La pretensión de la burguesía de reformar la ley de accidentes es la evidencia de que se prepara a liquidar en masa las condiciones laborales.

Los capitalistas apuntan a liquidar toda la legislación laboral que protege al trabajador y que es el resultado de decenas de años de lucha. Por eso también “reclaman la reforma integral del sistema previsional… y la descentralización de las paritarias” (La Nación, 7/12). El programa de la burguesía y del gobierno menemista es convertir a los trabajadores en parias sin derechos.

Argentina está gobernada por una “cleptocracia”, es decir, por los ladrones, según la definición de uno de sus miembros, el presidente de la Asociación de bancos extranjeros (ABRA), Emilio Cárdenas. No serán ellos los que detendrán la corrupción y los negociados, inherente al régimen burocrático del Estado capitalista y a la ley del lucro privado y de la explotación del prójimo.