El megadecretazo de enero, que hemos criticado en otros artículos, disminuye también las penas a los Puertos Privados (sospechados de ser nidos de contrabando y de tráfico de drogas) en caso de incumplimientos. En lugar del cese temporal o definitivo que marca la legislación actual, se les podrá aplicar una multa, para que no se perjudique su ‘actividad’. Por otro lado, se ‘flexibilizan’ las normas que obligan a priorizar el transporte con buques de bandera nacional.

No es casual que en la misma sesión de la Bicameral de Trámite Legislativo, que dictaminó la validez de dicho DNU, estuviera pautado el tratamiento de otro decreto (que quedó finalmente postergado para una próxima reunión), por el cual el Poder Ejecutivo vetó dos artículos considerados fundamentales de la Ley de Promoción de la Industria Naval Nacional, por los que se aprobó un Fondo de Promoción no menor a $ 1.500 millones por año, actualizado por los índices del Indec.

Pablo López, diputado del Partido Obrero de Salta, tuvo en oportunidad de la discusión de aquella ley un debate con una representación de los trabajadores del Astillero Rio Santiago que se había presentado en el Congreso para presionar por la aprobación de la iniciativa. Pensaban que una parte de ese Fondo se iba a “derramar” para la reactivación de su fuente de trabajo. Nosotros, en cambio, presentamos un proyecto alternativo donde pedíamos fondos directos para la reactivación del astillero, bajo control de sus trabajadores.

Al mismo tiempo, rechazábamos el proyecto consensuado entre oficialistas y opositores K y PJ, esto por las cláusulas de reforma laboral antiobrera que se introducían (reducción de aportes patronales a la previsión social, pasantías para jóvenes, etc.) y de disminución del impuesto a las ganancias para las patronales. Les dijimos en ese momento a los trabajadores que no se dejaran engañar, que si buscaban más presupuesto para el astillero había que sacar una ley que planteara eso, en lugar de fondos genéricos que quién sabe cómo se administran y adonde van.

Efectivamente, Macri vetó ahora los fondos, ¡pero dejó en pie las medidas antiobreras que planteaba el proyecto aprobado!

Es interesante señalar que el Poder Ejecutivo, en los fundamentos de su veto, dice que el Congreso no está autorizado para decidir mantener “un régimen de promoción”, que esto es “una indebida injerencia en las facultades propias del PEN”. ¿El Ejecutivo fija el destino de los presupuestos de Estado?

 

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