“Este tipo de hechos son muy difíciles de prevenir, porque no se trata de delitos comunes”, declaró Aníbal Fernández, ministro de Justicia (La Nación, 15/8).

“Me quieren matar”, había dicho, sin embargo, en enero de este año, Sebastián Forza, uno de los asesinados, cuando presentó una denuncia por amenazas en la comisaría de Villa Rosa, Pilar. Forza había sido amenazado en diciembre de 2007, y en enero y en febrero de 2008 (ídem). Según él mismo declaró, alguien que dijo llamarse Martín le advirtió por teléfono: “Esta vez te salvaste, la próxima no”.

El empresario tuvo custodia policial durante un par de semanas y, desde entonces, siempre andaba armado. No obstante, poco después apareció un cartelito pegado en el frente de una de sus farmacias: “De ésta no te salvás, para Semana Santa te vamos a matar” (Crítica, 14/8).

Como se ve, Fernández miente: en los últimos tiempos se han cometido pocos crímenes tan fáciles de prever como el que ahora anuncia una nueva crisis política.

Además, aunque se conocían esas amenazas -también se sabía que Forza estaba al borde del procesamiento en causas que involucraban a traficantes de medicamentos robados y/o adulterados, y que algo tendría que ver este hombre con la caída, en julio, de una banda de narcotraficantes mexicanos en Ingeniero Maschwitz- , la fiscal porteña que tomó la denuncia por el secuestro, la desestimó.

Ana María Yacobucci, el viernes 12, al día siguiente de la desaparición de los tres hombres, le dijo a la mujer de Forza, Solange Bellone, que tal vez los empresarios se habían ido “a pasar por ahí el fin de semana largo” y que, de todos modos, nada podría hacerse hasta el lunes (ese día, los tres fueron asesinados).

Por lo que parece, no sólo los asesinos querían muerto a Forza.

El poder de las sombras

“El narcotráfico financia a la política”, dijo Elisa Carrió. Ella sabrá de qué habla, pero en este caso las cosas fueron literalmente así y más aún.

Forza, ahora se sabe, estaba vinculado con la mafia que adultera medicamentos -sobre todo oncológicos y antihemofílicos-, y coloca en el mercado drogas vencidas o robadas por piratas del asfalto (delito que, se sabe, tiene detrás en casi todos los casos la mano policial).

¿Dónde ubicaba Forza esos medicamentos? Se los vendía en buena parte a los programas oficiales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que gasta 170 millones de pesos anuales sólo en drogas contra el VIH. Este hombre era proveedor, entre otros, del Hospital Francés cuando el patotero Salvatierra era su intervertor.

Forza había declarado tiempo atrás : “Hay un fraude descomunal con medicamentos para hemofílicos, especialmente uno llamado Novoseven… Son medicamentos carísimos, que encima son sobrefacturados por los mismos laboratorios… Hay que investigar a un tal Javier Gauna, gerente de laboratorios Novo Nordisk” (en Urgente24.com, 16/8).

“Grandes negociados se han hecho en la Delegación 6ª del Pami, en Mitre y Junín” (ídem).
“Un fraude interesante se ha dado entre el Ministerio de Salud y Laboratorios Abbot en la provisión de remedios contra el sida. Muchos de esos remedios eran revendidos, a sabiendas de los funcionarios” (ídem).

Parece evidente que, en un intento casi desesperado por salvar su vida, Forza había decidido hacer pública su situación, por lo menos en parte. No le sirvió.

Además de sus negociados delictuosos con el Estado, o precisamente por eso, Forza aportó 200 mil pesos a la campaña de Cristina Kirchner, con cuatro cheques de 50 mil pesos cada uno.

No fue el único. El 26 por ciento de los aportes a la campaña electoral del Frente para la Victoria llegaron de los laboratorios medicinales y del área de la salud privada, recolectados en su mayoría por Héctor Capaccioli, titular de la Superintendencia del Seguro de la Salud y miembro del comité de campaña de la actual Presidenta. Capaccioli pertenece al clan del ex jefe de gabinete Alberto Fernández y fue instigador del ataque perpetrado por una patota suya a los trabajadores del Hospital Francés. Antes de las elecciones de octubre del año pasado, Forza, con otros 300 empresarios, estuvo en una cena organizada por Capaccioli para recaudar dinero.

Forza, además, era socio de Rubén Romano, investigado y procesado en una causa por sobreprecios en medicamentos vendidos al Pami. Romano, ex ordenanza de Encontel, devino en millonario después de conocer al sindicalista Luis Barrionuevo.

Pero hay más, mucho más. Para ser proveedor del Estado, Forza presentó avales de la Obra Social del Personal de la Sanidad, de Trabajadores de la Carne, de la UOM, de la mutual de empleados bancarios, de varias prepagas de renombre, de farmacias y droguerías como Urbana SA.

El régimen político está metido hasta las manos en este crimen mafioso.

De dónde llegan las balas

El asesinato de Forza y sus amigos o socios (Leopoldo Bina y Damián Ferrón) está firmado por la mafia del narcotráfico. Hasta se usó el mismo tipo de arma (calibre 40, muy raro en la Argentina) empleado para asesinar a traficantes colombianos en el Unicenter de Martínez, en el Gran Buenos Aires.

Todo indica que la estafa con medicamentos adulterados, robados o vencidos tiene sus ramificaciones con el narcotráfico. En este caso, con la comercialización de efedrina, que cuesta 2.500 dólares por kilo en la Argentina y hasta 14 mil en México, porque aquí es legal y allá no. Historias de traiciones, delaciones y mejicaneadas (los narcos apresados en julio en Ingeniero Maschwitz) terminaron con esos cadáveres en General Rodríguez y con un “suicidio” en Boedo.

La Argentina se ha convertido en teatro de operaciones de carteles mexicanos y colombianos de la droga, todo lo cual, según Carlos Stornelli, no constituye un “problema de seguridad”, aparentemente porque los narcos no se dedican a raterías callejeras.

Por supuesto, el ministro bonaerense de Seguridad falta a la verdad. Como dice el periodista Ricardo Ragendorfer, si en el caso de la piratería del asfalto o de los desarmaderos de autos robados, por ejemplo, los delincuentes trabajan para la policía, con el narcotráfico sucede a la inversa: la policía trabaja para los narcos, lo mismo que “la política”.