“En un hecho casi sin precedentes, el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, denunció que sospecha que policías bonaerenses retirados o exonerados habrían reclutado a menores para que asesinen a la arquitecta Renata Toscano, a la maestra Sandra Almirón y a la bioquímica Ana María Castro” (La Nación, 16/12).

Como se sabe, esas tres mujeres fueron asesinadas en un período de tres semanas a partir del 17 de noviembre, supuestamente por ladrones que intentaban robarles sus automóviles.

Profesionales de vínculos sociales extendidos, sus muertes promovieron movilizaciones vecinales importantes contra la inseguridad y por una “mayor presencia policial”. Daniel Scioli obtuvo respaldo para impulsar su nuevo Código de Contravenciones, que da a la policía el completo control de la calle. Ahora resulta que las asesinadas, según el ministro, habrían sido víctimas de esa misma policía.

“Gravedad institucional inusitada”

El fiscal platense en quien recayó la denuncia de Stornelli, Marcelo Romero, declaró: “De comprobarse estos hechos, tendrían una gravedad institucional inusitada. La denuncia es gravísima” (Télam, 15/12). El juez Luis Arias, de La Plata, había denunciado en octubre que la Bonaerense recluta menores para delinquir y que las averiguaciones de antecedentes funcionan a modo de oficinas de reclutamiento. Stornelli, respaldado por Scioli, hizo una defensa encendida de la institución policial y hasta acusó a Arias por “omisión de denuncia”, cargo que ahora cae sobre él mismo. Empero, no es ése el aspecto más importante de la cuestión. “Yo había señalado que la policía no era parte de la solución sino del problema, del reclutamiento directo o indirecto de menores para delinquir. La policía ha estado involucrada en los delitos más importantes. Hay una complicidad con las personas que entregan armas y drogas a los chicos…”, insiste ahora el juez Arias (Página/12, 16/12).

Empezó el tembladeral

Stornelli atribuye las acciones criminosas de la policía al disgusto que habrían producido los cambios introducidos por su ministerio en la Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor.

Desde que la Bonaerense asesinó a José Luis Cabezas y con ese crimen condenó el proyecto presidencial de Eduardo Duhalde, se conoce públicamente que esa policía está fuera de todo control. En cuanto cualquier medida gubernamental le afecta una caja, “pudren la calle”, dicho en la jerga lumpen-policial que ellos mismos emplean. En este caso, la caja parcialmente afectada fue la de los desarmaderos de autos robados, uno de los negocios más rendidores de esa gran organización mafiosa que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Que se vayan

Stornelli, aún en su denuncia, encubre el grueso del problema. En su escrito judicial, el ministro no da nombres, pero al día siguiente fue relevado el comisario Marcelo Ricardo Andrade, hasta entonces director departamental de Investigaciones de Mercedes y ex titular de Propiedad Automotor. Hace apenas unos días, Stornelli y el jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, habían encubierto a Andrade con un prudente traslado: el 30 de noviembre, cuando ya se habían cometido dos de los tres crímenes en cuestión, lo sacaron sigilosamente de Propiedad Automotor y lo enviaron a Mercedes, para guardarlo un tiempo. No pudo ser. En su denuncia, Stornelli no da nombres, pero la caída de Andrade muestra una punta del ovillo.

Ahora, antes que a un comisario, Paggi intenta encubrir a la fuerza toda. El jefe policial declaró que Stornelli “consideró que lo mejor era poner la denuncia en el ámbito de la Justicia, para que se arroje claridad y se determine si hay responsabilidades individuales, y de ningún modo toda la policía quede involucrada en este tipo de cuestiones” (Página/12, 16/12).

Llega tarde. Paggi intenta echar lastre para que la institución no se hunda, pero la Bonaerense tiene la mierda hasta el cuello. La denuncia de Stornelli no agrega nada a lo que ya se sabía, pero la magnitud de la crisis está dada por la confesión de impotencia de un ministro ante la mafia policial que él mismo ampara y encubre. Ni hablar del gobernador, que Código de Contravenciones mediante, se propone instaurar en la calle la dictadura policial de esa misma institución mafiosa.