Dentro de las consignas centrales de la movilización fue excluida cualquier consigna alusiva a la exigencia de justicia por la masacre de Cromañón. Los que encabezaron el rechazo fueron un grupo de organismos de derechos humanos, que ejercieron un poder de veto, sin importarle que son una clara minoría. Cosas de demócratas.

 

Este grupo de ‘organismos’ se opuso al planteo de castigo a los responsables políticos de la masacre de Cromañón y rechazó incluso la consigna de “justicia para los pibes de Cromañón”, o sea que no vaciló en ponerse en el campo de la defensa de la impunidad y el encubrimiento. Pérez Esquivel dedica sus esfuerzos a que la Constituyente tucumana consagra dos piadosas líneas sobre el derecho originario de los aborígenes.

 

No alcanza con destacar el contrasentido que representa que los defensores de derechos humanos se nieguen a exigir justicia por las víctimas de una masacre, incluso después que los responsables políticos de ella fueran destituidos por las sacrosantas instituciones establecidas por la Constitución, e incluso después que sus cómplices declaren que están obligados a gobernar sobre “las ruinas de Cromañón”. Cuando se llega a semejante extremo hay que concluir, so pena de complicidad, que han dejado de representar cualquier causa popular para convertirse en apéndices del aparato del Estado.