Los discapacitados hacen propio el proyecto del PO y se movilizan por él

Los "progres" porteños, filósofos de la "exclusión", hicieron una Constitución para violarla. Los discapacitados son una de las víctimas más extremas de esta inconducta.

Fueron a la Legislatura para intervenir en el tratamiento de cuatro proyectos que abordan el problema laboral de los discapacitados. Uno de ellos es el proyecto del PO, presentado hace casi un año por Jorge Altamira, elaborado en estrecha colaboración con los organismos de discapacitados.

Una de sus líderes, abogada en la Defensoría del Pueblo, explicó ante la Comisión que el resto de los proyectos eran meros pedidos de informes o sobre creación de una "oficina fiscalizadora", o de un "registro de discapacitados", o sobre "cursos de capacitación" (que "estamos cansados de hacer", según señaló).

Defendió el proyecto del PO, porque establece directamente el cumplimiento del artículo 43 de la Constitución que fija el cupo del 5% como mínimo de trabajadores discapacitados; porque establece un plazo de 120 días para cumplirlo y 90 días para llamar a concurso; porque establece el castigo penal (Art. 248) por incumplimiento de los deberes de funcionario público en cada una de sus áreas; porque extiende el cumplimiento del cupo a las empresas privadas concesionarias del Estado y establece el corte automático de la concesión si el cupo no es cumplido.

Las organizaciones lo defienden, además, porque en su artículo 2º dispone el cupo para la planta permanente, la transitoria y los contratados, que son 10.000 en la ciudad. La diputada aliancista Vilma Ibarra, jefa de la Comisión de Presupuesto, no se privó de defender el "congelamiento" de todas las plantas. Al mismo tiempo, junto a Enrique Rodríguez, el ex-ministro menemista, rechazaba el régimen de contratos, porque "no está previsto en la Ley de Empleo" que ellos mismos cocinaron.

No se les escapó tampoco a los compañeros que el proyecto dispone taxativamente que los medios técnicos, edilicios y las herramientas necesarias queden a cargo del Estado y de las empresas contratistas aún cuando el trabajo sea domiciliario.

Los dirigentes discapacitados rescataron también del proyecto la creación de una comisión formada por un representante de cada bloque, de dos dirigentes de las organizaciones de discapacitados, de un representante de la Defensoría y de dos dirigentes de los sindicatos actuantes que fiscalice su ejecución.

El proyecto plantea el registro general de todos los discapacitados y la asignación de un seguro de 500 pesos para todos los concursantes que quedaran sin asignación de cargos por falta de vacantes. Los dirigentes denunciaron que el ¡¡95%!! de ellos están sin trabajo. El proyecto, de transformarse en ley, asesta un golpe a la desocupación y abre el camino a la reivindicación de un verdadero subsidio al desocupado en la ciudad.