La creación de puestos de trabajo de la cual se jacta el gobierno está basada en la informalidad laboral. Finalmente, el “rebote económico” pospandemia fue aprovechado por los capitalistas para imponer una mayor explotación de la mano de obra.

El informe del Indec sobre “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra”, correspondiente al cuarto trimestre 2022, da cuenta de esta realidad. Mientras la variación interanual de los puestos de trabajo registrados fue del 3,3%, la de los no registrados alcanzó el 12,9%.

Como vemos, creció en mayor medida el empleo carente de aportes a la seguridad social, ART, aguinaldo y derecho a licencias y vacaciones pagas. A su vez, los salarios son más bajos en ese ámbito, conformando una de las razones por las cuales aumenta la pobreza en Argentina. Se trata de un fraude laboral amparado por el gobierno y las burocracias sindicales.

Cabe destacar que ni las patronales ni el Estado generan trabajo genuino acorde a las necesidades sociales. Por el contrario, prima la desinversión empresarial, y, a su vez, el ajuste fondomonetarista del gobierno abarca la obra pública, impidiendo desarrollar planes de vivienda y urbanización que empleen mano de obra desocupada. Ahora bien, mientras el oficialismo mina el horizonte laboral de los trabajadores, recorta planes sociales para complacer al FMI, dejando sin ingreso a la población más vulnerable.

Esta extensión del empleo no registrado es en definitiva la aplicación de la reforma laboral en los hechos. No obstante, la clase capitalista busca ir más afondo y barrer directamente con los derechos de los trabajadores formales, equiparando sus condiciones de trabajo con los del sector informal. La derecha acoge esa demanda bregando por una ley que flexibilice el conjunto de los convenios colectivos y así lo vienen expresando frente al círculo rojo, reunido en el Foro Llao Llao. Pero actualmente es el propio gobierno el que canaliza esas aspiraciones, bajo la modalidad de reformas por ramas en acuerdo con la burocracia sindical, como ocurrió en Toyota.

Es evidente que este incremento del trabajo informal no se tradujo en mayores niveles de inversión. Lo anterior desmiente el discuroso patronal, que adjudica la huelga de inversiones al supuestamente elevado costo laboral. Salta a la vista que es solamente un pretexto para reclamar la reforma flexibilizara mencionada anteriormente, en función de recomponer la tasa de ganancia de los capitalistas.

Frente a esa ofensiva, es necesario defender los convenios colectivos de trabajo y organizarnos para no seguir pagando la factura de la crisis.

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