30/10/1998 | 606

Los crimenes de un presidente no son delito

Para un país que es la cuna del estado de derecho («common law»), no está nada mal. Según la corte más alta de Inglaterra, Pinochet no es imputable fuera de su país por los crímenes que hubiera cometido en su calidad de presidente de la nación, incluso si fueron de lesa humanidad, salvo que fuera enjuiciado por una corte internacional. El fallo legitima de paso el golpe de Estado.


La lógica de los jueces es impecable. Si Pinochet fue promovido al poder por la comunidad internacional de los Estados y fue reconocido por todos sus gobiernos, incluido el de Mao Tse-tung, admitir su culpabilidad equivale a convertir a todos los otros gobiernos en sus cómplices. Margaret Thatcher debería ser condenada, en tal caso, no solamente por matar a sangre fría a 600 marinos argentinos sino por haber reconocido y apoyado internacionalmente a la dictadura criminal chilena.


Los ilusionistas del estado de derecho han sufrido un duro revés, pero de seguro persistirán, porque cualquier cosa para ellos es mejor que un gobierno de trabajadores. Además, siempre habrá un juez español que alimente sus fantasías aunque todavía no haya encarcelado a Al Kassar, que reside en Marbella.


Pero la impunidad para el genocida no transita solamente por las húmedas calles de Londres. En Chile, está en marcha un nuevo pacto, por el cual la derecha admitiría que Pinochet dé un paso al costado (¡ahora!), a cambio de una reformulación constitucional de los derechos humanos para el futuro. Como ocurrió en Argentina con la derogación ‘trucha’, en marzo pasado, de la obediencia debida y el punto final.


Con la firma del pacto chileno y el compromiso de acelerar los pasos de una Corte Penal en el plano internacional, quedaría cerrado el paquete político que permitirá que el genocida y sus secuaces alberguen la posibilidad de morirse un día en sus camas.

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