Los datos oficiales confirman que las prestaciones sociales que se actualizan mediante la fórmula de la movilidad perdieron poder de compra frente a la escalada inflacionaria. Nos referimos a las jubilaciones y pensiones, a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam). Estos aumentos por debajo del la inflación han constituido un aspecto central de la política ajustadora del gobierno, en aras de arribar a un acuerdo con el FMI. Una confiscación que se acumula a lo largo del tiempo, a fin de cumplir con las metas fiscales impuestas por el organismo.

Así lo indica un informe publicado por el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia de la Nación, que analiza la evolución de dichas prestaciones sin los bonos extraordinarios. En primer lugar, de la investigación se desprende que las partidas destinadas al pago de AUH y AUE perdieron 6,2% contra la inflación entre septiembre 2020 y septiembre 2021. A su vez, el monto percibido por esas asignaciones cayó un 0,2% real interanual en septiembre 2021.

La Puam (equivalente al 80% de la jubilación mínima), por su parte, también disminuyó su poder de compra en ese período, en un 6,2% en términos reales. Mientras en septiembre 2020 llegaba a cubrir el 151,2% de la Canasta Básica Alimentaria contemplada para una pareja de adultos mayores, al cabo de un año alcanzaba para solventar el 134,6% de la misma. La jubilación mínima, a su turno, tuvo una pérdida del 0,7% en su poder adquisitivo entre febrero 2021 y febrero 2022.

Sucede que la nueva fórmula de movilidad, sancionada bajo el gobierno actual, divorcia los haberes del índice de precios, consagrando una pérdida permanente del poder de compra de los haberes previsionales. Algo que de ninguna manera es revertido a través de los bonos extraordinarios, ya que, por un lado, su otorgamiento es esporádico y está supeditado a la voluntad del Ejecutivo, y, además, son sumas que no se incorporan al cálculo de futuros aumentos, perpetuando la confiscación.

A tal punto, que en el primer cuatrimestre la inflación acumulada llegó al 23,1%, mientras que la suba de las prestaciones que se actualizan mediante la fórmula de movilidad fue del 12,28%. Luego, con el aumento del 15% en junio, el monto de la jubilación mínima queda en $37.524,96, por debajo de la línea de indigencia. En contraste, la Canasta Básica de Alimentos que mide el Isepci, a partir de relevar los comercios de cercanía del conurbano bonaerense, escaló un 36,87% en los primeros cinco meses del año y se ubicó en mayo en los $43.592.

En un año donde la proyección inflacionaria asciende al 70%, los aumentos desindexados prometen hundir en la miseria a nuevas capas de jubilados y pensionados. Como vemos, los ingresos de los trabajadores jubilados que aportaron toda su vida son el flanco de ataque preferido del programa del FMI, cuyo objetivo es quitarle a los haberes previsionales todo carácter de salario diferido, convirtiéndolos en mera pensiones a la vejez.

Por lo tanto, la urgencia de un paro nacional y un plan de lucha también está vinculada a la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, pelear por el 82% móvil, por haberes equivalentes a la canasta de la tercera edad y por la reposición de los aportes patronales y el pase a planta de los trabajadores en negro para revertir el vaciamiento de las cajas previsionales.

 

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