Las estadísticas oficiales coinciden en que en el 2022 los salarios de los trabajadores perdieron contra la inflación. Esto, como resultado de la extensión del trabajo informal, donde se pagan los peores sueldos, y las paritarias a la baja en el sector registrado, obra de la alianza antiobrera conformada por las patronales, la burocracia sindical y el gobierno.

Según los datos del Indec, en noviembre 2022 el índice salarial del sector privado registrado se hallaba 4,4 puntos por debajo de la inflación, en términos interanuales. Por su parte, la evolución salarial del sector público, entre noviembre 2021 y noviembre 2022, quedó 4,6 puntos por detrás de la inflación. Ahora bien, los trabajadores del sector privado no registrado se llevaron la peor parte, con una variación salarial 18,3 puntos inferior a la inflación de ese período. Respecto al acumulado de esos once meses, el índice salarial quedó 4,5 puntos por debajo de la inflación, y 20,8 puntos abajo particularmente en el sector informal.

En ese sentido, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), entre enero 2018 y noviembre 2022,  los trabajadores formales del ámbito privado perdieron el equivalente a 8,1 sueldos, los estatales perdieron el equivalente a 10 sueldos, y, en el caso de los no registrados, la pérdida equivalió a 13,3 sueldos.

Por otro lado, el informe de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que realiza el Ministerio de Trabajo, arroja que la variación del promedio salarial del sector privado durante el 2022 fue 2,8 puntos inferior a la inflación anual. Incluso, dicho promedio se ubicó en diciembre en los $194.175,11, cuando la Canasta de Consumos Mínimos (para una familia tipo) que miden los técnicos del Indec llegó a los $238.680; la misma se diferencia de la Canasta Básica Total porque incluye “otros consumos que involucran el disfrute del ocio así como otros servicios esenciales considerados parte del salario según lo dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la FAO” (Tiempo Argentino, 24/01).

Finalmente, que el promedio salarial de los trabajadores formales esté tan lejos del costo de vida de una familia refleja el derrumbe generalizado de los ingresos de la población trabajadora. Lo cierto es que las paritarias a la baja -y las reaperturas cuando la inflación ya se había devorado los salarios- fueron la norma, con el concurso de la burocracia sindical y el gobierno a través de las mediaciones del Ministerio de Trabajo. Un pacto propatronal que seguirá su curso, teniendo en cuenta el compromiso asumido por Sergio Massa, junto a la CGT, de imponer un tope salarial del 60% en 2023, muy por detrás de la inflación proyectada, lo cual se topará sin dudas con la resistencia que opongan las bases frente a tamaña confiscación. Los aumentos del salario real conquistados por el Sutna, los residentes de CABA y los municipales de Jesús María revelan la importancia de organizarse de manera independiente a los gobiernos, los capitalistas y las burocracias sindicales, para pelear sin ataduras por las reivindicaciones obreras.

A todo esto, el salario mínimo, fijado a espaldas de los trabajadores por el gobierno, las cámaras empresarias y las conducciones de las centrales obreras, se encuentra hoy en $67.743, rozando la línea de indigencia de diciembre, situada en $67.187, y muy alejada de la línea de pobreza de dicho mes, calculada en $152.515. Ni hablar de la brecha que existe entre el salario mínimo y la Canasta de Consumos Mínimos mencionada anteriormente.

Mientras destruye el poder adquisitivo de los trabajadores, el oficialismo, acompañado de sectores de la burocracia sindical como la dirección de Camioneros y de las organizaciones sociales integradas al Estado, pretende montar una cortina de humo con el relanzamiento del programa Precios Justos, en el que predomina el incumplimiento. Este tipo de políticas, infructuosas a la hora de contener la inflación, apuntan a seguir manteniendo a raya los salarios, mientras los precios continúan subiendo, estimulados también por la decisión gubernamental de avanzar en aumentos en los servicios y en los combustibles.

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda abocamos nuestros esfuerzos a contribuir en una intervención decidida de los trabajadores en la crisis, por un sueldo inicial equivalente a $240 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. Necesitamos un paro nacional y un plan de lucha ya.